Entrevista a Jorge Mori Valenzuela | EDUCACCIÓN
Jorge Mori Valenzuela ha cumplido dos años como Director General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Ha invertido quince años de su vida profesional a investigar y elaborar propuestas de política relacionadas a la educación superior, desde la sociedad civil, desde el Estado y desde la cooperación internacional. Tuvo, además una participación destacada en la aprobación de la Ley 30220, la ley de reforma universitaria, como asesor en el Congreso de la República. Para despejar dudas sobre la compatibilidad de la iniciativa de ingreso libre a las universidades y el esfuerzo que se ha venido haciendo por elevar el estándar de calidad de estas instituciones, EDUCACCIÓN lo entrevistó. Este fue el resultado de nuestra larga y franca conversación.
Sabemos que la pandemia puso al mundo de cabeza, afectando de manera muy especial a la educación y a sus instituciones ¿Cuánto ha perjudicado en particular a la reforma universitaria que estaba en proceso?
Con la ley universitaria, el Estado inició la construcción de las capacidades que le permitan cumplir lo que el Tribunal Constitucional llamó “el deber de garantizar la calidad universitaria”, que es una responsabilidad pública. La ley universitaria le da al Ministerio de Educación (MINEDU) la rectoría del sistema y crea un organismo regulador, que es la SUNEDU. Así, el MINEDU se convierte en el organismo responsable del fomento de la calidad y la SUNEDU se convierte en el organismo responsable del control de la calidad.
Ahora bien, ¿ha sido posible avanzar en ese objetivo en este contexto de pandemia? La respuesta es sí. Un primer hito importante en todo este proceso de reforma es la recuperación del protagonismo del Estado en el rol de garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad. Por el lado de las universidades, el proceso de licenciamiento ha permitido una formalización del sistema, pues lo que había pasado y que justificó la aprobación de la ley 30220 del 2014, fue que el sistema universitario peruano había caído en una grave situación de ilegalidad, que incluso iba más allá del problema de la calidad. Se había llegado a un nivel de gran informalidad del mercado universitario, lo que se ha corregido con el licenciamiento y con la labor que ha venido realizando la SUNEDU en la regulación, y el MINEDU en el financiamiento.
Definitivamente, la reforma pone el interés superior del estudiante como el centro de todos los esfuerzos y ha llevado a que el sistema universitario corrija la informalidad en que había caído por falta de regulación. Si hiciéramos un balance, habría que mirar cómo está haciendo el Estado para garantizar el derecho a una educación universitaria de calidad. Luego de la culminación del proceso de licenciamiento, hoy se tiene un sistema universitario mucho más formal, más ordenado. Lo que queda ahora es la tarea de llevar al sistema universitario, hacia niveles de excelencia y de competitividad regional. Ese es el reto que tenemos para la siguiente década.
La contrarreforma y los impactos colaterales
Sabemos que la reforma ha enfrentado una oposición tenaz de parte de las entidades más afectadas por su no licenciamiento ¿Esto se ha atenuado o seguimos en las mismas?
La formalización y el esfuerzo por dar cumplimiento a las condiciones básicas de calidad ha logrado mucha legitimidad, la opinión pública la ha apoyado mayoritariamente, pero todavía hay dificultades que se deben seguir enfrentando, y uno de ellos es la desinformación. La reforma necesita ser explicada permanentemente, requerimos que la ciudadanía siga apoyando su importancia. Si el Estado no hace el esfuerzo por explicarla, puede perder esta legitimidad, pues es difícil comprender por qué algunas universidades no han logrado cumplir condiciones mínimas de calidad o por qué es importante que las cumplan para obtener su licenciamiento.
Un tema clave para los próximos años es que el Estado siga acompañando la situación de los estudiantes de las universidades con licencia denegada, aunque la principal responsabilidad recae en las propias autoridades de dichas universidades.
La sostenibilidad de la reforma no depende solamente de sus avances, sino también de la capacidad del Estado para atender a estos jóvenes de las universidades con licencia denegada. No se les puede abandonar, pues aún están en una situación de vulnerabilidad por responsabilidad de sus propias universidades.
