Seis meses después
Seis meses después de promulgada la nueva Ley Universitaria, el balance de la implementación de esta norma no es suficientemente auspicioso. La resistencia al cambio –en especial de las universidades públicas– y la expiración de los plazos para echar a andar el nuevo sistema hacen presumir un periodo complejo que dificultará el cumplimiento de los propósitos de la norma si no se toman decisiones firmes y oportunas.
El procedimiento que rige el tránsito al nuevo modelo establecido por la ley no se ha cumplido a cabalidad. En algunas universidades, las autoridades no han cesado luego de la promulgación de la ley, y se ha retrasado la convocatoria de las asambleas estatutarias o la elección de nuevas autoridades. En algunos casos, como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), el rector ha desafiado violentamente a la ley acusando a sus opositores de aliados del terrorismo y se niega a acatarla, en tanto que en otras universidades se ha postergado la vigencia de la norma contra un mandato expreso de esta.
Concurrente con lo señalado, el Ministerio de Educación retarda la designación del directorio de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y del superintendente, actividades que la ley ordenaba se realicen en el plazo de 90 días desde su promulgación. El mismo reglamento de la ley cuya redacción se culminó en octubre pasado fue publicado en diciembre.
El panorama que se aprecia es el siguiente: un primer grupo conformado por universidades privadas han empezado a realizar los arreglos institucionales que la ley obliga; un segundo grupo, formado por universidades nacionales, ha procedido a acatar la ley y cumplir las disposiciones relativas a la transición, y tiene a la fecha sus nuevos estatutos en vigor o en debate; un tercer grupo, también de universidades públicas, acata la ley a medias, incumpliendo mandatos sobre ceses y elección de autoridades; y un cuarto grupo, cuyas autoridades se han puesto al margen de la ley, ejerce sus cargos ilegalmente y bloquea la implementación de la nueva ley contra la opinión de los estudiantes y docentes. Tiene razón el congresista Daniel Mora –uno de los más férreos impulsores de la ley– cuando advierte que esta ha perdido peso.
De persistir esta situación, es previsible que se agrave la dispersión de las universidades que la nueva norma pretende resolver. El sistema tendrá universidades que funcionan con la nueva ley y otro grupo ubicado fuera de sus alcances. En ese contexto, las actividades reguladoras y orientadoras serán más difíciles de llevar a cabo y se habrán salido con la suya las tendencias que se oponen a la mejora de la calidad en este nivel de enseñanza.
Se esperan correcciones inmediatas. La primera de las cuales sería que el Ministerio de Educación abandone el papel abstencionista que exhibe y se dote de una voluntad institucional, la cual se aprecia en el cumplimiento de sus otras tareas. Un paso positivo es la puesta en funciones de manera provisional del Sunedu desde los primeros días del presente año para atender las cuestiones administrativas, aunque también puede sentar las bases del sistema de regulación que la ley ordena denunciando a las autoridades que se niegan a acatar la ley o postergan sus efectos. Asimismo, debe ser designado el superintendente y convocarse al concurso público para los cinco miembros de su consejo directivo. Es hora de trabajar.
La República
18 de enero de 2015
