José Luis Gargurevich | EDUCACCIÓN
Las políticas públicas son gestionadas por organizaciones. Pero, sobre todo, son gobernadas por ellas. Se ponen en marcha en un espacio de múltiples actores, sostenidas por instituciones que toman decisiones. Decisiones que se adoptan escuchando y negociando con actores públicos y privados, para hacerse cargo de las demandas, los fines y los derechos que en cada materia se propone a los ciudadanos. Eso es lo que hace que no se reduzca al management. Es el quehacer de lo político, no sólo de lo gerencial.
Dicho esto, ese gobierno –si queremos hacerlo “buen” gobierno- exige ser amplio. Pero ahí va otra vez el desafío: en el Estado peruano, la agenda del buen gobierno suele inclinarse a buscar mecanismos de coordinación y articulación entre actores, a promover transparencia y a promover la participación de los ciudadanos en la cuestión pública. Sin embargo, es otro tipo de amplitud a la que me refiero, respecto de la cual no solemos exigir cambios: el gobierno entre las instituciones públicas responsables de una materia de Estado supone necesariamente pluralidades en la decisión, contrapesos entre los poderes de los actores que deciden finalmente.
Por ejemplo, en el Perú siempre me ha llamado la atención el diseño de esa mesa de decisión en el campo de la Salud. Un Ministerio es el rector, constituye la autoridad nacional. Pero aun estando todos adscritos y dentro de esa rectoría, no es este el que gestiona los recursos asociados al aseguramiento público, para ello existe un Organismo llamado el SIS, el Seguro Integral de Salud. Otro Organismo con independencia institucional supervigila al Ministerio y a los privados en el ejercicio de los servicios de salud, defendiendo al ciudadano – la Superintendencia Nacional de Salud. Y hasta el 2016 existía un organismo que gestionaba la administración de los Hospitales Nacionales y los establecimientos en Lima Metropolitana –el infelizmente fenecido Instituto de Gestión de Servicios de Salud-.
Es decir, en ese diseño, el mismo ente que dirige la política no es quien gestiona; ni el que dirige ni el que gestiona, se vigila a sí mismo. Incluso más, existe otro Organismo –el Instituto Nacional de Salud- que ejerce la competencia de la investigación en salud; y hasta una Escuela Nacional de Salud Pública, que ejerce la competencia de la formación en salud pública. Y para cerrar la reflexión, existe un Consejo Nacional de Salud, un espacio regulado por Ley, que no es meramente consultivo, tiene la función de proponer la política nacional de salud conjuntamente con otros Sectores (ESSALUD, Sanidades de las Fuerzas Armadas, etc.).
No quiero defender con esto el buen o mal desempeño de esta propuesta multiactor, quiero destacar la posibilidad y la potencialidad de un diseño de actores de este tipo en el caso del Sector Educación.
En educación, la mesa tiene apenas un par de sillas. Y antes de la creación de la SUNEDU en el 2015, era como la canción infantil de las sillas, sólo que con un único jugador. El gobierno de lo educativo en el país tiene una rectoría solitaria, es un único actor ejerciendo varios roles a la vez, sin mayores contrapesos estratégicos. El Ministerio de Educación formula y dirige la política (el Consejo Nacional de Educación participa en la formulación, pero es ante todo consultivo); el MINEDU gestiona servicios educativos (más de 650 Instituciones Educativas) en Lima Metropolitana (su Dirección Regional es un órgano desconcentrado del propio MINEDU hasta que no se transfiera a la Municipalidad Metropolitana); el MINEDU administra los Colegios de Alto Rendimiento en todo el país (no son descentralizados); el MINEDU evalúa su propio desempeño y la calidad educativa en el desarrollo de las evaluaciones censales a los estudiantes de todo el país, a través de su Unidad de Medición de la Calidad; el MINEDU otorga el licenciamiento a todos los institutos y escuelas de educación superior del país, es decir, constituye una SUNEDU para el ámbito de la educación superior pedagógica y tecnológica; el MINEDU capacita y contrata formadores, directivos de instituciones educativas y docentes a nivel nacional; el MINEDU ejecuta la evaluación de los docentes en todo el territorio. Y la rectoría de la política educativa está, así, superpuesta, con otros muchos, complejos e independizables roles del gobierno de la educación.
Una de las razones de este diseño de la unicidad tiene su conocido origen en la Ley Orgánica actualmente vigente del MINEDU, que es del siglo pasado, en el lejano 1992. Y es una Ley que plantea un diseño obsoleto, que centraliza su organización en dos Viceministerios (Básica e Institucional). Un diseño donde, además, la Educación Superior no logra contar con un nivel de autoridad viceministerial, que le urge al sistema actual. Ese es un ámbito donde –ya vemos- los intereses y los actores públicos y privados en todo el espectro de la Educación Superior, necesitan una plataforma de articulación y negociación multisectorial (con Trabajo, con Innovación, Ciencia y Tecnología, y otros).
La oportunidad no ha sido nunca más propicia que la actual para exigir una ampliación en esta mesa de gobierno. Una visión de la educación que queremos al 2036 nos exige otro diseño de actores, y solo lanzo algunos a continuación para provocar la discusión y el debate:
- El tan ansiado Viceministerio de Educación Superior, que permita un equilibrio con la usual sobre atención a la Educación Básica, y que posicione un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior en la agenda pública del país.
- La creación de un organismo independiente de Evaluación de la Calidad Educativa, que se encargue de realizar diversas evaluaciones de aprendizajes, y de docentes, que sea autónoma de las decisiones de política educativa del MINEDU, que genere evidencias y exigencias a dicha política
- La implementación del organismo que gestione y dirija la calidad de las Escuelas de Educación Superior Tecnológicas, que fortalezca la capacidad de los Gobiernos Regionales de administrar sus Institutos, que se vincule a la innovación y al Sector Trabajo.
- La especialización del licenciamiento de todas las instituciones de educación superior en un solo organismo –SUNEDU, a estos efectos- que impida que el mismo ente que gestiona los currículos, la asistencia técnica y la transferencia de recursos, sea el que licencie y autorice el funcionamiento de las mismas.
- La especialización de la formación docente y directiva en educación a nivel nacional, que promueva la transferencia de capacidades a los GORE, que permita una oferta territorial, pertinente y accesible a diferentes trayectorias profesionales de los docentes, y que no esté sometida a las limitadas fuerzas del MINEDU desde el nivel central.
- La creación de una súper vigilancia de la educación, una superintendencia que vele por la garantía de los derechos de los estudiantes a recibir una educación pública o privada de calidad, con facultad para sancionar a nivel nacional. ¿Fiscalizamos realmente la calidad educativa en el país? Este mecanismo no solo es necesario, es parte de una exigencia de justicia social.
Una mesa ampliada, una mesa de gobierno que permita que una política educativa esté re-mirada por distintos flancos, desde diversas perspectivas, y que no deje solo al Ministerio con la tremenda tarea de asumir todas esas personalidades en una sola organización.
Lima, 11 de noviembre de 2019