Ahora bien, ¿Qué opciones tienen? Aquí viene lo importante. En el 2019, el Estado aún no había definido qué iba a pasar con las universidades públicas con licencia denegada. Durante la gestión de la ministra Flor Pablo y la viceministra Patricia Andrade, diseñamos un mecanismo, un plan de emergencia, que permita las universidades públicas volver a presentarse al proceso de licenciamiento. En realidad, todas las universidades, públicas y privadas, tienen ese derecho si se les ha denegado la licencia. Tienen varias oportunidades para cumplir las condiciones de calidad de SUNEDU, las reglas son claras en ese sentido. Lo que ocurre es que hay algunos aspectos que aún tienen que ser mejor definidos por el Estado, como una ruta más clara para estas universidades con licencia denegada.
¿Estos temas no estaban contempladas en la estrategia de reforma?
A inicios del 2019 no había esta ruta. Sacamos una normativa, salió un decreto supremo para que la universidad pública con licencia denegada pueda ejecutar un plan de emergencia. Una vez culminado y cumpliendo las condiciones básicas de calidad, se podía presentar nuevamente al proceso de licenciamiento. Hasta ahora no hemos logrado resolver este tema con las universidades privadas o asociativas y ese es un problema que se debe resolverse muy pronto.
Lo intentamos en el anterior gobierno y con el anterior congreso, se logró aprobar un proyecto de ley que permita al Ministerio de Educación intervenir las universidades privadas o asociativas sin fines de lucro, porque en ellas los estudiantes la están pasando muy mal después de negárseles la licencia. Aún hay algunos vacíos legales que llenar de esa normativa, respecto a las consecuencias de la denegatoria. Un ejemplo es lo que pasa con las asociativas, ahí hay una bomba de tiempo, un problema social que hay que resolver. Creemos que el ministerio debe tener la capacidad de intervenirlas para encargarse del proceso de cese.
Otro aspecto importante es cómo atender a estos jóvenes, cómo darle facilidades para el traslado a una universidad licenciada. Su primera opción es terminar sus estudios en la misma universidad. Otra opción es trasladarse, aunque para hacer eso hay a veces muchas dificultades. Por eso lanzamos la llamada Beca de Traslado y una plataforma que les brinde información sobre la posibilidad de traslado. Esta semana sacamos una norma con orientaciones para el traslado externo extraordinario a las universidades públicas. También hemos financiado vacantes en universidades púbicas, para que estos jóvenes se puedan trasladar. Estos mecanismos de apoyo tienen que continuar, debemos seguir atendiendo a todos, hasta el último estudiante, el Estado no puede desentenderse de ese problema.
Hay, entonces, diversos mecanismos para afrontarlo, la intervención de esas universidades para hacerse cargo del proceso de cese, las facilidades de traslado, las becas, el financiamiento de vacantes en universidades públicas, las plataformas de comunicación, normas especiales, son miles los jóvenes que todavía están en una situación de vulnerabilidad. Necesitamos resolver esto de una manera estratégica porque es lo justo y porque la reforma necesita conservar su legitimidad, pro vamos a necesitar el apoyo del Congreso de la República y del Ministerio de Economía. Para el caso de las universidades privadas o asociativas con licencia denegada, existe un proyecto de ley que otorgue al Ministerio de Educación la capacidad de intervenir esas universidades y necesita la aprobación del Congreso. También hay una necesidad presupuestal que atender, por ejemplo, para las becas, para financiar más vacantes y los mecanismos de traslado. Todo eso es financiado por el Estado.
Avances de la reforma universitaria en un contexto difícil
¿Qué otros avances de este último periodo merecen destacarse? Por ejemplo, más allá del tema universitario, ¿Qué se ha hecho a favor de la educación técnica?
Es importante subrayar que, a pesar de las dificultades, el ministerio ha venido cumpliendo su labor de rectoría, hemos puesto muchos esfuerzos por atender los efectos colaterales de la reforma, pero otro tema importante en que hemos podido avanzar ha sido la aprobación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva. Para nosotros marca un hito. En realidad, esta política marca un rumbo hasta el 2030 y articula toda la educación superior. La reforma universitaria es, sin duda, trascendental para el país, pero el problema de la universidad no va a resolverse mirando solo esa variable, hay que mirar a la educación superior en su conjunto para que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a las diferentes alternativas de educación superior, ya sea un instituto tecnológico, pedagógico, artístico. En educación superior estamos viendo una pirámide invertida, donde tenemos un 65% de la matricula en el ámbito universitario, pero vamos al mercado y la pirámide se invierte, porque el ámbito universitario es solo el 20% de lo que pide el mercado, lo que más demanda son técnicos.
