EDITORIAL
Tenemos nuevo presidente, como también la promesa de un gabinete totalmente renovado y el anuncio de la primera prioridad de esta nueva gestión gubernamental: la educación. En ese contexto, todos los peruanos queremos ver en esta etapa la oportunidad de volver a sentir esperanza. No obstante, nuestra experiencia en el campo de las políticas públicas nos obliga a levantar algunas alertas y proponer varios desafíos para que la educación regrese realmente como una auténtica prioridad de gobierno.
El Perú inició el nuevo siglo con una inmensa promesa republicana: reforma profunda del sistema educativo a través de políticas de Estado, con objetivos de largo plazo. Era una vieja deuda pendiente. Había que romper la nefasta tradición de ministros que duraban en promedio solo 8 meses en el cargo, que llegaban cada uno con agenda propia y mirada de corto plazo, desconociendo lo mucho o poco que lograron sus antecesores. Es así que el año 2002 se crea el Consejo Nacional de Educación, justamente, con la misión de diseñar un Proyecto Educativo Nacional a través de una concertación plural con la ciudadanía. Luego de 5 años de arduo trabajo en esa perspectiva, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 fue aprobado en el 2007.
Mantener una misma línea de continuidad en los procesos de cambio esbozados en el Proyecto Educativo Nacional no ha sido fácil, pues todo cambio estructural requiere tiempos de maduración y, por tanto, perseverancia, sostenibilidad, como nos han enseñado los países que lograron reformar sus sistemas y mejorar su efectividad a lo largo de una o dos décadas. Requiere también prepararse para afrontar resistencias, pues romper el statu quo afecta intereses, los mismos que se organizan para aprovechar cualquier error para desacreditar y descalificar. Sin embargo, desde el año 2011 el país encontró una ruta de reforma que el ex presidente Kuczynski prometió continuar y defender cuando asumió su mandato. Ruta que, lamentablemente, en sus últimos meses de gobierno, empezó a frenarse, revertirse o desvirtuarse.
Es el caso, por ejemplo, de la reforma universitaria, de la Carrera Pública Magisterial, del Sistema Nacional de Formación Docente, del nuevo Currículo de Educación Básica, de la descentralización de la educación, y de la política de educación rural, ámbitos en los cuales se han empezado a introducir modificaciones que amenazan su sentido original y ponen en riesgo su impacto, o a los que se les ha restado presupuesto quitándoles prioridad.
Son de público conocimiento los intentos de poner al frente de la SUNEDU a personajes opositores a la ley universitaria; o el proyecto de ley que pretende el nombramiento anual de 15 mil docentes contratados con pruebas menos exigentes, medida que desvirtúa el sentido meritocrático de la Carrera Pública.
Menos conocidos son, por ejemplo, el archivamiento del Sistema Nacional de Formación Docente, un proyecto diseñado a lo largo del 2017 para que los maestros en ejercicio puedan avanzar progresivamente en el desarrollo de las competencias básicas que exige la profesión. Se desestima para retroceder a la era de las capacitaciones masivas en contenidos teóricos, una política facilista que muchos países han venido dejando atrás desde hace años por ser demostradamente ineficaz. Asimismo, el freno a la segunda etapa del plan de implementación del nuevo currículo de educación básica, con la anunciada intención de hacerle nuevas modificaciones, en un contexto en el que se endurecen las presiones para suprimirle el enfoque de equidad de género. Igualmente, el ingreso a la congeladora y sin asignación presupuestal de la nueva política de educación rural, que se había venido trabajando con seriedad a lo largo de un año, a fin de darle una mayor pertinencia sociocultural a la educación que se ofrece a los estudiantes de las áreas rurales.
Son estas las acciones que el presidente Vizcarra necesita retomar, proteger y fortalecer. Retomar el camino de los cambios y recuperar el tiempo perdido requiere, sin embargo, un esfuerzo concertado y tenaz, con mirada de largo plazo, que combine diversas perspectivas. La complejidad de los problemas y escenarios en educación ha generado en el pasado una falsa tensión entre tecnócratas pragmáticos enfocados en la gestión, al parecer carentes de utopías, y pedagogos obsesionados con el salón de clases, al parecer idealistas. La experiencia ha demostrado que ambas dimensiones necesitan interactuar pues ninguna puede por sí misma afrontar con éxito la reforma del sistema educativo. En esa perspectiva es que necesitamos fortalecer equipos y liderazgos, técnicamente solventes, con visión de largo plazo y mirada de conjunto.
Recordemos que son numerosos los intereses que afectan las reformas y dura la reacción de los afectados, sobre todo cuando tienen representación política y ningún escrúpulo para salir a defenderlos desinformando a la ciudadanía. Se necesita por eso, además, una enorme capacidad de resiliencia y dar mayor legitimidad social a las reformas. Los consensos técnicos no bastan. Necesitamos hablarle al ciudadano y ganar su comprensión a la necesidad de los cambios.
El presidente Vizcarra ha dicho que la educación será su prioridad. Si esto es así, las reformas que la educación necesita y que estaban encaminándose, necesitarán retomarse, mejorarse y protegerse con firmeza, debiendo primar nuevamente el criterio técnico sobre el político en la designación de autoridades. En esa ruta, el presidente deberá ser respaldado sin reservas.
COMITÉ EDITORIAL
Lima, 26 de marzo de 2018
