Era un hecho de que en país se investigaba poco antes de la Ley Universitaria del año 2014; pero, muy probablemente, quienes se abocaban a estas tareas lo hacían más motivados intrínsecamente. Una forma de opción personal por aportar al conocimiento en un determinado campo temático y con una convicción auténtica (en la gran mayoría de los casos) por aportar al país.
Pero ahora, se investiga mucho más y aquellas universidades que antes tenían no más de 5 artículos por año en promedio ahora pueden exhibir 100 o 200 en las bases Scopus y en Web of Science. Paradójicamente, buena parte de estas organizaciones que dieron estos saltos espectaculares, no han mejorado en su reputación, prestigio y valoración académica por parte de sus pares. Es más, algunas están expuestas al escrutinio público a la luz de sus serios problemas en la calidad del servicio educativo que brindan. Por lo tanto, investigar más (cuantitativamente hablando) no significa que una universidad sea mejor que otra, ni mucho menos, que haga contribuciones trascendentales al conocimiento.
Sé muy bien que este tema podría llegar a ser incómodo y he tenido muchas polémicas cuando fui rector y pude participar de eventos, conversatorios y debates a propósito de los planes regionales de ciencia y tecnología y en el marco de la actual Ley Universitaria. En este contexto, siempre me llamaba la atención de que gran parte de las personas que tomaban decisiones en materia de ciencia y tecnología tenían tres perfiles muy marcados (y con sus respectivas combinaciones): 1) bien intencionados, pero poco versados en las dinámicas universitarias y científicas; 2) investigadores, más orientados a las ingenierías, las ciencias naturales y las tecnologías pero carentes de formación epistemológica que les permita librarse de la dominancia disciplinar (ver todo con los ojos de la disciplina o la profesión de origen); y, 3) utilitaristas – economicistas con un abierto desprecio por las ciencias de la educación, las ciencias sociales, la filosofía y las humanidades en general, etc.
A manera de anécdota, me gustaría comentar que tuve una participación activa en la elaboración de algunos Planes Regionales de Ciencia y Tecnología. Y, en este marco, era común escuchar expresiones como las siguientes: “la investigación científica debe de resolver los problemas de la región”, “las ciencias sociales no aportan nada y no son relevantes” o “la ciencia debe aportar a ser competitivos industrial y empresarialmente”. Esto mismo lo encontré en otras comisiones y mesas de trabajo de similar naturaleza en el Perú y otros países de la Latinoamérica. Ante esto, y como se podrían imaginar, al expresar de manera calmada y respetuosa mi parecer, algunas veces me ignoraban, otras me daban las gracias y en dos o tres ocasiones me expulsaron de las salas por “pensar en contra del desarrollo local”. No obstante, en la mitad de las veces no me volvían a invitar.
Este era escenario que caracterizaba a los años anteriores a la Ley Universitaria en diversos espacios dentro y fuera de las universidades. Recordemos, también, que desde el año 1996 se crearon decenas de universidades con ánimo de lucro en amparo del Decreto Legislativo 882 (Ley de Promoción de la Inversión en la Educación); y en donde a muchas de ellas la SUNEDU les denegó la licencia por no cumplir con las más elementales condiciones de calidad. Aquí, es preciso señalar, que la CONAFU otorgó licencias a proyectos universitarios que jamás merecieron una licencia provisional universidades que no lo merecieron.
Pero, gran parte de los problemas que tenemos ahora en cuanto a la investigación (a pesar de que se evidencia ahora artículos científicos a granel) parten de la propia Ley Universitaria del año 2014; la misma que promovió una serie de distorsiones que se proyectaron rápidamente en buena parte de nuestras universidades.
Todo lo anterior, que nos remite a distorsiones que parten de la propia Ley y que se proyectaron en la vida de muchas universidades (algunas ya tenían estos impases desde antes) y que las resumo en las siguientes: 1) confusión entre ciencia, técnica y tecnología; se cree que la ciencia debe resolver problemas prácticos y si no es útil no vale; 2) economicismo y jerarquización de las ciencias; se valora así a aquellas ciencias y disciplinas que aportan más al aparato productivo y se las ordena de mayor a menor importancia (lo cual constituye uno de los más peligrosos reduccionismos); 3) creer que toda investigación debe generar retornos al más estilo de la ingeniería; lo cual se expresa aún en formatos gubernamentales (no contextualizados) de concursos o esquemas para inscribir proyectos; 4) estimar que los investigadores deben realizar trabajos solamente en las líneas de investigación; las mismas que – con frecuencia – se definen a priori (sin sustento real) para cumplir con la SUNEDU; 5) obligar a que todos los profesores hagan investigación, proyección social, extensión y enseñanza; esta es una intencionalidad fallida que se impuso en el Perú y otros países cercanos que denotan la simplificada percepción de que la investigación era algo simple que se podía hacer por decreto; 6) La creencia de que mejor investigador es quien tiene más artículos publicados en Web of Science y en Scopus; así ya no se habla mucho (salvo un puñado de excepciones) de las implicancias o aportes de un estudio, sino más bien, de cuántos artículos se tienen; y, 7) elaboración de reglamentos de investigación que pretenden someter a los estudiosos a un solo esquema, metodología y formalidad; se niega así la diversidad que existen en el seno de cada ciencia o disciplina.
Pero no todo es malo, pues la SUNEDU ha promovido la investigación en buena parte de las universidades que antes no producían prácticamente nada. También, se han establecido bonos y la carrera de profesor investigador que la propia Ley Universitaria consagra. Sin embargo, aún falta mucho por hacer pues es preciso que se establezcan criterios más entendidos para acreditar investigadores (Registro RENACYT del CONCYTEC) y se abandone el criterio de cantidad como el único. Pues, de no ser así, seguirán proliferando la granja de artículos, la compra – venta de coautorías y la desmedida disposición por publicar la mayor cantidad de ítems bibliográficos como sea para recibir más bonos y/o para escalar hacia los niveles más altos en el registro de investigadores. Por último, es probable que estas tensiones fruto de la incomprensión estén gatillando tangibles problemas de sentido y malestar en un grupo importante de investigadores; quienes estarían presionados a moverse en una lógica de competencia, mercado y de publicación rápida a fin de no perder su estatus dentro del claustro docente al que pertenecen.
Lima, julio de 2025
