Entrevista de Sabrina Díaz Virzi / Clarín
ika Guevara-Rosas es abogada de derechos humanos, activista feminista y lidera la labor de la organización por los derechos humanos en todo el continente. Fue Directora para las Américas del Fondo Global para las Mujeres y trabajó como Oficial Legal de Protección para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hoy es Directora para las Américas de Amnistía Internacional y, durante su visita en Argentina, conversó con Entremujeressobre la situación de la violencia de género y la cultura machista en nuestro país y la región. Tiene más de veinte años de experiencia en el activismo por la justicia social y la paz, y más de quince como profesional en el campo de los derechos humanos, la justicia de género y la filantropía.
Existe una tendencia internacional y regional a tratar la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Coincido plenamente con decir que la violencia de género -la violencia dirigida a mujeres y niñas- es uno de los grandes flagelos y una de las deudas pendientes en materia de derechos humanos en el continente. Es uno de los grandes desafíos que todavía enfrentamos, a pesar de que ha existido un progreso y un avance enorme en materia de fortalecimiento institucional y de los marcos legislativos que protegen y previenen la violencia contra las mujeres.
Durante años, los datos del Observatorio de Femicidios de la ONG La Casa del Encuentro fueron la única referencia sobre la violencia de género en Argentina. ¿En qué medida el hecho de no tener una cuantificación del problema dificulta la erradicación de la violencia?
La parte diagnóstica es un problema en sí mismo, porque la falta de un diagnóstico de lo que ocurre genera que las políticas públicas carezcan de decisiones informadas sobre la realidad que se vive. El trabajo de organizaciones como La Casa del Encuentro han generado desde hace décadas un paradigma distinto en cómo se atiende el problema de la violencia y han logrado un cambio en la retórica: de un problema íntimo o del ámbito privado a que se reconozca como un problema de Estado, de violación a los derechos humanos, de falta de respuesta estatal a una obligación internacional de proteger y defender a las mujeres y a las niñas, entendiendo la violencia en sus diferentes formas (doméstica, comunitaria e institucionalizada, relacionada con la falta de un compromiso de una política de Estado por garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos, incluso de sus derechos sexuales y reproductivos).
La falta de información -no solo estadística, sino de cómo se dan estas formas de violencia- genera que haya una respuesta muy pobre por parte del Estado. Son las organizaciones de mujeres, efectivamente, las que durante muchos años -en Argentina, así como en otras partes del mundo, en particular del continente americano- han arrojado cifras que hoy nos escandalizan pero que, sin embargo, no son cifras completas (porque las organizaciones tienen metodologías limitadas, así como los accesos a las comunidades que tienen). Es responsabilidad y obligación del Estado hacer diagnósticos precisos y profundos, que no sea solo a través de las denuncias que se hacen, sino encontrar otras formas metodológicas para poder llegar a las comunidades y entender cuál es el problema.
Hace algunos años se logró dejar de hablar de “crimen pasional” para hablar de “femicidio”, al punto de incluirlo como agravante en el Código Penal (en 2012). ¿Qué otras medidas concretas considera que son necesarias para visibilizar y luchar contra esta problemática?
Estos avances legislativos, como el hecho de que exista un reconocimiento en la ley de lo que significa el femicidio -la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer-, ya es un avance en sí mismo. Sin embargo, las leyes no se implementan y, sobre todo, en términos de impartición de justicia, entonces las cifras que hoy conocemos son los pocos casos que se denuncian y que el juez o jueza reconoce que se trata de un femicidio.
¿Cómo evalúa a la Argentina respecto al resto de la región?
Argentina ha dado pasos importantes en materia legislativa: existe una ley muy integral sobre prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, pero el problema recae en la implementación, la falta de recursos destinados para que se implementen políticas que realmente lleven a una implementación a la ley y, además, un debilitamiento institucional por la falta de recursos. Sin embargo, creo que sí ha existido un cambio a nivel cultural que sí presenta señales de avance pero que todavía estamos muy lejos de alcanzar.
En comparación con el resto de la región, Argentina no está ni mejor ni peor. La región en su conjunto está en una situación bastante compleja para las mujeres. Según estadísticas, se habla de que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Las cifras de feminicidios en toda la región van en escalada en países como México, donde nos conmocionamos desde hace décadas con las historias de desapariciones en Ciudad Juárez que hoy en día se han convertido en actos sistemáticos en muchos estados del país. Y uno se pregunta quién ha cometido estos crímenes y por qué. Esta última es la pregunta más importante, y la respuesta es “¿por qué no?” Porque hay un grado de impunidad que quien comete un crimen de esta naturaleza al final de cuenta, no le pasa nada. Al final de cuentas, hay un tema de impunidad en donde no solo no se visibilizan estos casos, sino que además no se investigan y no se sancionan.
