Patricia Correa Arangoitia | EDUCACCIÓN
Martha, es docente de la especialidad de educación secundaria, tiene 35 años, dos hijos, forma parte del 83.5% de los docentes[1] que, si tuviera la oportunidad de volver a elegir la carrera docente, lo haría.
Martha pertenece también al 41.4% de docentes contratados, trabaja en una escuela secundaria ubicada en una zona rural que, a la fecha, no tiene conectividad, pero que intenta estar contactada con sus estudiantes a través del teléfono de la comunidad. Martha es de las que ha asumido el desafío que plantea este nuevo contexto y el necesario distanciamiento social, el de repensar nuevas formas de comunicación y acompañamiento a sus estudiantes.
Martha es una de las miles de docentes cuya vocación por la escuela pública en zonas rurales es parte de su proyecto de vida. La pregunta es, ¿cómo canalizar y potenciar esta vocación profesional docente, en un escenario en el que el sistema educativo necesita reinventarse y a la vez acortar las históricas brechas de desigualdad entre el campo y las ciudades? El nuevo contexto necesita ser una oportunidad para avanzar en el desarrollo de una carrera docente que ofrezca a los docentes las condiciones básicas que requiere su acción pedagógica en contextos difíciles.
La política docente permitió que todos los nombrados sean parte de la Carrera Pública Magisterial, posibilitando un sistema que acompañe su trayectoria y una formación que fortalezca su desempeño. Sin embargo, el desafío mayor tal vez sea el avanzar hacia una carrera que otorgue las condiciones básicas para el ejercicio de la docencia en diversos contextos, en particular en el contexto rural, que es el que históricamente ha presentado las mayores desventajas y dificultades para garantizar aprendizajes de calidad a los estudiantes
Una pregunta clave para la toma de decisiones de Estado y de gobierno en la política educativa es esta: ¿Bajo qué condiciones aceptarías trabajar en una IE rural? Los que respondieron a esta encuesta en el 2018, lo hicieron de esta manera:
Todas las respuestas son posibles de llevarlas adelante desde una lógica de gobernanza territorial y articulación intergubernamental, para que la gestión de la política docente, tradicionalmente pensada solo desde el Minedu, puede ser un compromiso compartido por todos. El desafío estratégico de los gobiernos regionales, articulado a los gobiernos locales, es planificar el sistema educativo e identificar las necesidades docentes desde este escenario territorial y de gobernanza. Tres respuestas clave que desafían a los gobiernos.
1. Planificación de la oferta y formación docente. La planificación territorial debe permitir saber cuántos docentes se requieren y lo que implica en el tiempo la edad de estos docentes.
2. Condiciones básicas para el ejercicio docente en zonas rurales. Asumir desde los gobiernos locales dos de condiciones básicas: Transporte que de facilidades para movilizarse de manera segura hacia las escuelas; y vivienda gratuita, con las condiciones de salubridad y comodidad que merece un profesional de la educación.
3. Abrir la posibilidad de estímulos territoriales. En las zonas rurales, este factor está en la cancha de los gobiernos regionales.
Reinventar el sistema educativo requiere una nueva forma de abordar la política docente en el país. Martha, al igual que muchos de sus colegas que sí quieren ejercer la docencia en zonas rurales, requiere de una política docente que mire su opción como proyecto de vida. Esto requiere compromisos intergubernamentales.
Este nuevo escenario nos debería permitir pasar a otra estrategia de atracción docente. Antes del escenario generado por el impacto del Covid-19, más del 80% de maestros señalaba que no existe posibilidad de dejar su trabajo para migrar a una escuela pública. Ahora el 70% de docentes de escuelas privadas si considera esta posibilidad. Si existe esta motivación, la ventana para el fortalecimiento de la escuela pública tiene en los docentes al principal aliado, pero requiere un Estado con una ruta para promover política docente en esa dirección.
Si estos datos lo mirásemos desde el territorio, podríamos dimensionar el desafío de la apuesta por la escuela pública con incentivos reales a docentes, sobre todo en zonas rurales. Hoy más que nunca tenemos resultados que puedan permitirnos tomar mejores decisiones.
La actual gestión ministerial tiene la capacidad de convocatoria, la sensibilidad y el conocimiento para hacer que la política docente suba al siguiente escalón en un contexto difícil, donde la mayoría de maestros está retada a aprender a moverse en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación.
Estos factores nos dan cuenta de los temas que los docentes adolecen. Se requiere trabajar en base a la información que ya existe y aportar los insumos que hagan posible nuevas decisiones. Los estudiantes deberían poder ver a sus maestros como un ejemplo de que es posible realizar proyectos de vida en territorios concretos.
El Covid-19 nos ha desnudado como Estado. Ahora toca revestirnos de nuevas formas de construcción y desarrollo de políticas educativas, desde una lógica descentralizada, articulada, eficiente, pertinente. Así podríamos tener una política docente que permita ofertar plazas con condiciones de calidad desde cada territorio. De ese modo, Martha tendría un mejor desempeño y no dudaría en quedarse el 2021 sin preocupaciones en su escuela rural, si tuviera transporte y vivienda gratis y su escuela tuviera condiciones de salubridad y conectividad. Así, su propio proyecto de vida le permitirá acompañar los proyectos de vida de los y las adolescentes que tiene la responsabilidad de educar.
Lima, 4 de mayo de 2020
[1] Fuente: MINEDU – Encuesta Nacional a Docentes de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (ENDO), 2018
