Jaime Saavedra Chanduví / El Comercio
A pesar de los progresos, nuestra educación está lejos de donde debe estar. Partimos de un inmenso déficit acumulado de subinversión en educación. En gran medida, porque la educación no ha sido, por décadas, una política de Estado. Esto a pesar de que la vital importancia de la educación para el desarrollo, e inclusive su calidad de política de Estado, ha estado por mucho tiempo en el discurso de muchos políticos. ¿Pero qué implica ver a la educación, concretamente, como política de Estado?
¿Tenemos algunos ejemplos de que ya pensamos en políticas de Estado? Sí. El gobierno aprista introdujo la lógica de la meritocracia en la carrera magisterial para que los ascensos y nombramientos dependan del talento y el desempeño. Durante este gobierno se aprobó y se implementó una carrera meritocrática, que se perfeccionó y amplió a todo el profesorado y se invirtieron, con estas reglas, más de 3.000 millones de soles en mejoras del ingreso docente. Otra: el 2009 se creó el Colegio Mayor de Lima. Pero uno es una anécdota. Con ajustes, este modelo se amplió y ahora hay 22 colegios públicos de alto rendimiento (14 ya con bachillerato internacional). Y otra: la inversión en infraestructura durante el gobierno aprista en educación básica fue de, aproximadamente, 8.000 millones de soles. En este gobierno se siguió una tendencia creciente y se han invertido más de 16.000 millones de soles, con mayor énfasis en zonas rurales.
Pero hay más e inmensos retos. Cada vez más chicos van a educación inicial pública gratuita. Hoy cuatro de cada cinco chicos de entre 3 y 5 años reciben alguna educación inicial. En zonas urbanas, el aumento de la cobertura ha sido de 76% a 84%. En zonas rurales, de 60% a 82%. Ahora tienen materiales pedagógicos de excelente calidad: en los últimos cinco años se han invertido 3.500 millones de soles en su infraestructura y se han contratado a 19.000 nuevos docentes. El reto todavía es grande porque la calidad del servicio es todavía heterogénea y la meta es llegar al 100%.
Por otro lado, en ciudades como Sullana, Cerro de Pasco o Sicuani, veo, entre las 12:30 p.m. y 1:00 p.m., grupos de jovencitos y jovencitas, caminando en mancha, saliendo de la escuela. ¿Tan temprano? Sí, la escuela pública acaba a esa hora, pues entra el siguiente turno. Esa fue la fórmula instantánea para que a mediados de los setenta se duplicase el servicio educativo sin mayor costo. Una expansión “baratita nomás”.
Eso ya empezó a cambiar. Existe una jornada escolar completa (JEC) y ahora los chicos salen a las 3 de la tarde. Cuando visito estos colegios, a los chicos les pregunto si están de acuerdo con el nuevo horario. ¿Qué adolescente quiere más horas en el colegio? Error. Todos los chicos me dicen que están contentos con más horas, con el esquema de aulas funcionales (los chicos se mueven del salón de ciencias, al de matemáticas, al de inglés); que es buena idea que haya psicólogo y personal administrativo que apoye al director. Encargamos, además, una encuesta a 3.200 estudiantes y 2.800 padres de familia y se confirmó lo que siempre me responden: 75% de los padres y 85% de los estudiantes prefieren el nuevo modelo.
Estas dos reformas, la educación inicial, y el cambio en el modelo de la escuela secundaria son políticas de Estado que forman parte de la reforma educativa y que deben ampliarse, universalizarse y profundizarse. Complementariamente, hay un proceso en marcha de renovación pedagógica que se consolida en un nuevo currículo que se viene elaborando desde el 2012 y cuya implementación recaerá en el próximo gobierno.
¿Qué hacer para que estas –como otras– sean políticas de Estado? Al momento de decidir qué hacer, un gobierno entrante no debe suponer que todo lo que ha hecho el anterior está mal simplemente por eso, porque no es creación propia. Una política de Estado mantiene un equipo base. Sigue su curso –en sus líneas centrales– de un gobierno a otro. Esto no quiere decir que las políticas no se deben evaluar, ajustar o perfeccionar. Deben estar en permanente evaluación porque nunca se diseñan de manera perfecta en el día uno. Más aún, políticas como estas, que tardan años en universalizarse (se empezó la implementación de las primeras mil escuelas de jornada escolar completa el 2015, 600 más el 2016 y se debe continuar con esta implementación hasta llegar a 8.000 escuelas secundarias), requieren un gran esfuerzo de gestión e implementación en que se aprende permanentemente.
Y hay otro elemento central: para que la educación sea una política de Estado se debe de mantener un fortísimo incremento del gasto en educación, muy rezagado respecto de nuestros países vecinos. En los últimos tres años, el incremento en la inversión anual en educación ha sido de 14% al año. Eso se tiene que mantener por varios años más, hasta llegar al 6% del PBI.
¿Pueden revertirse estas reformas? Sí. ¿Hay garantía de que el próximo gobierno ponga todo el esfuerzo financiero y de gestión requerido? No. La garantía está exclusivamente en el convencimiento como sociedad de que una reforma educativa es y debe ser política de Estado y que si no se mantiene un proceso de cambio acelerado en educación, simplemente no la hacemos como país.
Fuente: El Comercio / Lima, 05 de junio de 2016