Es decir, el sistema de educación superior está diseñado de tal forma que lo universitario es la gran mayoría y lo tecnológico es lo menor, pero en el mercado laboral la pirámide se voltea. Hay un subempleo profesional altísimo, miles de egresados de universidades trabajan en oficios para los que no necesitaban ir a la universidad. Si tenemos estos ratios de subempleo profesional entre los universitarios, eso plantea la necesidad de una propuesta para toda la educación superior.
Por eso fue muy importante la aprobación de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva en agosto del 2020. Nos está permitiendo entrar a otra etapa. Así como en el 2014, cuando empezó la ley universitaria, o en el 2016 con la ley de institutos, el 2020 con la aprobación de la política y la culminación de esta primera etapa de licenciamiento, estamos entrando a una segunda etapa de la reforma. Ahora podemos discutir no solo las condiciones básicas de calidad, sino la ruta hacia la excelencia de la educación universitaria, la ruta para los institutos tecnológicos y para la educación técnica. De esa manera, podemos separar en dos momentos el proceso de reforma: desde la ley universitaria hasta al aprobación de la política; y desde la política hasta el 2030, que va a representar la agenda de mejora de la calidad y pertinencia de toda la educación superior y técnico productiva.
¿Universidad digital? Las condiciones
¿Y qué podemos decir de la oferta remota a la que se han visto obligadas a transitar? Este ha sido un giro repentino, drástico, para el que estábamos preparados.
Ese ha sido un tercer hito, importantísimo en toda esta etapa, y tiene que ver con la manera que se afrontaron las tensiones y los impactos creados por la pandemia en el sistema universitario. Implementamos una modalidad llamada “Educación remota de emergencia”, que ha permitido que el 100% de las universidades continúen brindando el servicio de manera remota en todo este periodo de emergencia. Las tasas de deserción o interrupción de estudios se han mantenido en los ratios históricos a partir de esta estrategia, que ha sumado a la entrega de chips, la capacitación en herramientas digitales, el fortalecimiento del equipamiento tecnológico de las universidades, la capacitación docente, el presupuesto para operaciones básicas. Se desarrolló una estrategia de intervención para que la universidad peruana, especialmente la pública, continuara brindando el servicio en medio de la pandemia, lo que ha abierto una ruta hacia la semi presencialidad de la educación superior universitaria. La pandemia nos está permitiendo dar los primeros pasos para adecuar al sistema universitario peruano a estos grandes procesos de virtualización y digitalización de la educación superior. Esa ruta va a continuar en los próximos años y eso podría englobarse en los grandes temas sobre los que hemos estado trabajando durante todo este tiempo.
En marzo del 2020, salvo excepciones, la universidad peruana en general no estaba preparada para un proceso de virtualización agresivo. Entonces, el Ministerio de Educación dio un financiamiento especial para acelerar procesos. Ahora ¿Cómo medimos la virtualización o educación remota de emergencia? Nos focalizamos en el tema de la interrupción de estudios, es decir, nuestro indicador más grueso era que los estudiantes no abandonen los estudios por la pandemia. Mucho del esfuerzo del Estado ha ido en ese sentido. En 2020 se invirtió más de 500 millones de soles en acciones de continuidad del servicio universitario, los esfuerzos estuvieron dedicados a mirar el indicador vinculado a la interrupción de estudios o abandono, evitar que se elevara críticamente y en permitir que todas las universidades continuaran brindando el servicio ahora de manera remota.
Se logró que la tasa de interrupción o abandono de estudios, que antes de la pandemia estaba en un 12%, llegara al 2020-1 a un 18%. Para el 2020-2 cayó al 16% en términos generales, aunque la universidad pública prácticamente se ha mantenido en un porcentaje del 9 o 10%, que son sus ratios históricos. El crecimiento de 12% a 18% fue en las universidades privadas, pero ya en el 2020-2 el 18% se convirtió en 16%. Entonces, en términos generales, nuestra medida ha sido que el 100% de las universidades públicas iniciaron educación remota de emergencia y que la tasa de interrupción de estudios la hemos mantenido en sus niveles históricos.
Hemos aplicado encuestas de satisfacción a los estudiantes, porque la idea es ir bajando hasta llegar al aula, allí donde se juega la calidad, al encuentro entre el docente y el estudiante. Podemos tener estos números macro, pero lo importante es que el Estado se acerque cada vez más a medir lo que está pasando en la interacción entre estudiantes y docentes. Por eso hemos pasado a un segundo nivel de indicadores que tiene que ver con medir satisfacción de los estudiantes, y cerca del 70% de ellos manifiestan estar satisfechos de la educación recibida a nivel remoto.