¿Se refiere solo a México o a la región en general?
Esto es en general, aunque hay casos extremos como lo que pasa en México y Centroamérica, donde la violencia de género se ha incluso normalizado en la cultura, porque no ves a la gente saliendo a las calles, como sucedió en Argentina, que yo creo que es un signo positivo de una cultura que empieza a cambiar y que reconoce que la violencia contra las mujeres es un flagelo y un desafío enorme y entonces tienes gente en la calle, como pasó con Ni Una Menos, una movilización realmente importante de ciudadanos que salen a la calle a demandarle al Estado una respuesta. Eso no pasa lamentablemente en todos los países, a pesar de los niveles de violencia.
Ante la violación de una chica, hay quienes aun cuestionan cómo estaba vestida o si caminaba sola por la noche, culpabilizando a la víctima y no al violador. ¿Cómo se hace para desnaturalizar la violencia en la sociedad? ¿Cómo se enseña a desarmar estos argumentos y llamar la atención sobre lo que algunos llaman la “cultura de la violación”, ese conjunto de creencias, costumbres y valores que avalan socialmente a las conductas abusivas y que naturalizan la violencia?
Sobre todo en América Latina y el Caribe, vivimos en una cultura machista que victimiza a las mujeres y las revictimiza con la culpa: “porque viajaba de noche”, “porque viajaba sola”, “porque fue a una fiesta”… Siempre busca culpar a la mujer de lo que le ocurre, cuando en realidad tiene que haber un trabajo más profundo de reeducación y no solo a la mujer: muchas de las organizaciones apuestan a la educación por los derechos humanos con las comunidades vulneradas y afectadas, en este caso, se busca que las mujeres conozcan sus derechos y demás, pero no se trabaja con los hombres y, sobre todo, con los niños. Es una responsabilidad social empezar a trabajar con los más pequeñitos para empezar a cambiar una cultura de discriminación y desigualdad, ya que desde las actitudes más simples -la televisión, los comerciales, los juguetes- siempre se rezaga a la mujer a un rol específico y en el momento en el que una mujer cuestiona ese rol y se sale del estereotipo también sufre de esta violencia colectiva.
Los femicidios dejan, además, a muchos niños y niñas sin madre, y en muchos casos quedan huérfanos porque fue su padre el que la asesinó. En Argentina existen anteproyectos de ley para que el femicida condenado pierda automáticamente la responsabilidad parental. ¿Cómo es la situación en otros países sobre este tema?
Creo que ha habido un avance en el marco legislativo, que reconoce que la violencia contra las mujeres y, por ende, el Estado tiene una obligación. En términos de la violencia que efectivamente no solo impacta a ellas, sino también a su entorno (más directamente al de los hijos y las hijas), la experiencia en algunos países ya habla de la protección del núcleo familiar o comunitario de una mujer que ha sido violentada. El caso específico de si el padre perpetuador, que violenta, tiene o no derechos, tiene que estar vinculado al mejor interés del menor. Y el Estado tiene una responsabilidad de protección. Lo importante es que los casos de violencia sean llevados a la justicia y que el impartidor de justicia reconozca la violencia de género, el femicidio, y por ende una responsabilidad del Estado.
¿Qué logros podría destacar de países de la región o del mundo en relación a la lucha contra la violencia de género en sus respectivos países?
Yo creo que, en general, es importante el reconocimiento de la violencia de género: está reconocida en instrumentos internacionales como una grave violación a los derechos humanos, se han consagrado convenciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres a nivel internacional, pero también a nivel regional a través del sistema regional de derechos humanos. Se reconocen convenciones internacionales para erradicar toda forma de violencia contra mujeres y niñas. Son pasos que parecieran pequeños, pero que han sido fundamentales para cambiar la retórica frente al tema de la violencia de la mujer.
Ha habido experiencias significativas en otras partes del mundo. Efectivamente en algunos países de la región se avanza en algunos consensos colectivos, como el que conocemos como el Consenso de Montevideo que, dentro del contexto de las discusiones de los objetivos del desarrollo sostenible, se habla también del respeto a los derechos sexuales y reproductivos como una forma de prevenir y erradicar la violencia contra ellas. Argentina tiene una gran oportunidad, no solo de mejorar sus marcos legislativos en términos del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sino de generar políticas que garanticen, por ejemplo, el acceso al aborto legal y seguro en ciertas circunstancias, que sigue siendo un gran desafío (en Argentina sigue siendo la primera causa de muerte materna el aborto clandestino en situaciones de insalubridad).
Fuente: Clarín / Buenos Aires, marzo de 2016
