El proyecto educativo nacional al 2021 y la situación actual

Manuel Iguíñiz Echeverría / Revista Ideele

A partir de una breve reseña de las políticas de Estado en Educación, en el actual período, el presente artículo se propone alcanzar algunas propuestas para su actualización y cumplimiento, poniendo énfasis en la educación básica.

I. Proceso de Renovación de la Política Educativa

A partir del año 2000 se desarrolla un importante proceso de renovación de las políticas educativas abarcando casi todos los ámbitos que tienen que ver con la educación formal, siendo  excepciones  la Educación Comunitaria y la Educación Básica Alternativa, las que han tenido un débil desarrollo.

Impulso democratizador y Políticas de Estado en Educación.

Estas políticas suceden a un período de bloqueo político con la dictadura fujimorista, en cuyo contexto  emergieron con fuerza  postulados de la sociedad civil (Cuenca )[1], entre ellas, las decisivas propuestas del Foro Educativo. En este marco democratizador y de movilización de la sociedad civil, se colocó la educación en la deliberación pública y se definieron importantes políticas de Estado en este campo. En la primera década del siglo se aprobó la duodécima política de Estado del Acuerdo Nacional sobre educación (2002), luego la Ley General de Educación (2003), con la que se ha normado el conjunto del sistema y, en el 2007, se aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021 (PEN):“La educación que queremos para el Perú”, abarcando las distintas dimensiones de la educación. En conjunto, se logró un diseño institucional básico, ubicando a la educación en el decisivo proceso de descentralización en marcha.

En el último quinquenio las medidas normativas e iniciativas, marcadas de manera general por una lógica de implementación,se orientan a aspectos más acotados, no siendo poco lo prometido. La gestión de la Ministra Salas levantó los temas de equidad en el proceso educativo y en la gestión pero no llega a implementar la carrera pública magisterial habiendo sido esta una de sus mayores iniciativas. A su vez, la gestión del Ministro Saavedra, además de continuar con las políticas de Salas, amplia el conjunto de medidas y programas (educación superior, educación intercultural bilingüe, currículo de educación básica y ajustes en los procesos de gestión, entre otros)[2], los que quedaron en proceso de concreción al interior de un marco de recentralización de la toma de decisiones.[3]

Es necesario señalar, que el desarrollo normativo en educación, en este último quinquenio, no logra una concreción lineal y coherente respecto de las políticas de Estado mencionadas más arriba, siendo más bien políticas con lenguajes y énfasis diferentes, conformando agregaciones normativas con continuidades, conflictos y transacciones, que han venido expresando las tensiones entre  los impulsosdemocráticos en educación y la continuación de la vieja lógica segmentadora y meritocrática.

Ratificar y actualizar  los acuerdos en educación

Los actuales acontecimientos motivan a lo que recientemente ha señalado Carmen McEvoy, a raíz de los desastres relacionados al Niño Costero. “Lo que nos espera, si queremos actuar de acuerdo con la grandeza del país que nos vio nacer, es la construcción de las bases materiales, políticas e ideológicas de la república.”[4] Los intensos acontecimientos que estamos viviendo en el país, como la mega  corrupción, los embates de la naturaleza o la ofensiva sobre la equidad de género, impactan perentoriamente en exigencias a la política educativa y no obstante, estar estos temas incluidos en las definiciones actuales de ella, obligan a redimensionarlos y acentuarlos en una óptica de multisectorialidad, así como de una amplia articulación intergubernamental y con la sociedad civil, apelando a los acuerdos nacionales y políticas de Estado que son frecuentemente subvalorados, si no ignorados.

Es así que en este contexto es necesaria la actualización de la política  educativa, atendiendo vacíos,  mirando al tramo final de implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2021  y del  inicio de la formulación de una nuevo PEN, post 2021.

II. Fortalecer la  educación para la justicia  social

La primera parte del PEN al 2021 trata de la relación reciproca de educación, democracia y desarrollo sostenible, desde la cual se desprenden los sentidos de la educación. Algo que podríamos sintetizar  como:que educación necesitamos para un país más justo. Los sentidos sociales de la educación son el cemento que  permite que los objetivos estratégicos converjan y apunten al desarrollo sostenible.