Sin embargo, hay problemas que estamos arrastrando. Si bien todas las universidades públicas empezaron el 2020 sus clases remotas, lo hicieron de manera desigual, algunas empezaron en abril, como la Universidad San Agustín de Arequipa, otros arrancaron en junio, como la Universidad de San Marcos, y otros empezaron en agosto, como la Universidad Agraria. Eso hace que sus ciclos académicos se hayan desordenado durante el 2021 y probablemente el 2022. La SUNEDU ha autorizado que puedan hacer hasta tres ciclos en un año, pero hay ahí un desfase de todas maneras que las universidades van a tener que resolver. Por otro lado, no todas las carreras han pasado por los mismos problemas. Para un estudiante de administración o derecho, la virtualidad incluso puede haberlo favorecido; pero, hay carreras, por ejemplo, las de medicina, que se han visto más perjudicadas por esta situación. Tal vez va a tomar unos dos años tras la pandemia el poder atender todas las secuelas de estos problemas que se han generado.
De todos modos, el Estado tuvo una gran reacción y eso fue como producto de la reforma. Si la pandemia nos hubiera encontrado como estábamos en el 2014, las consecuencias hubieran sido muy graves, sin un ministerio que pueda intervenir, sin una SUNEDU que regule, sin universidades con condiciones de calidad. Ahora hubo mucha contención porque se venía de un proceso de reforma, de cumplimiento de condiciones de calidad y había un ministerio con capacidad para reaccionar.
En síntesis, el balance de la situación de la pandemia en el sistema universitario se debe enfocar desde dos puntos de vista. En primer lugar, la atención a las secuelas de la pandemia que vamos a tener que atender años después de que termine. Por ejemplo, para los estudiantes de medicina, de ciencias de la salud, que se han visto perjudicados y hay que atenderlos. En segundo lugar, el Estado ha invertido más de 500 millones de soles en la continuidad del servicio educativo, las universidades han tenido que pasar por un proceso muy agresivo de virtualización. Las universidades ya invirtieron, el Estado ya invirtió, ahora hay que seguir madurando este proceso, sobre todo en la universidad pública, porque ya han desarrollado competencias, tenemos docentes con competencias digitales, hay universidades mucho más fortalecidas en su educación remota, lo que es muy importante porque el 2022 la pandemia va a continuar.
Lo previsto para el 2022 es que las universidades pasen a una modalidad semipresencial, pero evaluando cómo se van dando las cosas, porque es una semipresencialidad de emergencia. Se tiene que ir paso a paso. Se tendrá que seguir invirtiendo en las capacidades digitales de las universidades públicas, entre el 2020 y el 2022 tendremos tres años en un proceso de transformación digital de la universidad pública.
Asumamos que en diciembre del 2022 termina la pandemia y el 2023 se vuelve a la presencialidad. Luego de tres años de haber invertido en la virtualización, la universidad ya no va a querer volver a lo que fue el 2019. Ni qué decir de las privadas, que plantearán la necesidad pensar en el futuro de la semipresencialidad. Toda esta atención e inversión nos está llevando a un proceso que, en la práctica, va a ser irreversible. La oferta universitaria apuntará a una virtualización agresiva, eso va a continuar, es un proceso que a nivel global ya se observa, solo que en el Perú estábamos todavía muy atrás.
El ingreso libre a las universidades y la calidad del servicio
En el contexto de todo lo que señalas, ¿Qué podemos decir sobre la propuesta de ingreso libre a las universidades? Muchos temen que tenga impacto negativo en la calidad del servicio ¿Es así? ¿Cómo se está enfocando?
Lo primero que se debe aclarar es que ingreso libre no es acceso universal, es una modalidad de admisión que ya se practica en muchas universidades. Los estudiantes que terminaban en el primer lugar del cuadro de méritos en los colegios tenían esa posibilidad. Hemos recibido continuamente cartas de invitación de universidades privadas anunciando ingreso libre. En el Perú tenemos un grave problema de bajo acceso a la educación superior: solo 3 de cada 10 jóvenes pasan de la básica a la superior. Colombia está sobre el 50%, Chile está sobre el 80%, nosotros estamos en 33%. Por tanto, el problema es estructural y se debe a que los jóvenes no tienen alternativas para acceder a la educación superior, y las que hay son sumamente inequitativas. El problema es real.
