Román Aller Zárate | EDUCACCIÓN
Desde una mirada superficial, algunos podrían señalar que en la actualización del Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena, recientemente aprobado con DS N° 009- 2020- MINEDU, no ha colocado la gestión educativa descentralizada en un sitial importante como sí lo estuvo en la versión anterior. Sin embargo, contrario a esa mirada, diría que sí hay una apuesta descentralista que tenemos por delante en los siguientes años que contribuye a la mejora de la educación en el país.
Un primer aspecto es señalar el carácter de continuidad que tiene el PEN. Ratifica a la educación como un derecho fundamental, busca la consolidación de los valores democráticos, sostiene la equidad educativa como una preocupación central y reafirma al Estado como el garante del derecho de la educación. Además el PEN pone a las personas al centro de toda acción educativa para que aprendan a lo largo de toda la vida, se relacionen en la diversidad cultural y se construya una sociedad libre, justa, solidaria y sostenible.
Todos estos factores retoman y dan más sentido y contenido a la descentralización educativa. Si su finalidad es que el servicio educativo se brinde de manera más eficiente y acorde a las diversas realidades territoriales, entonces el acercamiento del Estado con sus ciudadanos tiene que darse de una manera distinta, mirar a las personas: “enfrentar estos problemas es necesario modificar de modo sustantivo la manera cómo el sistema ha operado: debemos poner el foco de nuestra atención en las personas, sus diversas necesidades educativas a lo largo de la vida (y no en la operación del sistema), así como en liberar sus capacidades e iniciativas”.[1] Por tanto tenemos que retomar lo que busca la gestión descentralizada: el desarrollo de las personas, por ende, el desarrollo equitativo de sus diversos territorios.
Un segundo aspecto que propone el PEN es que se requieren realizar cambios impostergables, tanto en las personas o actores que educan y en el sistema educativo. Ello da un marco de oportunidades de profundizar la descentralización educativa. Por un lado, la gestión descentralizada no sólo debe responder a las necesidades, intereses y características de las personas, sino también requiere de su participación en los asuntos públicos, por ello aquí se recoge la importancia de la construcción de ciudadanía desde los actores desde los diversos territorios.
Por otro lado, la gestión descentralizada exige un sistema articulado, descentralizado, moderno y flexible que permita brindar la autonomía necesaria de las instituciones educativas y de esta manera responda a las realidades del entorno territorial y sus propias características que asegure una mejor pertinencia educativa. No hay mejor expresión de la gestión descentralizada que esta se de en y desde los territorios: “la descentralización de la gestión educativa debe estar orientada a la ciudadanía, para lo cual debe reposar en una visión territorial”[2].
Un tercer aspecto, es sobre el rol que le asigna al Estado para que asegure el derecho de la educación de todas las personas. Ello significa que la respuesta para la acción pública no solo debe ser sectorial, sino debe darse, tal como propone el PEN, de manera intersectorial, donde la respuesta estatal tiene que ser integral y eso implica el fortalecimiento institucional de las entidades estatales y mejora sustantiva en articulación territorial. Al mismo tiempo, ello también implica que la relación intergubernamental tiene que realizar mejoras significativas en la coordinación, colaboración y cooperación entre los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Aquí tanto los gobiernos regionales y locales cumplen un papel clave para garantizar el enfoque territorial y las instancias de gestión descentralizada -DRE/GRE y UGEL- brinden las condiciones favorables y adecuadas para la provisión del servicio educativo. De igual modo desde el Estado se debe asegurar el financiamiento público para que sea equitativo según las necesidades diversas en cada territorio del país.
Un cuarto aspecto es sobre la exigencia de mayores desafíos para la puesta de la gestión educativa descentralizada. Si bien es cierto en la versión anterior, se hacía énfasis en uno de los objetivos estratégicos (el objetivo cuatro señalaba: “Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad”), ahora tiene un mayor status, es decir, no sólo se refleja por ejemplo en varias orientaciones estratégicas: en la autonomía de las instituciones educativas, en la gestión estatal y en el financiamiento, sino también a nivel de los cuatro propósitos se pone énfasis en tres de ellos: la vida ciudadana, la inclusión y la equidad y la productividad, prosperidad, investigación y sostenibilidad.
Ello supone superar la mirada normativo- institucionales y deductivas de la descentralización, tal como ya hace varios años el investigador Ricardo Cuenca señaló: “Estas formas normativo-institucionales y deductivas ilustran una reproducción “a escala” de una perspectiva centralista de funcionamiento del Estado y de la sociedad; pero también, han producido que los sujetos encuentren poco significativo el proceso de descentralización[3].” Y más bien se debe mirar desde una lógica más desde la acción y autonomía de los actores en los territorios que permita reencontrar el sentido descentralizador y sus efectos sean “palpables”.
En síntesis, la apuesta de la gestión descentralizada de la educación en el PEN pone a las personas en el centro desde una perspectiva de desarrollo territorial, hace un llamado para realizar cambios sustantivos en los actores que educan y en el sistema educativo, una articulación intersectorial e intergubernamental de la acción estatal de manera que asegure su pertinencia y asegure el financiamiento público con equidad y, que las dinámicas y acciones partan desde los mismos actores del territorio. Para ello se debe fortalecer al Estado y asumir el reto de la ciudadanía plena, de esta manera podremos contribuir al desarrollo del país, hacer las transformaciones políticas de fondo en el país y revertir las inequidades educativas.
Lima, 7 de setiembre de 2020
NOTAS
[1] Páginas 14 y 15 del Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena. CNE, 2020
[2] Página 131 del Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena. CNE, 2020. (Cuadro 26: la autonomía: una apuesta por la descentralización para la mejora de los aprendizajes).
[3] Cuenca, Ricardo (2013). Reformas institucionales y acción social: la experiencia de la descentralización educativa en Arequipa. Recuperado en https://www.academia.edu/26509148/Reformas_institucionales_y_acci%C3%B3n_social_la_experiencia_de_la_descentralizaci%C3%B3n_educativa_en_Arequipa