Afirmar la equidad educativa

Si se quiere lograr sosteniblemente la equidad educativa es necesario partir de la atención integral a la primera infancia, pues las carencias y la inequidad temprana marcan estratégicamente la trayectoria de las personas. Si bien la ampliación de la cobertura de educación inicial es uno de los casos más significativos de avance en el actual período[5], para el 2021 se requiere cumplir la meta de universalización con calidad (sin  olvidarla en secundaria y la  enorme deuda en Básica Alternativa). Pero es necesario recordar que la calidad con equidad requiere de la confluencia  multisectorial y de la atención a la diversidad, política que debería apoyarse en los municipios potenciados y no en la llegada directa de los ministerios a las  localidades, para compensar sus déficits de legitimidad,  imponiendo desde el centro  una política uniforme[6].

A su vez, el otro gran desafío para la equidad educativa es atender el terrible retraso y la especificidad del área rural. Felizmente el Minedu decidió formular una política para el área rural: es clara su articulación con la de EIB y la política docente. Se trata de un tema social integral, en un contexto a diagnosticar, designado hace unos años como una “nueva ruralidad”. Requiere  un programa respaldado, es decir parte de un acuerdo entre sociedad civil y Estado con posibilidades  de sostenibilidad y con descentralización. Es necesario ligar ruralidad, docencia e institucionalidad escolar de manera pertinente. La transferencia de las intervenciones pedagógicas que ofreció el MINEDU contribuye a crear condiciones para esta pertinencia.

Finalmente, la extrema desigualdad en el sector público, (también en el sector privado, que no está contemplado en este breve artículo) que va desde las escuelas unidocentes hasta los Colegios de Alto Rendimiento(COAR),  hubiera sido mejor enfrentada ampliando el tiempo de aprendizaje  -la Jornada Escolar Completa (JEC)- con modalidades flexibles, desde la Educación Primaria y rural, para los más vulnerables, en territorios de mayor pobreza. La JEC que se ha establecido sólo de tercero a quinto de secundaria, amplía la inequidad en un primer período, como lo sostuvo el propio ministro Saavedra,[7] quien dijo que tomará siete años incorporar a todos los alumnos y mientras ello se produce la desigualdad se mantiene. Nosotros creemos que no tendría por qué producir inequidad en ningún periodo si se hubiera seguido el PEN al 2021, iniciándolo desde la base del sistema educativo y en los sectores más pobres, como el rural.

Considerar al currículo nacional en construcción

El Currículo Nacional de Educación Básica, que acertadamente se propuso incluir las tres modalidades (regular, alternativa y especial), aún debe continuar su proceso de construcción social y profesional. Por ejemplo, revisar las competencias y los estándares según los aspectos generales: Los Principios, Los Retos de la educación, El Perfil de Egreso y Los Enfoques Transversales. Asimismo, tiene como tarea formular participativamente los lineamientos pedagógicos de la Educación Básica Alternativa y la Educación Básica Especial para  diversificar en el  nivel regional y adecuarlo a los diferentes alumnos en la escuela.

Por otro lado, es necesario ponderar adecuadamente los resultados de las mediciones estandarizadas de los aprendizajes a nivel nacional. Si bien estas tienen un valor acotado, que a nuestro entender, principalmente aporta información sobre las desigualdades, se han convertido en el gran criterio de calidad, tendiendo a restringir el currículo ejecutado.Las pruebas no pretenden medir toda la calidad de la educación, por lo que es preciso evitar  el adiestramiento para ellas. Acertadamente, el Minedu ha elaborado una cartilla indicando cuatro “Practicas NO deseadas en el marco de la ECE”. En todo caso es de interés señalar que en las pruebas nacionales se muestran mejoras sostenidas en rendimientos en segundo de Primaria pero sigue muy bajo el rendimiento en  segundo de Secundaria.Está previsto dar continuidad a las mediciones nacionales por medio de pruebas muestrales en las que debería incluirse una para quinto de Secundaria. 

Defender el Enfoque de Igualdad de Género

Un  enfoque  transversal importante del currículo para la formación integral del ciudadano es el Enfoque de la  Igualdad de Género que dialoga con los avances en la construcción de equidad que se han venido dando en la sociedad.

