Román Aller Zárate | EDUCACCIÓN
Luego de marchas y contramarchas respecto a la descentralización en el país, de un proceso inconcluso que tuvo que convivir con la precariedad institucional y política, se generó injustamente un sentido común de dicho proceso como un fracaso. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria frente al Covid-19, el sentido de la descentralización está de vuelta: hoy y en los siguientes años, más que nunca se requiere de la cercanía del Estado con sus ciudadanos.
Y, si bien es cierto, no han desaparecido estas problemáticas, para que la respuesta sea más pertinente es evidente que si no hay colaboración y articulación entre los tres niveles de gobierno, si persistimos no hacerlo desde los mismos territorios, poco se puede hacer.
La educación es un tema clave, se ha recuperado el interés público y se ha colocado en su verdadera dimensión: es un derecho para todos y todas. Ello hace que convoque no sólo a los actores educativos, sino también a muchos actores más, tal como lo viene demostrando la respuesta de “Aprendo en casa”. Exige, además, varias apuestas y retos que, desde la descentralización, en general, tienen que ser retomados; y desde la gestión educativa, en particular, ser efectivizados.
Un primer aspecto es la dimensión política. Los tomadores de decisión deben asumir que la educación es el eje principal para el desarrollo de sus ciudadanos y, por ello, su voluntad política tiene que traducirse en acuerdos y compromisos para que la educación sea una de sus prioridades y decidan con celeridad cómo garantizar el derecho a la educación en sus respectivos territorios.
Un segundo aspecto es la dimensión normativa. Algunas (tal vez muchas) deben ser cambiadas para ser más eficaces, pero las que existen dan soporte. A las autoridades nacionales, regionales y locales, cuentan con la Ley General de Educación (LGE), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) y la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM); las instancias de gestión educativa descentralizada, cuentan con los Lineamientos de la Gestión Educativa Descentralizada, Los Lineamientos para la relación intergubernamental entre el Ministerio de Educación, Los Gobiernos Regionales y Los Gobiernos Locales, entre otras, los cuales le dan un marco de acción y posibilidades para “profundizar” la gestión descentralizada.
Un tercer aspecto es el social. El involucramiento de la sociedad civil es fundamental, no sólo para darle legitimidad, sino para movilizar y empoderar a los actores. Se tiene que “aprovechar mejor” las capacidades locales y regionales, la experiencia de las que tienen presencia con respaldo legal como son los Consejos Participativos Regionales de Educación (COPARE) y los Consejos Participativos Locales de Educación (COPALE) y las Mesas de Lucha Contra La Pobreza (MLCLP), etc., pero también de las diversas iniciativas y experiencias en las comunidades andino-amazónicas, organizaciones de mujeres, jóvenes y niños, niñas y adolescentes, es decir, contar con las diversas voces de los actores y organizaciones presentes en territorio. Además de convocar a las empresas y al sector productivo en cada territorio.
Un cuarto aspecto es el institucional. Se tiene que fortalecer las instituciones para que sean fuertes. Ello exige dos planos: i) Las instancias de gestión educativa descentralizada: el Ministerio de Educación (Minedu), Las Direcciones Regionales de Educación (DRE) o Gerencias Regionales de Educación (GRE), Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Instituciones Educativas, tanto del nivel básico como superior, deben potenciar sus capacidades institucionales; y, del mismo modo, ii) las otras entidades del Estado -los demás sectores-, incluyendo sobre todo a los Gobiernos Regionales y Locales, tienen que consolidar su gestión. Fortaleciendo las instituciones del Estado pueden liderar y dar sostenibilidad a la articulación intergubernamental y multisectorial, consolidar su presencia y brindar un servicio de calidad a sus ciudadanos.
Por tanto, si tomamos en cuenta estos aspectos, el político, que permitan acuerdos y compromisos en priorizar la educación, lo normativo, para tener un marco de respaldo para la acción, el social, que involucre y movilice a los actores y organizaciones del territorio y el institucional que permita una gestión intergubernamental y multisectorial, podremos tener la oportunidad que la descentralización cumpla con lograr transformar la distribución territorial del poder y permita ser el vehículo para la democratización del Estado.
Finalmente, estamos ante una nueva oportunidad rumbo al bicentenario para que la gestión descentralizada de la educación, pueda no sólo asumir los retos actuales de “Aprendo en casa”, sino también de “Aprendo en mi territorio desde los actores locales y regionales” y ello pueda contribuir a reducir las desigualdades educativas y promover el desarrollo equitativo en los diversos territorios.
Lima, 6 de julio de 2020
