Edición 62

Luz en el amanecer

Podemos en el corto y mediano plazo dar señales claras de avance en la disminución de las desigualdades, que afectan a numerosas niñas, niños y adolescentes de nuestras áreas rurales

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Patricia Andrade | EDUCACCIÓN

Yankuam Jintia significa luz del camino, luz en el amanecer o amanecer brillante, en lengua awajun. Es también el nombre de la Institución Educativa Secundaria Intercultural Bilingüe con Internado, ubicada en el centro poblado de Huacachina, distrito de Barranca, localidad de San Lorenzo, en la provincia del Datem del Marañón, región Loreto. Ahí estudian y residen más de 200 estudiantes quienes cada año se trasladan desde sus comunidades, vía fluvial, para acceder a un servicio educativo. A esta residencia llegan de los pueblos Achuar, Kandozi, Chapra, Awajún, Kiwcha, Wampis y Shawi; cada uno con su lengua, su cultura, sus historias personales y las de sus comunidades. Durante el día atienden al horario regular de clases y por la tarde participan de talleres que les permite desarrollar otras capacidades formativas, (carpintería, agronomía, cosecha, crianza de animales). Yankuam Jintia, luz en el camino, es un nombre muy significativo, que dice mucho de las expectativas y esperanzas con que llegan cada año sus estudiantes y sus familias.

Visitamos esta residencia a fines de febrero, como parte del monitoreo al Buen inicio del año escolar que se venía haciendo, poco antes que la pandemia fuera declarada y el país entrara en cuarentena. Por entonces, todos nos preparábamos para dar inicio a un nuevo año escolar. Lo que encontramos fue una situación de precariedad extrema: apenas 25 camarotes (varias en pésimas condiciones), siendo más de 200 estudiantes los que estaban por llegar en la sub siguiente semana; no más de un 10% del mobiliario que se necesitaría para atenderlos; también insuficiente cantidad de menaje y utensilios de cocina y comedor. Esto en cuanto a condiciones básicas de habitabilidad. Por supuesto, no eran las únicas carencias ni era la única residencia en esta situación.

Foto: Patricia Andrade

Son 76 los servicios educativos de Secundaria con residencia estudiantil que existen en el país y 78 los Centros de formación en alternancia, dos de los modelos de servicios educativos para estudiantes de secundaria que residen en ámbitos rurales de alta dispersión, en su mayoría de pueblos originarios.

La Secundaria con Residencia Estudiantil acoge a estudiantes que residen a más de cuatro horas, muchas veces días de distancia de la Institución Educativa, no cuentan con servicios de secundaria en su comunidad o en zonas cercanas, por lo que se traslada a estas instituciones con residencias para su permanencia ahí durante todo el periodo escolar académico. Una segunda modalidad de atención son los Centros de formación en alternancia (CRFA), que atiende a estudiantes que residen en centros poblados con dispersión poblacional moderada (a 2 horas o más de distancia de una escuela secundaria); permanecen dos semanas en el CRFA y dos en su comunidad.

Ambas modalidades suman más de 150 servicios educativos que atienden a algo más de diez mil estudiantes; y representan la respuesta del Estado para atender a la población adolescente que, debido principalmente a razones de dispersión geográfica, no cuentan con servicio educativo en su comunidad[1]. Son modalidades que buscan garantizar el acceso (cobertura) y trayectoria educativa de adolescentes quienes, en su mayoría, pertenecen a pueblos originarios (principalmente amazónicos). Adolescentes que, además, viven en situación de pobreza o extrema pobreza.

La complejidad de estos escenarios demanda esfuerzos extraordinarios para garantizar el acceso universal, la permanencia y la culminación oportuna; con trayectorias que posibiliten que toda la población pueda transitar a lo largo de la educación básica, logrando los aprendizajes esperados. Para ello se requiere, eso se sabe, de propuestas educativas y modalidades de entrega flexibles, que partan del reconocimiento de la diversidad y heterogeneidad de lo rural, que respondan a las necesidades y características del estudiante de manera pertinente, sin discriminación ni exclusión. Formas de atención que suponen una alta inversión, más aún cuando se está ante un escenario que acumula brechas históricas que generan situaciones de inequidad y profundiza la desigualdad de oportunidades que afecta a esta población. Un sistema preparado para responder y nivelar el terreno educativo.

Foto: Patricia Andrade

Si bien hay avances importantes en cuanto al servicio educativo destinado a la población que reside en ámbito rural, quienes en su mayoría son portadores de una lengua y cultura originaria, las deudas son tremendas.

De acuerdo al Censo Nacional del 2017, el 35% (45,151) de los hablantes de una lengua originaria de tres a cinco años, no asiste a alguna institución educativa del nivel. En el caso de Primaria, son 21,041 los niños y niñas de seis a 11 años, hablantes de una lengua originaria, que no asiste a una IIEE; de este grupo, más de 11,000 es población quechua hablante, seguido por los hablantes del asháninca con 2,316 niños y niñas que no asisten a ningún servicio. En Secundaria, el 10% (29,253) de la población hablante de una lengua originaria, entre 12 a 17 años, se encuentra fuera de un servicio educativo del nivel secundario[2], la mayor parte de ellos son quechua hablantes (20,225), seguido por hablantes del asháninca (2,645) y Awajun (2,047), siendo Puno y Loreto las regiones que concentran una mayor cantidad de adolescentes hablantes de una lengua originaria que no asiste una IIEE. El principal motivo de la no asistencia es no contar con un servicio educativo público accesible desde el lugar donde vive.