La campaña  “Con mis hijos no te metas” demanda que el  “Enfoque de Igualdad de Género” y  el concepto de “género” sea retirado del currículo.Retirarlo  de  la programación de aula  no significa, ni de lejos, sacarlo de la vida escolar. La educación sexual  y de género más importante no es el currículo oficial, sino la  que se produce en las relaciones sociales en la familia, el colegio, los amigos,el barrio, las asociaciones deportivas, los libros y  medios de comunicación masiva y cada vez más en  la información  que viene libre en internet. Los estudiantes  interactúan y se comunican permanentemente en los ambientes en que socializan, en los que se integran y  aprenden en la pluralidad de pareceres,  experiencias, estilos humanos.  La educación crea vínculos o lazos entre personas, precisamente, diferentes, de diferentes familias, recursos y culturas. Ello no los ha pervertido, al contrario enriquece su vida y autonomía de criterio.

La escuela justamente es una comunidad  que ayuda al dialogo de esos  aprendizajes en distintos ambientes,  principalmente, viviendo  la igualdad de género, en todas sus actividades escolares, en lo que se denomina el currículo oculto.Se pretende restringir la libertad de los jóvenes, en este ámbito escolar y en otros ámbitos sociales, volviendo al tema un tabú. Libertad que se complementa con el derecho a vivir en familia,  como aprobó la Convención de Derechos del Niño  “para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión,”. El derecho de la familia a la educación del niño no es absoluto.Suprimir el enfoque de igualdad de género puede más bien reforzar la cultura  patriarcal  y el sexismo.

Revaloración de la docencia

Con la Ley de Reforma Magisterial se logró superar la nociva división en dos regímenes laborales, camino para formular una política integral docente. La evaluación docente  y los ascensos pusieron como pivote los desempeños. Se anuncio el inicio de la evaluación de desempeño docente. Evaluación cualitativa donde el docente expresa su maestría en la enseñanza- aprendizajes.Esperamos para ello un trabajo  cooperativo. De igual modo en el caso del acompañamiento pedagógico fortalecido con protagonismo regional.

Además son necesarias medidas como las siguientes i) Elevar el piso salarial. El presidente Kuczynski se comprometió con una remuneración básica de S/.2000, pero se traslado la efectivización de la meta al año 2018.Ahí se agrega la necesidad de desandar la decisión de reducir la diferencia entre la primera escala y a octava, pues se ha achatado la diferencia entre el inicio y el final de la carrera magisterial.ii) Aumentar  el nombramiento de docentes contratados y el aumento en la cantidad de los docentes que ascienden de  nivel con el fin de fortalecer el compromiso profesional con la calidad de la educación. iii) Articular la formación docente a la  implementación de currículo nacional (como también el de los directivos, área clave de la gestión de  mejora de la calidad en las escuelas).

El relanzamiento de la descentralización

La mayor reforma del Estado peruano, la descentralización, se basa en la diversidad de territorios, es decir sociedades y culturas. La reforma de arriba abajo debilita las capacidades de los niveles subnacionales y los de las escuelas para abordar la diversidad, la innovación en la enseñanza y en las políticas. El centralismo pretende atender la inmensa diversidad de los territorios desde arriba y desde lejos. Alucina que puede formular las políticas específicas para todo el país  y que sean ejecutadas en cada territorio por los actores locales, como  una cadena de transmisión. Siembre los actores locales reinterpretan los mandatos de arriba según su experiencia, criterios, condiciones propia. Nunca operan como robots, pues son personas con autonomía, si no dejarían de ser  educadores.

Además, la descentralización se justifica en la necesidad de sustentabilidad de los cambios socio- educativos con la iniciativa y capacidad local en los territorios. La descentralización, como proceso eminentemente político, está siendo sustituida, como se ha indicado,  por la inversión en obra física en regiones y de ejecución de Intervenciones  pedagógicas del Minedu.La descentralización requiere un gobierno central fuerte y cooperante con los otros dos niveles de gobierno. La descentralización  requiere también eficacia y, específicamente, la mayor provisión de personal especializado en los niveles subnacionales y en las escuelas, reasignando plazas desde el enormemente expandido Minedu. La legislación establece un rol rector —y no ejecutor— del Ministerio, que actualmente invade áreas de los niveles sub-nacionales, intervención que no se puede avalar con normas de menor jerarquía. También monitorea  directamente la calidad de la gestión del servicio  de las UGEL e Instituciones Educativas, con discutidos Bonos y  Compromisos de Desempeño, interfiriendo funciones de las DRE, con las cuales debe cooperar.Finalmente, ante la eclosión de la corrupción en el país  la descentralización hacia la  escuela como comunidad educativa democrática, con autonomía, refuerza  su misión de preparar al ciudadano, en valores éticos desde la gestión democrática  escolar.

Fuente: Revista Ideele / Lima, abril de 2017