EDITORIAL
En 1995 se estrenó una película en la que Michael Douglas hacía el papel de presidente de los Estado Unidos, un hombre liberal, viudo y con una pequeña hija, y Annette Bening el de una lobista ecologista que buscaba persuadirlo de cambiar una ley para reducir la contaminación ambiental. Mi querido presidente, dirigida por Rob Reiner, es una comedia romántica (ambos se enamoran) pero muestra a la vez cómo se produce el juego de influencias en las esferas de cualquier gobierno.
Grupos de interés buscando influir en el poder para que tome decisiones a favor de los propósitos que ellos promueven, siempre ha habido y existen en todos los países de la Tierra. Este hecho no es necesariamente malo y muchas buenas decisiones, nacionales o globales, se han logrado gracias a la acción perseverante de estos grupos. Hay los que propugnan, en efecto, políticas de protección del medio ambiente; grupos que defienden los derechos humanos, que luchan por mayor igualdad entre hombres y mujeres; o que reclaman mayor inversión en investigación para el desarrollo, entre tantos otros. Su característica común es que promueven y defienden derechos, buscan incidir en decisiones en beneficio del ciudadano.
Pero hay grupos que presionan exclusivamente a favor de intereses particulares. Buscan, por ejemplo, exoneración de impuestos, operar con algún material contaminante que les resulte más rentable, acceder a cargos o puestos de trabajo sin que se les ponga ningún requisito, funcionar sin supervisión, que se les exima de multas cuando cometen alguna infracción, usufructuar instalaciones o recursos públicos sin condiciones, imponer sus credos y prejuicios religiosos, entre otras ventajas o privilegios. Para que no luzca mal aparecer presionando al gobernante en beneficio propio, envuelven sus demandas en discursos que buscan convencernos de que tales beneficios son una contribución al país o que son la reivindicación de un derecho universal, exigible por todos.
Es lo que está ocurriendo hoy en el Perú y la educación lo está cobrando caro. De un tiempo a esta parte, estos grupos de interés -que algunos denominan mafias por su tendencia a burlar o torcer la legalidad- ya no buscan intermediarios en la clase política, sino que se postulan ellos mismos para cargos públicos, y una vez en el poder, sus decisiones se dirigen a conseguir las ventajas por las que siempre estuvieron pugnando, así vayan en contra del interés general o atenten directamente contra el bien común. La consecuencia es que la agenda ciudadana se posterga, subordina o distorsiona, porque no está en el centro de sus preocupaciones.
Es exactamente lo que ha venido ocurriendo con el retorno a clases presenciales, una decisión que hubiera seguido postergándose indefinidamente (ha habido declaraciones públicas de autoridades en ese sentido) si no hubiese mediado la presión de grupos preocupados no por sacar provecho propio del hecho, sino por la educación de los niños.
La decisión firme de abrir plenamente las escuelas, a horario completo, se ha tomado tardíamente en los últimos meses y arrastrando los pies, por lo que la operación que supone habilitar las escuelas y que hubiese supuesto una concertación intergubernamental a gran escala ha estado plagada de marchas y contramarchas, como lo demuestran los cambios y recambios en la normativa, así como las ambigüedades, generalidades y vacíos en aspectos clave como el pedagógico, hoy en la mira de grupos económicos y anti-derechos que sienten tener el camino allanado para imponer su agenda.
No cerremos los ojos. En ambos planos, el logístico y el de los aprendizajes, las cosas pintan difíciles. El Estado se encuentra sumamente debilitado y el liderazgo del ministerio de educación muy disminuido a consecuencia de los continuos cambios y presiones interesadas, por lo que aquí no caben triunfalismos. En esas condiciones, solo una gran movilización ciudadana, que respalde decididamente la buena, la enorme voluntad de docentes y directores podrá hacer de la reapertura de escuelas una experiencia auspiciosa en beneficio de niñas, niños y adolescentes.
Lima, 7 de febrero de 2022
