Patricia Correa Arangoitia / EDUCACCIÓN
Entre los años 2002 y 2006 se dio un gran debate en el Perú para construir una visión de conjunto sobre la educación que queríamos y acordar los objetivos que la orientaran. Veníamos de dos décadas de violencia política, un Estado con escasa presencia, un sistema democrático violentado y una historia republicana de exclusión. La convicción de tener políticas de Estado que superen la falta de norte y el vaivén de los gobiernos de turno era necesario y urgente. Es en ese contexto que nace el Proyecto Educativo Nacional al 2021, como una aspiración y una ruta hacia un país donde «todos tengan oportunidades, desde la primea infancia».
Desde la aprobación del Proyecto Educativo Nacional, el año 2007, han existido marchas y contramarchas en su implementación real. No obstante, allí está escrito el proyecto, planteando como uno de sus objetivos estratégicos el llegar a tener «Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia». Una de sus medidas: la existencia de un Programa Nacional de Evaluación y Certificación Profesional Docente, partiendo de la premisa que las evaluaciones debieran ser requisito para permanecer en un nuevo sistema de Carrera Pública y para acceder a aumentos de remuneraciones o bonificaciones.
En dirección a ese objetivo es que las nueve competencias profesionales definidas por el Marco de Buen Desempeño Docente y la Ley de Reforma Magisterial, han representado hitos sumamente importantes. Pero no los únicos. Sabemos que la revaloración social de la docencia implica además salarios que respondan a las altas exigencias de una profesión comprometida con la formación de los ciudadanos y ciudadanas que el país requiere.
Hoy por hoy, promover la derogatoria de la Ley de Reforma Magisterial supone cancelar una política de Estado cuyas consecuencias más graves serían el abandono de la escuela pública, echando por tierra los esfuerzos del Estado a lo largo de tres gobiernos de distinto color político, por construir una ruta clara de calidad educativa pensando en los estudiantes y el estatus que nuestros maestros y maestras merecen.
Existe todavía un largo trecho por andar, pero debemos apurar el paso. Alcanzar los objetivos trazados por el Proyecto Educativo Nacional, con una remuneración digna para los maestros y mejores condiciones de trabajo, es un esfuerzo que exige perseverancia. No avanzaremos si los tres niveles de gobierno y la comunidad educativa nacional no caminan de manera más articulada.
Necesitamos dotar al magisterio con las mejores condiciones y herramientas para un ejercicio profesional de su rol. Asumámoslo: la formación de estudiantes competentes, dispuestos a dar todo de sí en las aulas y a aprender con alegría, plantea exigencias muy altas a los docentes y al propio sistema.
Lima, 24 de agosto de 2017
