Por Carlos Yampufé / Para EDUCACCIÓN
En un diálogo sostenido entre docentes y directivos que accedieron al cargo por concurso en marzo del año pasado, se mencionó una lectura titulada “La escuela según el diablo”. En esa ocasión, se permitieron dar rienda suelta a la imaginación para responderse a la pregunta, ¿cómo sería la escuela que no queremos? Lo que recojo de lo allí conversado, espero que no tenga coincidencias con la realidad de muchas Instituciones Educativas públicas en la actualidad.
Contaba un colega que cuando logró la adjudicación del cargo directivo tuvo la gran oportunidad de escoger la Institución entre aquellas con gran número de estudiantes y otras más pequeñas. Prefirió una pequeña, pero ubicada en un lugar estratégico y con buena proyección. No obstante, cuando llegó a la escuela por primera vez en el mes de marzo a tomar posesión del cargo, se enteró que uno de los profesores intentó reunir a los demás docentes para que no lo dejaran entrar ¿El motivo? Al parecer, ni el organizador lo tenía del todo claro. En realidad, la oposición partía de un supuesto, que el recién llegado venía a poner “las cosas en orden”.
Enterado de esto, relataba el directivo, quiso demostrar que esa suposición no era más que un mal entendido y que su misión era mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Siendo así, inició una gestión que promueva el compañerismo y buscó generar un clima de confianza.
Días van y vienen, hasta que llega el monitoreo del MINEDU a través del programa de Soporte Pedagógico dirigido a directivos. Al reflexionar con la especialista de asistencia técnica sobre el diagnóstico de la Institución Educativa, el directivo le cuenta de una situación irregular que había detectado y que venía ocurriendo en los últimos años. Al observar las metas de matrícula entre el 2004 y el 2015, la cantidad de estudiantes había disminuido considerablemente, quedando cerca de la quinta parte, por lo que todos los años se tenían que retirar docentes por excedencia.
Otra situación que al directivo le pareció muy extraña, fue que un solo docente era el responsable del programa de recuperación pedagógica y que tenía a cargo todos los grados. Al preguntar a los demás colegas por qué no participaban, mencionaban que esto siempre había sido así y que siempre había sido ese docente quien lo había tenido. Yendo más allá en su indagación, supo que algunos padres de familia solo llegaban a pagarle a ese profesor para que sus hijos sean aprobados. Peor aún, padres de familia de otros colegios conocían el asunto y pedían llevar el programa de recuperación en esta escuela, porque “allí era fácil aprobar, solo pagabas al docente”. En base a esta información, se tomó la decisión de no llevar a cabo el programa de recuperación pedagógica en el presente año.
Retomando el tema de la deserción escolar y la consecuente excedencia docente, el diálogo con la asistente técnica revela también que, de un tiempo a esta parte, el colegio había venido modificando su zona de atención escolar. Antes atendían estudiantes cuyos padres de familia eran de nivel socioeconómico medio y de zonas muy cercanas, pero llegó un momento que empezaron a matricularse estudiantes de zonas muy alejadas, ya que no se cobraba cuota de APAFA. Esta situación atrajo muchos estudiantes con casos graves de maltrato psicológico y físico. La consecuencia es que muchos padres de familia optaron por retirar a sus hijos, quedándose muchos niños agresivos con hogares disfuncionales, sin que la escuela haga algo por recuperarlos. Así, la imagen de la Institución se fue deteriorando al grado se ser reconocida como “la escuela que recoge a todos los expulsados de otros colegios”.
El directivo contó también que un día por la mañana llega a su oficina y encuentra en uno de los cajones de su escritorio una pistola sin cacerina. Sorprendido, llama al subdirector para preguntarle si tenía algún conocimiento de esto. El subdirector le manifiesta que al terminar la tarde, unos niños de quinto grado de primaria lo tenían como “juguete”, pensado que no era verdadera. Ellos dijeron que la habían encontrado en un aula. Inmediatamente se llamó a la policía, quien confirmó que se trataba de un arma. Dicen que luego llegó el padre de uno de los niños preguntando por la pistola, pero al conocer que la policía había intervenido, no más volvió.
Por otro lado, seguía el directivo con su relato, los docentes de su escuela trabajaban de una manera muy tradicional y sin control alguno. Siempre se les veía alimentándose en el mercadito cerca al colegio, dejando de lado a sus estudiantes por largo rato. Además, en plena clase los padres de familia entraban a la escuela a conversar con los docentes por otro buen rato. Por si fuera poco, los docentes se reunían en el momento que creían conveniente, perjudicando las horas de clase, o invertían tiempo de clases en la preparación de sesiones. En suma, se perdía un gran porcentaje del tiempo.
