Ya se ha dicho que la realidad educativa de nuestro país respecto de la aplicación del enfoque de diversidad está muy por debajo de lo esperado. Esto incluye cualquier característica que aleje al estudiante de la normalidad estadística: neurodivergencia, discapacidad o alta capacidad.
Si bien la constitución, la ley general de educación y la normativa vigente garantizan una educación enmarcada en las potencialidades y capacidades de cada estudiante, en la práctica, no se da una atención que tomo en cuenta las características, necesidades ni potencialidades de la neurodiversidad, la alta capacidad o doble excepcionalidad.
Las escuelas en general no se encuentran preparadas para atender a los estudiantes según sus necesidades, ya sea porque no cuentan con personal capacitado, porque no incorporan estrategias de atención a la diversidad desde sus planes de trabajo, porque no reciben respaldo de las entidades correspondientes o porque sencillamente no les interesa el tema.
Frente a este problema, surge la pregunta: ¿la escuela privada responderá mejor que la pública en la atención de las necesidades educativas de los estudiantes neurodivergentes?
Para empezar, es preciso abordar un mito altamente difundido entre los padres de familia: Privado, a diferencia de lo que piense la mayoría, no significa mejor. Hay que diferenciar, como bien hizo Ricardo Cuenca hace algunos años en CADE Educación, la diferente naturaleza de los colegios privados en el Perú.
Es cierto que existen colegios privados que se encuentran en lo más alto de la calidad de servicio educativo tradicional, pero la gran mayoría de estos colegios se encuentran en Lima Metropolitana u otras ciudades en lugares de alto poder adquisitivo y bastante restringidas de la población. Es decir, el acceso a estos servicios educativos es bastante limitado a los sectores más favorecidos, los menos.
Por otro lado, si miramos a los colegios privados del interior del país, y mientras más barata es su matrícula y servicio, menos se diferencian de los colegios públicos. Llega un punto en el que el colegio público termina siendo una mejor opción por varias razones: dotación de materiales, participación de los padres de familia, fiscalización de procesos, etc.
Sin embargo, cuando se trata de atender las necesidades educativas especiales asociadas a las altas capacidades, doble excepcionalidad o neurodiversidad, prácticamente ningún colegio privado, incluyendo los de élite, da una respuesta concreta. Simplemente los ignoran, alegan que no les corresponde atenderlos, e incluso, en algunos casos, les niegan la matrícula o la continuidad académica.
Durante el año pasado, y mientras estuve en el Ministerio de Educación, en el área de Educación Especial, consciente de la problemática, decidí atender telefónicamente diversos casos y puse mi teléfono a disposición de la población. En ese sentido, pude recopilé alrededor de 100 casos documentados por todo el país, de padres de familia, principalmente de colegios privados, que tenían dificultades específicas para obtener una respuesta educativa para sus hijos luego de que estos mostraran evaluaciones que los señalaban como estudiantes con altas capacidades, doble excepcionalidad u otras neurodivergencias.
Estos padres de familia estaban frustrados porque no obtenían respuestas concretas, porque se sentían confundidos, discriminados, excluidos. Se sentían defraudados de las autoridades del colegio por no tomar las medidas, a veces de los propios docentes por no escucharlos, inclusive de las autoridades de las instancias descentralizadas del sector Educación por no saber qué hacer al respecto. Y es que eso es sintomático: nadie parece saber qué hacer al respecto cuando un estudiante presenta necesidades específicas desde la alta capacidad, la doble excepcionalidad o la neurodivergencia.
Otro gran problema que ocurre en los colegios privados, es que el padre de familia no tiene cómo resguardarse en el reclamo al derecho fundamental de su hijo que está siendo afectado cuando el colegio privado, se niega a brindarle la atención adecuada a sus necesidades específicas y no toma en cuenta ni las normativas ni la jurisdicción del Ministerio de Educación o sus niveles. Los padres de familia de estos colegios no tienen la menor idea de qué hacer, a quién reclamar, o cómo iniciar acciones concretas.
Al menos en las instituciones educativas públicas los docentes o directivos parecen alentar a los padres de familia a acudir a las instituciones del sector correspondiente, o parecen estar más curtidos en el reclamo de sus derechos y manifiestan sus preocupaciones presentando sus reclamos a las UGEL correspondientes.
¿Cómo resolvemos este problema?
En primer lugar, se necesita una masa crítica de padres de familia, especialistas, profesores, investigadores, diversos profesionales que se organicen para formar las instituciones, colectivos y organizaciones correspondientes que garanticen los derechos fundamentales educativos de los estudiantes con neurodiversidad, altas capacidades y doble excepcionalidad, que sean capaces de luchar desde la sociedad civil y exigir las leyes, políticas públicas y las medidas que sean necesarias para responder a las necesidades de los estudiantes con estas características, algo similar a lo que han conseguido los colectivos por los derechos de las personas con discapacidad.
En segundo lugar, sería conveniente la creación de una Superintendencia Nacional de Educación Básica, que pueda fiscalizar a los colegios privados para que estos respondan verdaderamente al derecho fundamental a la educación de los estudiantes, incluyendo las necesidades educativas específicas de los estudiantes con alta capacidad, neurodivergencia y doble excepcionalidad. Este organismo se encargaría de bisagra entre el ministerio y sus instancias y las escuelas privadas, dándole la oportunidad a los padres de familia de responder a sus demandas de atención, mientras que, desde el lado de las escuelas, puedan participar de capacitaciones, entrega de materiales, talleres de asistencia, etc.
En tercer lugar, involucrar a los colegios privados a participar de espacios de inter-aprendizaje, capacitación, reconocimiento de derechos de las personas con neurodiversidad, altas capacidades y doble excepcionalidad, a fin de que puedan mejorar sus servicios educativos y hacerlos cada vez más diversos, democráticos y adecuados a todos los estudiantes.
Lima, marzo de 2024
