Jorge Falen / El Comercio
Cerca de 350.000 maestros en todo el país celebran hoy su día; en muchos colegios no habrá clases como una forma de homenaje a los docentes. Este año hay algunos motivos para celebrar. Desde la perspectiva del sector público, los logros han dado pie a que el hoy ministro Jaime Saavedra permanezca en el cargo durante el próximo gobierno.
Especialistas consultados concuerdan en que el principal aporte de la gestión de Saavedra es haber puesto a la educación en el centro de la agenda pública, así como haber implementado eficientemente medidas como la reforma magisterial. “[Saavedra] ha convencido al país de que la educación necesita una inversión sostenida de recursos”, opina César Guadalupe, especialista del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Esta opinión es compartida por Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos, quien agrega la revalorización del rol docente en la educación. “La gestión de Saavedra (como la de su predecesora Patricia Salas) buscó cambios estructurales, como colocar al maestro en el centro de la discusión del sistema educativo”, dice.
Si bien la actual gestión tiene méritos propios, parte de su éxito radica también en haber continuado (o retomado) las políticas dejadas por las gestiones anteriores. Idel Vexler, ex viceministro de Educación durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, señala: “Saavedra puso en marcha las mismas medidas que Humala había desactivado al inicio de su gobierno”.
El avance estuvo acompañado de medidas concretas. Entre los principales logros de la gestión de Saavedra, figura el incremento sostenido del gasto público en el sector, que hoy bordea el 3,8% del PBI –alrededor de 1,2 puntos porcentuales por encima de lo registrado cinco años atrás–. La meta propuesta por el ministerio es que llegue al 6% del PBI para el 2021.
Este avance en la inversión estuvo acompañado de políticas específicas, como la implementación de la jornada escolar completa, la introducción de la meritocracia en la carrera magisterial y la modernización de la gestión educativa a partir de una mayor capacitación a los directores.
—Libreta de notas—
¿Estamos viviendo una revolución educativa en el país? Todavía no. La gestión actual ha conseguido avances importantes; sin embargo, aún no se atacan falencias estructurales, como la formación inicial de los docentes o la reducción de la brecha de desigualdad. “Una verdadera revolución pasa por quebrar los mecanismos que han condenado al sistema a la mediocridad, como la mala formación de los maestros o que la carrera docente no sea a tiempo completo”, opina Guadalupe.
Según Cuenca, la reducción de la desigualdad educativa implica una redistribución del presupuesto hacia las zonas que más lo requieren, así como la adopción de políticas específicas, como la articulación de incentivos para que los mejores profesores se desplacen a los lugares más alejados. “La ley contempla compensaciones monetarias; pero no es suficiente. Tiene que permitirse la rotación del personal”, agrega Guadalupe.
—Ley Universitaria: la polémica persiste—
Una de las principales medidas adoptadas por la gestión encabezada por Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación fue la aprobación de la Ley Universitaria.
A casi dos años de su promulgación, tanto las razones de su formulación como los beneficios que ofrece la norma todavía siguen en debate.
Óscar Sumar, profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico, afirma que su formulación e implementación son negativas para el desarrollo del mercado de educación superior. “La principal razón de su implementación se basa en un problema de asimetría de la información, pero no hay información completa en ningún mercado”, comenta.
El especialista sostiene que la imposición de estándares impide la innovación y la competencia. “Medidas tomadas, como que las personas mayores a 70 años no puedan dictar clases, no tienen sustento. Bajo esa lógica, el presidente electo no podría enseñar en una universidad local”, dice.
José Dextre, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), sostiene que la ley debe perfeccionarse tanto en aspectos técnicos como sociopolíticos. Propone consolidar la independencia de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
“Actualmente es el ministerio el que lanza la convocatoria y elige al consejo directivo, mientras que el superintendente es designado directamente por el ministro”, concluye.
Actualmente 29 universidades, de un total de 140 (públicas y privadas), han seguido el proceso para obtener su licenciamiento de acuerdo a la Ley Universitaria aprobada en julio del 2014.
Fuente: El Comercio / Lima, 06 de julio de 2016
