José Alejandro Godoy / Desde el tercer piso
Hoy apareció el siguiente párrafo en una columna de opinión en el diario Perú.21:
-Escandalosa, escandalosa la campaña contra el ministro Saavedra de varios congresistas y coleguitas (hay uno que ya es muy rochoso) para removerle básicamente porque este reglamentó las universidades privadas. ¿Creen que nadie se percata?
No se trata de la columna del periodista Luis Davelouis, sino, nada menos, que la de su vecino de página, Aldo Mariátegui, quien, en este tema, tiene la razón.
La campaña contra el ministro Saavedra lleva bastante tiempo y ha tenido dos globos de ensayo fallidos. El primero, iniciado desde el portal El Montonero, dirigido por Víctor Andrés Ponce, acusa a la gestión ministerial del economista de hacer una “reforma estatista” de la educación, así como de “evitar” una visión celebratoria de la derrota del terrorismo en el país. En otras palabras, Ponce y su portal acusan al ministro de ser un “tonto útil” de la izquierda, que estaría en una campaña para controlar la educación peruana, tanto pública como privada. En el Frente Amplio, sumidos en sus propias pugnas internas, terminarían muertos de la risa con el poder que Ponce les da. Lo mismo en un ministerio dirigido por economistas que no precisamente terminarían en las filas de Patria Roja.
El segundo ha sido liderado por el sacerdote Luis Gaspar, cercano al actual arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Aquí la batalla es el currículo escolar y lo que él llama como “la incorporación de la ideología de género” en el Currículo Escolar de la Enseñanza Básica. En realidad, al revisar el documento vinculado a educación secundaria, las preocupaciones del cura están en todas las alusiones vinculadas a la identidad de género, lo que implica que el Ministerio de Educación peruano reconoce – como la modernidad indica – que la sexualidad es una construcción social y que cada ser humano define su orientación. Digamos, a estas alturas, solo Torquemada se atrevería a ir en contra de dicha cuestión.
Pero los críticos de la gestión Saavedra han apuntado nuevamente sus balas, esta vez a un tema más sexy para el público: los Juegos Panamericanos. En un país donde al padre de familia le importa poco si es que la educación es pública o privada mientras le garantice a su hijo un empleo, o donde el tema de la educación sexual es delegado en la escuela para todo efecto práctico (salvo honrosas excepciones), el único flanco que le podía caer al ministro era el del principal evento deportivo a realizarse en 2019.
Es claro que la gestión del Comité Organizador de los Panamericanos en Lima (COPAL) ha sido accidentada. El último relevo se debió al maltrato que su anterior presidente, Luis Salazar, tuvo por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso respecto de su nombramiento. Salazar dijo ante este grupo de trabajo que la primera llamada sobre los Juegos por parte del gobierno anterior fue de Nadine Heredia. La esposa del expresidente Humala negó haberlo convocado para el cargo, aunque reconoció que si dialogó con él sobre temas del evento deportivo.
En su reemplazo, fue convocado Carlos Neuhaus, expresidente de la Federación Peruana de Surf, quien ya había sido llamado por el gobierno para ser el director ejecutivo del COPAL. Neuhaus tendrá ambos puestos dentro de la organización. Desde el Tercer Piso pudo conocer que el actual gobierno está bastante preocupado por la necesidad de acelerar obras para los Juegos Panamericanos y que la designación del dirigente deportivo se debió a la necesidad de contar con un perfil más expeditivo para la realización de las obras. De hecho, ayer el propio Ministerio de Educación dio a conocer que ya fue aprobado el Plan Maestro de los Juegos, así como otras decisiones en torno a las sedes.
A ello se suma que el gobierno ya tiene las facultades legislativas para acelerar los procesos de contratación vinculados a los Juegos.
Estamos, por tanto, ante un tema que merecería solo una sesión de explicación ante la Comisión de Educación – o, en todo caso, ante el pleno del Congreso – respecto de los avances y pendientes en torno al mencionado evento deportivo. Sin embargo, el caso ha pretendido ser convertido en la punta de lanza para sacar al ministro Saavedra de su cargo. Pero ya existe consenso entre varios analistas y periodistas – de distintas tendencias – para saber que el real motivo para pedir la cabeza del Ministro de Educación no va por los Juegos, sino por la Ley Universitaria.
Volvamos a la columna de Mariátegui. ¿Dónde están los intereses para sacar a Saavedra? Los amigos de Chicharrón de Prensa dan algunas pistas:
El Partido Aprista tiene intereses, influencia y respalda a la dirección y administración de al menos dos universidades importantes: la Federico Villareal y la San Martín de Porres. La primera es un histórico bastión político del partido fundado por Haya de la Torre (están en varias universidades y regiones, pero en la UNFV son particularmente fuertes) y la segunda una institución -San Martín- que hace montones de plata y que emplea a varios compañeros del partido de la estrella como docentes de pregrado, maestría e incluso doctorado… aunque no sean doctores (sí, exacto, como Alan García). El rector de la San Martín, José Antonio Chang Escobedo, fue ministro de Educación del ex presidente García.
