Edición 50

No a la violencia sexual en los colegios

Hacia una política efectiva de cuidado de nuestros niñas, niños y adolescentes en la escuela pública

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Eduardo León Zamora | EDUCACCIÓN

Es cierto que nuestra mayor preocupación sobre las escuelas está usualmente centrada en sus déficits respecto a los procesos formativos. Pero resulta más inquietante e indignante aún que el colapso educativo en que se encuentran, muestre como uno de sus indicadores más horrendos la existencia del abuso sexual de docentes hacia sus estudiantes. No hay nada más duro de reconocer que en nuestras instituciones educativas, lugares donde nuestras adolescentes deberían sentirse protegidas, se encuentren “trabajando” depredadores sexuales que hallan allí el suministro perfecto de víctimas para sus prácticas repulsivas.

Desafortunadamente, las acciones de estos abusadores disfrazados de maestros cuentan con las mejores condiciones para que estos delitos se consumen en los colegios: la ausencia de condiciones para el ejercicio de la ciudadanía de los estudiantes, debido al carácter profundamente autoritario de la cultura y la estructura de estas instituciones, las mismas que se expresan en prácticas concretas que aumentan los factores de vulnerabilidad de estudiantes hombres y mujeres.

La niñez devaluada

Desde hace ya casi tres décadas se han hecho enormes campañas e importantes intervenciones dirigidas a los colegios para reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. No obstante, estas instituciones no logran convertirse en espacios vivos para el ejercicio de estos derechos. Por el contrario, siguen siendo vistos como objetos de atención, como subalternos de las personas adultas, como entes que deben cumplir un conjunto de normas y obligaciones, como seres anónimos e invisibles, como alumnos uniformizados y sin identidad. Todo esto, que lleva a que no se le vea como personas, contribuye a su deshumanización.

Estudiantes que asumen e interiorizan esta visión de sí mismos, como de hecho sucede, son estudiantes que se encuentran en una situación de indefensión total. En efecto, si no tienen voz, no tienen agencia, no tienen identidad; si su subjetividad y su individualidad son apagadas; si sus necesidades, intereses y deseos son ignorados; si sus capacidades para tener opinión, disentir, discutir con las personas adultas no tiene ningún espacio para expresarse; entonces, no es posible esperar que quienes son víctimas de acoso o abuso sexual, tengan posibilidades de reaccionar, de defenderse y de denunciar.

La posición de chicos y chicas frente a sus docentes, a sus auxiliares y a sus directivos es sumamente débil. Las relaciones de poder entre ellos y las personas adultas son totalmente asimétricas. Viven bajo el mandato de escuchar, callar y obedecer. La violencia verbal y psicológica es pan de todos los días. Los colegios son parientes más cercanos de los cuarteles y las iglesias: uniformes, corte militar, desfiles, formaciones, dogmas, pecados y adoctrinamiento. La democratización de nuestras escuelas parece ser una utopía impracticable.

Todo esto adquiere ribetes surrealistas en la secundaria. Se suma a ello una visión de la adolescencia totalmente negativa. Los muchachos y las chicas son la expresión de todos los males de la sociedad. Ellos expresarían, según muchos docentes, lo peor de la humanidad, como si fueran los creadores del mundo que los rodea y no nosotros, las personas adultas. Todos los defectos y todos los vicios les son atribuidos. La adolescencia no es vista solamente, como nos recuerda en un video la psicóloga Nani Pease, tormenta y stress. En nuestro medio es vista como un estado de perdición: libertinaje sexual, pandillerismo, drogadicción, etc. Así, cada adolescente es considerados peligroso, poco confiable, irracional e impulsivo. Estas percepciones alejan aún más al profesorado de sus estudiantes. Lo ponen en un estado de alerta y de guerra. Se convierten casi en enemigos con quienes deben luchar en las trincheras del aula. Cualquier debilidad, cualquier concesión, cualquier puerta que abran puede convertirse en un bumerang contra sí mismos. En ese contexto, lo que dice y hace un adolescente no es dignos de credibilidad, de aceptación y de confianza.

La naturalización del abuso

La visión machista sobre las mujeres convierte a las adolescentes en presa deseada por los depredadores sexuales en las escuelas. Las estudiantes, incluso niñas, son vistas como objetos sexuales; presas cautivas, fáciles de acceder porque confían en que caerán fácilmente, que los obedecerán, que los seguirán sin oponerse, que guardarán silencio y que no denunciarán porque los colegios las preparan muy bien para eso, para invisibilizarlas y silenciarlas.