Con respecto a los resultados educativos, de acuerdo a la evaluación muestral aplicada a estudiantes de 4° de primaria en el 2019, en relación a matemática, sólo el 15% de estudiantes en el ámbito rural logra un nivel satisfactorio, menos de la mitad del 36% de estudiantes del ámbito urbano que lo logra. En lectura, para el mismo grado, sólo el 11.4% de estudiantes en el ámbito rural logra un nivel satisfactorio, mientras que el 37.1% del ámbito urbano lo logra.  En 2° Secundaria, sólo el 4.8% de estudiantes del ámbito rural alcanza el nivel satisfactorio, mientras que el 19.3% del ámbito urbano lo logra (porcentaje también bajo, pero cuatro veces lo que se logra en el ámbito rural); en lectura es apenas el 2.4% del ámbito rural el que logra el nivel satisfactorio. En términos de conclusión, el 76% de los niños hablantes de una lengua materna originaria concluyen la primaria y el 57.9% concluye la secundaria respecto al 90.4% y el 76.6% de los hablantes del castellano, respectivamente.

Las brechas están identificadas y documentadas, a pesar de los avances en su reducción, aún persisten y en los últimos años se ven indicios de estancamiento y, en el contexto de pandemia que vivimos, el riesgo de profundizar estas brechas es mayor. Por ello, urge más que nunca invertir en medidas que en el corto y mediano plazo mejoren las condiciones de funcionamiento y la calidad de los servicios educativos, ampliando su alcance a fin de asegurar las trayectorias educativas.

Por lo pronto, cerrar brechas en condiciones básicas es un reto urgente y posible de cumplir en un breve plazo. Durante el interregno parlamentario, el Minedu impulsó el DU 006-2019 que posibilitó transferir S/. 137´000,000 (137 millones de soles) a Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de 30 de estos servicios educativos (Residencias y Centros de Alternancia); obras que incluyen instalación de dormitorios para estudiantes y docentes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes, comedores, entre otros. Treinta residencias que significan más de 1700 estudiantes que podrán contar con condiciones de habitabilidad, espacios seguros y acogedores a los que tienen derecho. Se requiere avanzar identificando y costeando las brechas en condiciones de habitabilidad de la totalidad de residencias y CRFA y tener un plan de cierre de brechas que dé continuidad a lo iniciado, empezando por el costeo de las brechas diagnosticadas y culminando en el 2021 con un diagnóstico de brechas faltantes en el resto de Residencias y CRFA para la inclusión en el Plan Multianual de Mejora en la Infraestructura de los modelos de servicios educativos en el ámbito rural.

Foto: Patricia Andrade

No es la única urgencia. Se necesita también docentes que conozcan la cultura de los estudiantes y manejen la lengua originaria y el castellano (que sea bilingüe); así como también condiciones de bienestar estudiantil, para un adecuado aprovechamiento del servicio educativo, desde atención en salud, protección contra la violencia, atención a situaciones de embarazo adolescente, etc.

La agenda no se agota en estos tres puntos, pero son posiblemente los más críticos. Podemos en el corto y mediano plazo dar señales claras de avance en la disminución de estas desigualdades, para que la educación sea para estas niñas, niños y adolescentes, una genuina luz en el amanecer.

Lima, 10 de agosto de 2020

NOTAS

[1] Una tercera modalidad es la Secundaria tutorial, servicio dirigido a estudiantes que han abandonado o se encuentren en riesgo de abandonar la educación de nivel secundaria.
[2] El 89% de niñas, niños y adolescentes entre 3 y 16 años de edad (8 023 883) asiste a una institución educativa, el 15% de este grupo (1 215 426) reside en ámbito rural y de este grupo, el 43 % estudia en escuelas EIB (521 385 estudiantes).

Patricia Andrade Pacora
Ex viceministra de gestión pedagógica, del Ministerio de educación, con más de 25 años de experiencia en la gestión de políticas, programas y proyectos educativos, desde el Estado como desde la sociedad civil y en cooperación internacional, en puestos de responsabilidad a escala nacional. Psicóloga clínica, de profesión y estudios de Maestría en Políticas educativas en la Universidad Alberto Hurtado, de Chile. Entre los años 2011 y 2014 fue Directora General de la Educación Básica Regular y ex Directora (e) de la Dirección de Tutoría y Orientación para el Educando – DITOE (año 2013). Como directora de la DIGEBR, he sido responsable de la conducción del Programa presupuestal por resultados Logros de aprendizaje (PELA). También estuvo a cargo (2008-2011) del Programa de Mejoramiento de la Educación Básica en Área Rural (PROMEB), implementado con apoyo de la cooperación canadiense (ACDI) en el norte del país. Se ha desempeñado asimismo como consultora en áreas relacionadas al desarrollo y evaluación de capacidades en el Estado y la evaluación y sistematizaciones de políticas públicas en el área de educación, a nivel nacional e internacional.