PRONUNCIAMIENTO
El Consejo Nacional de Educación ha propuesto, en un comunicado anterior, acciones urgentes para los primeros seis meses del gobierno y ha recomendado focalizar las acciones de la emergencia en la recuperación y consolidación de los aprendizajes, el retorno seguro, gradual, flexible y voluntario a la presencialidad y la atención integral a poblaciones más vulnerables. Entre las poblaciones más vulnerables están las niñas y adolescentes quienes han tenido que asumir más obligaciones domésticas, se han visto más expuestas a situaciones de violencia y a la interrupción de sus estudios.
La designación de una Presidenta del Consejo de Ministros, la incorporación de más mujeres en el gabinete, así como las expresiones de varios ministros y ministras en el momento de jurar el cargo, son muestras de un mayor compromiso del Gobierno con la igualdad de género en las políticas públicas, lo que saludamos.
El Estado peruano cuenta ya con políticas y planes nacionales multisectoriales que abordan las principales causas de la discriminación y las desigualdades basadas en el género que no han logrado incidir -en la medida deseada y necesaria- en el logro de la igualdad. Pero pese a la existencia de normas, persisten las dificultades para reconocer y erradicar las diversas y recurrentes formas de discriminación y violencia que se ejercen en las familias, los centros de trabajo, los centros de estudio y en la sociedad en general contra las mujeres y contra quienes desarrollan diferentes orientaciones sexuales o identidades de género.
El CNE llama al gobierno nacional a fortalecer y acelerar la implementación de las políticas públicas y vigilar el cumplimiento y sancionar el desacato de las normas designadas a prevenir y eliminar las disparidades que afectan a las niñas, las adolescentes y las mujeres en la sociedad peruana, así como a personas de la comunidad LGTBIQ+. Esto solo será posible con la implementación transversal del enfoque de igualdad de género en las políticas públicas.
Confiamos en que las actuales y futuras autoridades en el sector público, darán un tratamiento correcto y oportuno a cualquier denuncia de trabajadoras o trabajadores que puedan estar siendo víctimas de acoso laboral o sexual, protegiendo siempre la integridad de la persona agraviada y suspendiendo de inmediato de funciones a la persona acusada, mínimamente mientras se produzcan las investigaciones del caso.
Apoyamos también el que se intensifiquen, por diversos medios, las acciones para sensibilizar y educar a funcionarias y funcionarios, servidoras y servidores de todos los niveles del Estado, así como a toda la ciudadanía, en los principios y prácticas que deben regir su comportamiento vinculado a diferencias de género, y también difundir los procedimientos para denunciar, investigar y sancionar a los acosadores.
El acoso laboral y sexual es expresión del machismo profundamente arraigado en nuestra cultura. Es responsabilidad de toda la ciudadanía y sus autoridades y muy especialmente de quienes tienen responsabilidad en la gestión pública o privada de instituciones del sector educación, desterrarlo de su conducta y contribuir a su desaparición de manera acelerada y sostenida, tal como lo señala el Proyecto Educativo Nacional al 2036. El cambio cultural requiere no solo sanciones, sino más y mejor educación, tanto en el nivel básico como en el superior y comunitario.
Lima, 13 de octubre de 2021