Además, los depredadores y sus cómplices que callan y apañan, no ven en el abuso sexual, y mucho menos en el acoso, prácticas criminales. Son parte de las cosas que suceden y que no se pueden cambiar. Es parte del descontrol sexual de los varones y de las provocaciones de las adolescentes que tampoco se puede decir que son niñas, que ya saben de esas cosas, que ya tienen relaciones. En otras palabras, se naturalizan y validan los crímenes sexuales como parte normal de la experiencia humana.

En el rebaño indistinto de ovejas escolares, sin nombre, sin rostro, sin trayectorias de vida conocidas; las chicas, pero también los chicos, que sufren agresión sexual por quienes tienen la responsabilidad de cuidarlos, son solamente NN. Por eso, resulta difícil para las personas adultas identificarse con ellas, ponerse en su lugar, solidarizarse, indignarse y denunciar. Son extrañas. No tienen vínculos construidos con ellas. Son alumnas. Son hijas de madres y padres que ni siquiera se preocupan por ellas, son las hijas de los pobres, de los que no valen la pena.

De allí que sea difícil que las instituciones educativas se hagan responsables del cuidado y protección de sus estudiantes, de que les vean como se ven a sí mismos, es decir, como personas con motivaciones, con emociones y con ideas propias. De allí que haya docentes que vean con más compasión y empatía a los victimarios que a las víctimas; y se escuchen expresiones como estas: ¡Cómo lo van a perjudicar así al colega!; ¡Ha cometido un error!; ¡Tiene su familia!; ¡De seguro algo ha hecho la chica! Y a otros les preocupa más el prestigio del colegio o la imagen institucional, que caería por los suelos con denuncias de abuso sexual.

Esta situación que se vive en muchas instituciones educativas no tiene un correlato preciso en las denuncias que se hacen en el SISEVE (Sistema Especializado en reporte de casos de violencia escolar), donde en el año 2018 se registraron 712 acusaciones de abuso sexual por parte de personal escolar (docentes, directivos, auxiliares y administrativos). Esta cifra no da cuenta de la magnitud del problema y se considera un sub registro de lo que en realidad acontece en las escuelas. Dadas las características de las instituciones educativas que se han descrito líneas arriba, es complicado que las estudiantes denuncien. Además de conocer su posición de poder en el colegio, saben de lo mal que funciona el sistema y de lo terrible que resulta la exposición pública de estos hechos. Por eso muchas adolescentes, prefieren callar. Pero también se dan muchos casos que los depredadores sobornan a las familias con un pago de indemnización para acallar sus delitos.

No llama la atención, como debería, que en los registros del SISEVE, regiones de la Amazonía donde el problema de la violencia sexual es muy grande, los registros sean tan bajos. Pero esto se debe mucho a que los docentes y la sociedad, en general, no asumen que la violencia sexual es un crimen grave y lo consideran como parte normal de la vida cotidiana.

Recordemos que, recientemente, la Contraloría General de la República ha denunciado como las UGELs de Maynas, Requena, Nauta y Ramón Castilla ha incumplido sus funciones al no haber atendido oportunamente denuncias de abuso sexual en las instituciones educativas de sus jurisdicciones. Es probable que pase lo mismo en varias provincias del país.

Precisamente, hace apenas unos días, quien escribe este artículo realizó unos talleres en Iquitos y Nauta. Y no dejó de sorprenderse de que los docentes priorizarán el mal uso del uniforme, el cabello largo o el uso de aretes como problemas que ameritaban más su atención que la violencia sexual contra las adolescentes. No es que no lo reconocieran, sino que, para ellos, el tema del orden y la disciplina eran más importantes que combatir estos delitos. “Si no los educamos en valores, decía una profesora, qué le vamos a dejar de legado a nuestros estudiantes”. Y con valores se refería, básicamente, a las cuestiones de su apariencia personal.

De hecho, el MINEDU, en los últimos años, ha tomado buenas iniciativas para enfrentar la violencia sexual contra estudiantes. Y existen hoy una serie de normas y protocolos que tienen el potencial de ser utilizados adecuadamente en las instituciones educativas. Y esto está muy bien. Sin embargo, el problema de la cultura escolar que favorece que nuestros adolescentes se encuentren en una situación de gran vulnerabilidad no ha sido enfrentado correctamente. Y el problema de la complicidad y de la indiferencia de muchos docentes y directivos antes estas situaciones tampoco han sido abordadas en los mejores términos.

