EDITORIAL
Un padre comete incesto, la hija quiere denunciarlo y la madre lo impide: ¿Cómo vas a crearle un problema a tu padre? Un cura abusa de una menor, la muchacha quiere denunciarlo, la familia la detiene: ¿Cómo vas a perjudicar al párroco? Una niña es violada por su profesor, la familia quiere denunciarlo, el director la disuade y le pide que la retire: ¿Cómo va a dañar así la imagen del colegio? Una servidora pública es objeto de acoso por su jefe, presenta una denuncia y sus superiores le piden retirarla: ¿Cómo vas a perjudicar la imagen de un hombre eficiente y tan necesario? Un premier agrede verbalmente a una mujer con palabras sexistas, un sector que ha defendido siempre los derechos de las mujeres calla en vez de cuestionarlo: ¿Cómo vamos a atacar a un aliado político?
Hay muchos actos que reprobamos en otros sin reservas, pero somos indulgentes con ellos cuando nos conciernen y afectan de alguna manera, o cuando involucran en el rol de agresor a alguien a quien conocemos o que encarna principios a los que adherimos y queremos defender. Es decir, hacemos excepciones y tendemos a relativizar o flexibilizar nuestra postura frente a comportamientos que sabemos incorrectos para no tener que censurarlos abiertamente. Esto es particularmente cuestionable cuando ocurre en la vida pública y más aún cuando se produce en instancias o instituciones cuya razón de ser es el servicio al ciudadano.
En el escándalo de hostigamiento sexual ocurrido en las altas esferas de un ministerio, según lo que trascendió a la prensa, hemos podido tomar nota de las serias dificultades que tienen las autoridades para afrontar transgresiones que los comprometen y que representan para ellas complicados dilemas morales. Si fuera común la adhesión a un código ético de la función pública basado en derechos, esos dilemas podrían tener una ruta clara de resolución, porque está normada. Lamentablemente, no parece ser el caso. Pareciera más bien que depende de quiénes son los transgresores y quiénes los afectados, directa o indirectamente, para dudar si conviene o no aplicar la ley.
Cuando Al Gore presentó el año 2006 su famoso video donde da cuenta de las causas y los efectos desastrosos del cambio climático no pudo ponerle mejor título: Una verdad incómoda. Lo revelado obligaría a reestructurar radicalmente la economía, los hábitos de consumo, nuestros estilos de vida, y hacer todo eso incomoda demasiado. Por eso es mejor negar la existencia del cambio climático o que sea producto de la acción humana. Como se ve, el fenómeno es el mismo. De pronto se revela una verdad que nos incomoda, luego la desmentimos y también atacamos a quienes la revelan.
Pero los dilemas morales se presentan en todos los terrenos. Por ejemplo, la controversia producida sobre el supuesto intento de rebajar el nivel de exigencia de las pruebas aplicadas a los docentes para ingresar a la Carrera Pública puso en la balanza el derecho de los maestros a acceder a la carrera y a sus beneficios, y el derecho de los estudiantes a contar con profesores muy bien calificados. La suspensión temporal del ingreso a los COAR ocurrida el 2020, también trajo el recuerdo del otro dilema moral que envuelve este programa, el que pone en tensión el derecho de los estudiantes con habilidades superiores a tener oportunidades especiales a costa de una inversión muy alta, y el derecho de los demás a elevar el precario estándar del servicio que reciben en la escuela común a costa de una inversión abismalmente inferior. ¿Puede el interés político pesar más que el criterio moral? Vaya que puede ¿Debiera ser así? Definitivamente no.
Se ha anunciado una «escuelita» para funcionarios sobre enfoque de género en la gestión pública. La iniciativa es necesaria, aunque la normalización del hostigamiento sexual a las mujeres, su subestimación y la tolerancia frente a estos actos no obedece a falta de información, sino a prejuicios y convicciones muy arraigadas sobre los roles o las prerrogativas de hombres y mujeres. Mirtha Vásquez, nuestra actual premier, dijo en una entrevista que llegar a posiciones de liderazgo en el sector público les cuesta el doble a las mujeres, pues suelen ser objeto no solo de exclusiones y subestimaciones, sino también de burlas y sospechas.
Confiemos en que las nuevas autoridades del ministerio de Educación recojan estas lecciones y den testimonio del respeto que todas las servidoras públicas merecen, pues no hay prioridad de política que pueda atenderse con seriedad poniendo entre paréntesis la dignidad de las personas.
COMITÉ EDITORIAL
Lima, 12 de octubre de 2021
