Paul Barr Rosso | EDUCACCIÓN
El martes 1 de febrero el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley que introduce cambios a la Ley Universitaria, Ley N° 30220, respecto a tres grandes temas. En primer lugar, elimina la rectoría del Ministerio de Educación sobre el sistema de aseguramiento de calidad de la educación superior universitaria. El segundo punto es la reducción de las funciones de la Sunedu y el cambio de la composición de su Consejo Directivo, incluyendo a representantes de las universidades. El tercer cambio grande es la restitución del Sineace, que había sido declarado en reorganización en el año 2014.
Este artículo se concentrará en los primeros dos puntos y dejará el tercero de lado. La razón es la siguiente: el Sineace nunca se reorganizó, precisamente porque no hubo consenso para emitir las normas necesarias para su rediseño. En otras palabras, el Congreso, en vez de preocuparse por el órgano que promueve la mejora continua de las instituciones para alcanzar estándares de excelencia, se concentró en destruir lo avanzado. Y lo avanzado es lo que se ha hecho gracias al procedimiento de licenciamiento implementado por la Sunedu, así como de la mano con la rectoría que ejerce el Ministerio, lo que en el plan práctico implica el apoyo y acompañamiento a la universidad peruana a través de lo que se conoce como el rol de fomento.
Para entender los avances es importante saber cómo era el sistema universitario antes del año 2014. Teníamos aproximadamente 150 universidades, donde al menos un tercio no cumplía con las condiciones más elementales. Estamos hablando de un escenario donde muchas instituciones no contaban con locales o equipamiento adecuados –recordemos que en su versión más escandalosa algunas funcionaban en el segundo piso de un restaurante-, lo que incluso exponía a los estudiantes a riesgos. Tampoco contaban con disponibilidad de docentes a tiempo completo, políticas de investigación consistentes, mecanismos de inserción laboral y seguimiento de sus egresados, servicios complementarios para la cultura y el deporte, entre otras condiciones básicas que verifica la Superintendencia.
Fue en este terreno donde entró a tallar la Sunedu para poner orden. Culminado el primer procedimiento de licenciamiento, quedaron poco menos de 100 universidades. El resto perdió la autorización. Las universidades que sobrevivieron tampoco están en condiciones óptimas, muchas apenas pasan la valla y tienen que cumplir con los requerimientos y recomendaciones planteadas por la Sunedu. Este es el caso, por ejemplo, de la mayoría de universidades públicas.
Y aquí es donde entra el segundo protagonista de la reforma universitaria. El Ministerio de Educación, en el ejercicio de su rectoría, se empieza a encargar de la universidad. Es a partir de la Ley Universitaria que se emprenden las acciones de fomento, que no son otra cosa que las iniciativas para ayudar a las universidades a mejorar tanto su gestión administrativa como su docencia e investigación con una perspectiva de mejora continua y ampliación del acceso a una educación de calidad. Esto ha implicado el desembolso de recursos adicionales a los que tienen las universidades y un acompañamiento constante para elevar su nivel. A partir de esta rectoría se ha financiado bonos para docentes investigadores, apoyado en la mejora de las condiciones básicas de calidad, ampliado las vacantes de la universidad pública e incrementado las becas, entre otras acciones. Incluso se consiguió que una de las universidades públicas que no había obtenido la licencia institucional, la consiga en un nuevo procedimiento, cumpliendo condiciones aún más exigentes.
Uno de los ejemplos recientes más notables del potencial de la existencia de un regulador independiente y de un ente rector, que trabajen en conjunto con las universidades serias, ha sido la atención de la pandemia. La educación no se detuvo y a lo largo de los dos últimos años se han hecho enormes esfuerzos para que muchos jóvenes y adultos sigan estudiando y así mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El potencial de la sinergia de los actores de la educación universitaria ha sido reconocido ampliamente por las universidades licenciadas y las asociaciones que las agrupan, así como por organismos internacionales.
El argumento más utilizado para destruir lo avanzado en el país es que la configuración actual del sistema de gobernanza de las universidades afecta la autonomía universitaria consagrada en la Constitución. Aquí hay que ser claros. La autonomía no implica una carta abierta a las universidades para que no cumplan con condiciones mínimas al ofrecer un servicio público que, a la vez, es un derecho fundamental. La autonomía tiene su razón de ser en que las universidades sean espacios de libre reflexión e intercambio de ideas, sin interferencia ni presión del poder político de turno. Recordemos que en nuestra región latinoamericana fueron las universidades uno de los espacios más importantes desde donde se hacía frente a los gobiernos autoritarios.
Ni la Sunedu, ni el Ministerio tienen injerencia alguna en la autonomía de las universidades. No existe un solo ejemplo de intervención o arbitrariedad que distancie a las universidades de sus funciones de producir conocimiento, generar investigación, promover el desarrollo, afirmar la democracia o formar ciudadanos libres. Por el contrario, la mejora en estos campos está documentada, al igual que los retos pendientes. La razón real detrás de las modificaciones que se impulsan desde el Congreso es que hay fuertes intereses para que no haya transparencia ni mejora y así seguir utilizando a las universidades como negocios muy lucrativos.
Escribo estas líneas sabiendo que es muy probable que este Proyecto se apruebe en una segunda votación y se convierta en Ley. El Proyecto en cuestión es un capricho de poder que ha hecho oídos sordos a las voces que advierten que las modificaciones propuestas son un retroceso en un contexto donde necesitamos continuar con el impulso a las universidades. Es importante saber lo que está pasando y lo que estamos perdiendo con una movida más de una mayoría congresal que está legislando en función a intereses subalternos y lejos de buscar el beneficio de quienes los eligieron.
Lima, 7 de febrero de 2022