Recomendaciones

Es necesario que la nueva gestión del MINEDU, que lidera la ministra Flor Pablo, revise cuidadosamente las políticas de cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes, profundizando en la comprensión y tratamiento de este problema para impulsar medidas más eficaces, tomando en cuenta todas las aristas. Desde esta tribuna se alcanzan las siguientes sugerencias:

  • Propiciar una política intensiva de transformación de la cultura escolar vigente, hacia la constitución de instituciones educativas democráticas con enfoques y estrategias centrados en el cambio de creencias, en el desarrollo socioemocional y en la construcción de una ética profesional basada en valores ciudadanos.
  • Constituir sistemas de cuidado y protección de estudiantes basado en indicadores sensibles, conocidos y usados por todos los miembros de la comunidad educativa, que contribuyan a prevenir el abuso sexual y activar todas las alarmas necesarias para intervenir preventivamente.
  • Democratizar la escuela reduciendo el poder centralizador que ejercen los directivos y creando reales espacios de gestión compartida con estudiantes, docentes y familias.
  • Brindar programas de formación obligatorios para docentes, auxiliares, directivos y administrativos sobre violencia sexual en las escuelas.
  • Ofrecer programas de fortalecimiento de los CONEI en sus funciones asociadas al problema de la violencia sexual, para que actúen eficazmente frente a ella.
  • Modificar los protocolos de atención a la violencia escolar dando posibilidades de que diferentes actores, especialmente los estudiantes adolescentes, puedan denunciar directamente y sin intermediarios (familiares, docentes o directivos).
  • Desarrollar una política de autocuidado y de autoprotección que tenga al estudiante como protagonista.
  • Elaborar materiales ad hoc dirigidos a estudiantes en materia de prevención y denuncia de delitos sexuales y para su uso directo.
  • Invertir en programas de TV y radio para difundir cuáles son indicadores de acoso sexual para su prevención.
  • Desarrollar programas de educación sexual integral.
  • Demandar al cuerpo de especialistas de UGEL y DRE monitorear e informar sobre las situaciones de violencia sexual en los colegios.
  • Difundir las obligaciones de las instituciones educativas, las UGEL, las DRE y las familias frente a la violencia sexual contra menores.
  • Promover la promulgación de registro de ofensores sexuales.
  • Demandar la formación de una fiscalía y una policía especializadas en violencia sexual en las instituciones educativas.

Obviamente, los enfoques de género y de derechos deben constituirse en la piedra angular de estas iniciativas, porque resulta evidente que es la existencia de un orden social machista y autoritario el caldo de cultivo para el surgimiento y enraizamiento de este problema.

Lima, 30 de marzo de 2019

REFERENCIAS

Contraloría General de la República. Informe de auditoría de cumplimiento de funciones. N° 165-2019-CG-GCOC.

LEY N.° 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

LEY N.° 30403 Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.

LEY N.° 30466 Ley que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño

DECRETO SUPREMO N.° 004-2018-MINEDU. “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescente”.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N.° 0519-2012-ED. “Lineamientos para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas”.

Wayka.pe. “Incrementan casos de violencia sexual escolar en todo el Perú” 29 Nov, 2018 | ActualidadÚltimas Noticias. En https://wayka.pe/incrementa-violencia-sexual-escolar-en-peru/

Eduardo Leon Zamora
Licenciado en Educación Primaria y magíster en Investigación Educativa. Trabaja como consultor independiente en diversos temas educativos: Currículo, formación docente, políticas educativas, EIB, Educación Ciudadana, Educación Inclusiva, Afroeducación, Educación para la Diversidad Sexual, Evaluación y Metacognición. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano de Chile. Ha trabajado en La Casa de Cartón, en el colegio Madre Admirable de El Agustino, con los Huch´uy Runa del Cusco, KALLPA, TAREA, MINEDU, UNICEF, USAID/PERÚ/SUMA. Actualmente, trabaja en una investigación con el CISE-PUCP sobre el desarrollo de la identidad afroperuana; y con GRADE, sobre los «Efectos de la ECE en las prácticas docentes».