Ambas universidades funcionan con una verticalidad inusitada en muchas instituciones educativas gracias a que, entre otras cosas, ninguna tiene un cuerpo docente permanente, al menos no uno que sea considerable. En la mayoría de universidades, el grueso -cuando no todos- de los profesores son “libres”: solo dictan algunas horas y se van, no hacen vida universitaria y por eso no hay acompañamiento al estudiante ni se impulsa la investigación.
En cambio, si como manda la Ley Universitaria, al menos el 25% de los profesores estuviera ocupado en esta actividad a tiempo completo, las autoridades y la administración de estas instituciones tendrían un contrapeso importante: un cuerpo docente robusto y, como suele ser, más cercano a los estudiantes que a las autoridades. Esto es bueno para los alumnos, claro, no para las administración ni los dueños acostumbrados a decidir todo sin consultar. Por eso, no es extraño que las autoridades de ambas universidades estén en contra de que la Ley se cumpla y de que la SUNEDU la haga cumplir. Tener un contrapeso implica consultar y consensuar las decisiones y esto significa inexorablemente compartir el poder. Ya no van a poder hacer lo que les dé la gana. Y esta es solo UNA de decenas de razones que tienen varios congresistas relacionados con universidades para bajarse la Ley Universitaria.
Es por esto y nada más que el congresista del APRA, Mauricio Mulder, le ha puesto la puntería al ministro de Educación, Jaime Saavedra. No porque le parezca que hace un mal trabajo (Mulder de eso no sabe nada), sino porque bajarse al ministro que impulsó, apoyó y apoya la Ley Universitaria es poner esa norma en entredicho, es debilitarla. En el país del ataque ad hominem no importa si lo que alguien dice es cierto para considerarlo o creerlo, importa quién lo dice.
Pero no solo es el APRA, también Fuerza Popular tiene lo suyo:
Otro dato: el actual oficial mayor del Congreso de la República, José Cevasco (designado a dedo por el fujimorismo), fue contratado el año pasado por un grupo de universidades opuestas a la Ley -que son más que solo las dos mencionadas- para que haga lobby a su favor en el Congreso: o bien para que se baje la Ley Universitaria o para que consiga que la modifiquen a favor de las universidades privadas y sus dueños y autoridades. Por intereses económicos, está claro.
Otro más: El congresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, está a favor de bajarse al ministro. Él obtuvo su título profesional en la Universidad de César Acuña (César… Vallejo) en un tiempo incierto y en condiciones no del todo transparentes como reportaron bien los colegas chanchos de El Panfleto. Aunque Acuña haya sido aliado de PPK, podría estar cobrando un favor a través de un tercero. Raro no sería.
Un dato más: En la bancada de Fuerza Popular está Osías Ramírez, hermano de Joaquín Ramírez (sí, ese investigado por lavado de activos aquí y en EE.UU.) y ambos tienen intereses directos en la Universidad Alas Peruanas, otra de las que se opone a la Ley. El tío de los hermanitos, Fidel Ramírez, es el rector de esa universidad.
Último: También en la bancada de Fuerza Popular está el hermano del fundador y principal accionista de la Universidad San Juan Bautista de Ica (sí, también opuesta a la Ley Universitaria), Miguel Ángel Elías Ávalos.
Cevasco, por cierto, ha negado lo señalado por Chicharrón de Prensa.
Para poner la cereza sobre el pastel, el presidente de la Comisión de Educación es Lucio Ávila, exrector de la Universidad Nacional del Altiplano que presentó una iniciativa para desnaturalizar la Ley Universitaria. Y existe toda una serie de pugnas dentro del fujimorismo en torno a las autoridades que fueron defenestradas con la mencionada norma.
Cierto es que la gestión Saavedra no está exenta de críticas. Requiere mejorar las cuestiones vinculadas a educación intercultural, la reducción de brechas en el sector, la implementación del currículo y la formación escolar sobre el periodo de violencia. A ello se suma la necesidad de contar con cuadros profesionales en lo pedagógico que puedan enfatizar en los aspectos de fondo que la tecnocracia de la alta dirección ministerial probablemente no esté viendo (ver artículo de León Tratehmberg). Y, claro está, en el MINEDU debieron haber previsto que esta batahola se podía venir y era necesario hacer alianzas políticas en el Congreso para contar con parlamentarios que defiendan la reforma universitaria, así como otros aspectos de su gestión.
Sin embargo, resulta claro que los avances sustantivos en la carrera magisterial y en la implementación de la norma sobre educación superior le dan un buen margen al ministro de Educación para tener un respaldo. Pero, en este segundo tiempo, las críticas serán más filudas que en la primera parte de su gestión. Jaime Saavedra -y el resto del gabinete- debería estar prevenido sobre ello.
Fuente: Desde el tercer piso / Lima, 04 de octubre de 2016