Cuando el directivo se reunió con la especialista encargada de la asistencia técnica para dialogar sobre estas situaciones, sale a la luz otro caso: buen número de padres de familia están en la cárcel o son delincuentes conocidos. Es entonces que la especialista le manifiesta al directivo que una madre de familia la seguía para tomarle fotos con un celular. Al pasar los días, sale a relucir la “noticia” que el directivo y la especialista eran amantes y que había “pruebas”, es decir, “fotos comprometedoras” en las que se les veía juntos y a solas en la oficina de la dirección.
Al poco tiempo, una madre de familia entra a su oficina sollozando porque no tenía dinero ni para el almuerzo a sus hijos, pues su esposo estaba preso y ella sin trabajo. El directivo entonces se pone de pie y le ofrece un billete para que le dé de comer a sus hijos al menos ese día. La señora muy agradecida le manifiesta que pronto le devolverá el dinero. El asunto pasó, hasta que cierto día se acercan dos profesoras a conversar con el director y contarle que esa madre de familia quería suicidarse, pues no tenía los medios necesarios para mantener a sus hijos y que su vida era un caos. Ante tal situación, las docentes le pidieron ayudarla, contratándola como auxiliar en un aula de inicial. Así ocurrió tiempo después, con el apoyo de los padres de familia. Posteriormente, sin embargo, se corre la voz de que el directivo la había contratado porque quería algo con ella. Algunos docentes hacen eco a este “rumor”, junto con varios padres de familia. Al enterarse, el directivo decide conversar con la señora y firman un documento notarial desmintiendo el rumor.
En otra ocasión, un docente agredió verbalmente a unos niños y los padres lo denunciaron ante la dirección. El directivo elaboró el acta respectiva y lo elevó a la UGEL. Pero la especialista encargada se comunica inmediatamente con el agresor advirtiéndole que “el directivo te ha denunciado y parece que quiere botarte”. Entonces el profesor conmina a sus colegas para elaborar un memorial a su favor, mientras paralelamente, usando argucias legales, exige que “cese la hostilidad en su contra”. Un día en que este mismo docente iba de aula en aula haciendo coordinaciones con sus colegas, el directivo le llama la atención por abandonar su salón, frente a lo cual pretexta un problema de incontinencia y su necesidad de ir al baño a cada momento. Al día siguiente, llega con un balde mostrando a un directivo que le obligaban a orinar dentro del aula porque no se le permitía ir al baño, por lo que denunciaría el maltrato.
Otro caso resaltante era el de los alimentos escolares. Ocurre que el docente que integraba el equipo responsable era el mismo que maltrataba a los estudiantes y tenía a su cargo el programa de recuperación pedagógica. Un día le manifiesta a una madre de familia de la APAFA que si quería algún alimento le pasara la voz, ya que ella llegaba temprano. La señora, sin embargo, decide contárselo al directivo, quien elabora un acta y la da a conocer a la UGEL. Pero el docente no es amonestado y empieza a difamar a los padres de familia encargados de la cocina, llegando a denunciarlos ante el programa Qaliwarma por presuntas pérdidas y robos de alimentos.
En el caso presentado a la UGEL sobre la agresión del docente, las autoridades nunca tomaron cartas en el asunto. Por el contrario, el docente acusado empezó a proponerle a la madre de familia que quisieron involucrar sentimentalmente con el directivo, fingir a cambio de dinero un abuso sexual por parte del director y tomar fotos a la situación para tener “evidencias” que permitan denunciarlo. El docente en mención se coludió, además, con otros docentes para hacerle llegar a su esposa la noticia de una supuesta infidelidad.
Al llegar el proceso de racionalización docente desde el Ministerio de Educación, dos profesores de esta escuela resultan excedentes. Se alían entonces con el docente agresor, acusan a los padres de familia que el directivo quiere botarlos y les piden que los defiendan.
Cuando la especialista en asistencia técnica del MINEDU le pregunta por los aprendizajes de sus estudiantes, el directivo señala la necesidad de una intervención urgente para reorganizar la institución educativa y darle la oportunidad de un nuevo inicio. Le informa además de una nueva conspiración en curso, a cargo de varios profesores para sacarlo del cargo este 2016, de un modo u otro. La especialista, sin embargo, exige al directivo cumplir con los aplicativos, sin tener en cuenta la situación creada en la escuela a raíz de estos sucesos.
Ahora traslado la pregunta a ustedes, amigos lectores: ¿conocen situaciones que se parezcan en todo o en parte a lo aquí narrado? ¿Qué hacer ante ello? ¿Tiene algo de culpa el directivo en alguno de estos casos? ¿Qué procedimiento sería el indicado para afrontar esta situación, considerando que las principales víctimas son los estudiantes? Espero sus respuestas.
Lima, 31 de enero de 2016
