Ricardo Cuenca Pareja / Palimpsesto
El pasado lunes 24, el congresista Javier Velázquez Quesquén, con el aval de los miembros de la bancada aprista, presentó un proyecto de ley que modifica la ley universitaria. Específicamente, el proyecto busca modificar 9 artículos que afectan principalmente a la Sunedu.
El proyecto incluye una débil exposición de motivos apoyada en sentidos comunes sobre la universidad y presenta cambios que impactan en tres asuntos esenciales para impulsar una reforma universitaria.
Reforma sin Ministerio de Educación
El Ministerio de Educación desaparece de la reforma. Deja de ser un ente rector y, por lo tanto, la reforma queda sin posibilidad de tener una instancia que piense la educación superior como política pública. Desde una perspectiva falsa y equivocada se elimina al Minedu en nombre de la autonomía.
Esto no solo va en contra de las tendencias (la mayoría de países tiene viceministerios o instancias afines), sino que se insiste en algo que no existe en la legislación actual: la vulnerabilidad de la autonomía universitaria.
Sunedu sin meritocracia
El proyecto de ley propone la eliminación del concurso público para la conformación del consejo directivo de Sunedu y propone que los rectores (3 de universidades públicas y 3 de privadas) elijan a representantes, quienes a su vez seleccionaran al superintendente.
La mayor traba del modelo anterior (que incluye la inoperancia de la ANR en temas de aseguramiento de calidad) es tener una instancia que sea juez conformada por las partes.
Oferta universitaria sin calidad
El más grave de los problemas que resulta del proyecto de ley es la eliminación del licenciamiento para la oferta universitaria existente. El proyecto propone que el licenciamiento sea solo para nuevas universidades.
Este sinsentido impacta negativa y directamente al corazón de la reforma que es el aseguramiento de calidad. Con esta propuesta la mala oferta universitaria actual seguirá existiendo y el Estado no tendrá herramientas para asegurarle a los ciudadanos que aquello que existe en el mercado educativo tiene un mínimo de calidad.
Este proyecto de ley se suma a los muchos intentos por detener la implementación de la reforma. Confirma que hay quienes no quieren que haya regulación de la calidad, sea por cuestiones ideológicas o por intereses particulares afectados.
La reforma y la Sunedu tienen fallas y demoras que tienen que ver con su implementación. Corresponden al aprendizaje que el Estado y la sociedad vivimos en la búsqueda de regulación de la calidad. Por ejemplo, la Sunedu ha flexibilizado poco los estándares, ha demorado en el proceso de licenciamiento, ha equivocado en el orden de aparición de sus funciones (salió primero el reglamento de sanciones que el de estándares) y ha reaccionado con retraso frente a algunos problemas universitarios. El Minedu, por su lado, no ha buscado modificar su arquitectura institucional a favor de la reforma (no se ha jugado con la creación de viceministerio de educación superior) y ha retrasado el diseño y gestión de políticas de educación superior. No obstante, todo esto es solucionable sin tergiversar sus sentidos y los objetivos superiores.
Este proyecto de ley no ayuda a fortalecer la reforma. Por el contrario, la hace retroceder. Nos confina al status quo y en su búsqueda por mejorar, termina empeorando la calidad de nuestra precaria educación superior.
Fuente: La Mula / Lima, 25 de octubre de 2016
