Flor Pablo Medina | Jugo de Caigua
Diciembre ha sido un mes lamentable para las reformas educativas en el país. Las fuerzas políticas contrarreforma han tenido sus primeros avances y han marcado un retroceso en la Ley de Reforma Magisterial (Ley No. 29944) y la Ley Universitaria (Ley No. 3220).
En el caso de la reforma universitaria no debemos olvidar las circunstancias por las cuales ella se aprobó. En los años 90, con la vigencia del Decreto Legislativo 882, nuestra educación universitaria estuvo bajo la deficiente supervisión de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que dio como resultado la creación de cerca de 100 universidades privadas entre 1996 y 2018, la gran mayoría de ellas sin ofrecer un servicio con calidad razonable.
Recordemos que por entonces era posible encontrar varias fachadas con el nombre de “Universidad” en una misma avenida principal de Lima.
Ante esta informalidad flagrante y la precariedad de la educación universitaria, una respuesta contundente del Estado fue plantear la reforma de la educación superior universitaria, cuando estableció el rol rector del Ministerio de Educación y la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) en 2014, una entidad que asumió el enorme reto de supervisar y licenciar a las universidades públicas y privadas, exigiéndoles condiciones básicas en lo académico, administrativo e infraestructura; en suma, un mínimo de calidad que anteponía la formación del estudiante sobre los intereses económicos, políticos y gremiales.
Las movilizaciones contra esta reforma se han dado de manera cíclica en cada Congreso, pero hoy la urgencia es mayor para las universidades con licencia denegada. Por ejemplo, Telesup ya tiene el plan de cese vencido –en octubre de 2021 y no solicitó a tiempo los tres años adicionales permitidos por la pandemia–, y, adicionalmente, no inició ningún nuevo proceso de licenciamiento, a pesar de ser una posibilidad para todas las universidades con licencia denegada. La finalidad era darles una “segunda oportunidad” y para ello había que preparar las condiciones generando un respaldo de estudiantes y profesores. Por ello, no es casualidad que se hayan aprobado por mayoría del Congreso los proyectos de ley para ampliar el bachillerato automático al 2023 (Ley N° 31359, publicada el 22 de noviembre) y el proyecto de ley que amplía el plazo para la obtención de grados de maestros y doctorado de docentes de universidades públicas y privadas (Ley N° 31364, publicada el 29 de noviembre).
El contraataque a la reforma continuó en una sesión extraordinaria y dirigida con total intencionalidad desde la Comisión de Educación del Congreso: el 10 de diciembre se aprobó el dictamen que propone la “ley que restablece la autonomía e institucionalidad universitaria en el Perú”, que no es otra que volver a la “autorregulación” de las universidades. Es decir, volver a un esquema como el de la ANR. Esta nueva ley contempla el cambio de la configuración del consejo directivo de la SUNEDU, colocando en su composición a representantes de las universidades y planteando que los futuros superintendentes de la entidad reguladora sean elegidos entre los mismos representantes, sin concurso público. Es decir, los supervisados pasarían a supervisar su propia labor. Ambos dictámenes no han pasado aún al pleno, pero en vista de la ampliación de esta legislatura hasta la quincena de enero de 2022, siguen siendo una amenaza latente.
Otro frente de batalla es la reforma magisterial. En el Congreso existe un grupo de docentes, principalmente del partido de gobierno, que están en contra de las evaluaciones y plantean el nombramiento automático. El principio de meritocracia que propone la Ley de Reforma Magisterial (Ley No. 29944 de 2012) tiene como propósito fortalecer el desempeño de los maestros para lograr mejores aprendizajes y este concepto es el que está en peligro en este momento.
Lamentablemente, sin pasar por la Comisión de Educación, el 17 de diciembre fue aprobado por la mayoría del Congreso el proyecto de ley que anula la Prueba Única Nacional (PUN). Esta medida es una pésima señal, pues evidencia la debilidad del Ejecutivo para liderar la evaluación docente. Ante los cuestionamientos por la reciente filtración de la prueba, el Ministerio de Educación bien pudo dar continuidad a la evaluación de nombramiento docente, dejando de lado el cuadernillo supuestamente filtrado, que era solo uno de 28. El descrédito a la evaluación ha sido siempre una herramienta utilizada por los grupos de maestros que no están dispuestos a someterse a las evaluaciones y nunca antes llegaron tan lejos: esta es la primera vez que se anula una y que el MINEDU no asume su función y es emplazado por el Congreso.
Ese mismo día se aprobó una ley que permite que un grupo de profesores de colegios de las Fuerzas Armadas ingresen a la carrera magisterial sin evaluación, y se ubiquen en la escala por antigüedad. Definitivamente, se trata de un mal precedente que afecta tremendamente el principio meritocrático de la reforma docente.
En los últimos siete años el proceso de evaluación docente ha logrado ordenar el sistema de ingreso y ascenso en la carrera magisterial; ha mejorado la evaluación de desempeño en la práctica y ha generado oportunidades de capacitación para que los maestros estén en mejores condiciones de presentarse a las evaluaciones. Un docente hace la diferencia en la calidad de educación que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes, y por eso es importante realizar un proceso de selección que lleve a los mejores maestros a las escuelas públicas.
Estos proyectos de ley son una clara muestra de que en este momento solo estamos viendo la punta del iceberg de lo que se estaría pretendiendo hacer con las reformas educativas. La pandemia que atravesamos no es excusa para flexibilizar las exigencias de una educación de calidad; por el contrario, ahora es cuando más tenemos que trabajar para ponerla en agenda y enfrentar la emergencia educativa.
Defender el derecho a la educación y las reformas que la sostienen requiere que la sociedad civil, los gremios prorreforma, los medios de comunicación, los estudiantes, los maestros y la sociedad en general exijan a sus autoridades el respeto a las mismas.
Desde una representación minoritaria en el Congreso, quien escribe, junto a mis colegas preocupados, seguiremos en una firme defensa de las reformas, haciendo oír la voz de millones de peruanos y peruanas que no estamos dispuestos a hipotecar la educación de nuestros hijos por atender intereses económicos, gremiales y populistas.
¡La educación se respeta!
Lima, 23 de diciembre de 2021