El Ministerio de Educación está planteando ingreso libre como una modalidad de admisión y que puede convivir con otras modalidades dentro de las propias instituciones, no tiene que ser la única. Sin embargo, por la forma en que estamos empezando a diseñarla, el acceso libre va a dar oportunidades al talento regional, va a romper muchas barreras que hemos venido investigando con apoyo de organismos multilaterales y expertos internacionales.
Un ejemplo son los centros preuniversitarios. En la universidad pública se han convertido en una barrera muy grave de acceso. El que tiene dinero puede reservarse un porcentaje altísimo de vacantes para acceder a una universidad pública; pero el chico con menos recursos, que puede ser muy buen estudiante, se le acortan las oportunidades. El que tiene dinero para pagar esa preparación va a tener separado este porcentaje, que en algunas universidades públicas llega hasta el 40% de vacantes y que hace más atractivos a estos centros. Esto termina convirtiéndose en una barrera de acceso para el talento. Si estableciéramos un mecanismo de acceso libre para el talento regional, para los mejores estudiantes de los colegios públicos, estaríamos rompiendo esas barreras.
Estamos planteando preliminarmente una propuesta con tres componentes: primero, este mecanismo de acceso libre para el talento regional, que supondrá identificar a estos estudiantes de alto desempeño y escasos recursos; segundo, programas de nivelación para aquellos que requieran algún tipo de reforzamiento y a la vez algún tipo de becas, quizá vinculados al tema de manutención; tercero, el financiamiento para la ampliación de oferta de las universidades. Y esto porque la SUNEDU va a fiscalizar que las universidades licenciadas, en este caso las públicas, mantengan sus condiciones de calidad. Sobre eso, el Estado financiaría los recursos, docentes, administrativos, equipamiento, infraestructura, para que mantenga esas condiciones de calidad al momento de aumentar vacantes. De lo contrario, el Estado estaría poniendo en riesgo su licenciamiento. La SUNEDU ha sido bastante clara en reuniones de trabajo, indicando que ellos van a fiscalizar el mantenimiento de las condiciones básicas de calidad.
En síntesis, esta estrategia de ingreso libre y gradual a la educación superior busca resolver un problema estructural, pero se tiene que diseñar cuidando los avances de la calidad ya logrados como país. En eso, el ministro Juan Cadillo ha sido muy enfático. Hay que mantener y profundizar la reforma, la mejora de la calidad y el acceso. La ampliación del acceso debe ser una preocupación central, pero lo importante es que esta ampliación se haga con equidad y calidad, ese es el objetivo uno de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva.
Esto trabajo debe hacerse en coordinación con los rectores, porque las modalidades de admisión involucran también un tema de autonomía de la universidad. El Ministerio de Educación debe trabajar con un grupo de universidades públicas y hay algunas que ya han manifestado su interés, como la Universidad Nacional de Trujillo, la Universidad Nacional del Centro, de ser pilotos de este programa. Obviamente, detrás habrá financiamiento. Por indicación del ministro Cadillo y operativizando la voluntad expresada por el gobierno, estamos trabajando en favor de un ingreso libre focalizado y gradual, que permita dar mayores recursos a las universidades públicas sin arriesgar su calidad
A manera de conclusión
Se ha iniciado un nuevo gobierno en medio de muchas tensiones y también de expectativas ¿Cómo podemos seguir avanzando en esta nueva etapa?
Es importante como país demostrar capacidad para construir consensos en torno a los cambios que necesita la educación superior. No es un tema menor. Luego del proceso de licenciamiento, donde ya el sistema se ha depurado, donde los actores han cumplido con las condiciones básicas de calidad, hay que generar un clima de confianza con los actores para transitar hacia una ruta de excelencia. El Estado tiene que ser capaz de construir una relación de confianza entre las instituciones de educación superior, universidades, institutos y escuelas. Necesitamos fortalecer los espacios de coordinación y articulación, eso es fundamental para seguir avanzando en la reforma, en la construcción de consensos y del futuro que se necesita.
Por otro lado, el Estado requiere entender a la universidad pública y definir reglas específicas dentro de los sistemas administrativos para su adecuado desenvolvimiento y desarrollo. Los riesgos de la reforma ahora no están tanto en sus opositores, sino en la capacidad que tenga el Estado para entender cómo apoyar a la universidad pública a desarrollarse.
Lima, 23 de agosto de 2021
