COMUNICADO DEL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
El dictamen denominado “Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas” aprobado por el Congreso de la República en primera votación (proyectos de Ley 697/2021-CR, 862/2021-CR y 908/2021-CR), constituye un ejemplo de decisiones ajenas a los reales intereses de los estudiantes, sus familias y el país. El dictamen en cuestión cambia la composición del Consejo Directivo de la SUNEDU, alegando una presunta amenaza a la autonomía universitaria y una injerencia excesiva inexistente del Ministerio de Educación en su selección, e incorpora al mismo a representantes de universidades elegidos por los rectores del país. Esta fórmula contraviene al Tribunal Constitucional, el cual señaló la necesidad de crear una agencia imparcial e independiente de las universidades que vele porque estas cumplan con condiciones básicas de calidad y posteriormente desestimó demandas de inconstitucionalidad referidas a la supuesta afectación de la autonomía universitaria, así como solicitudes de impugnar la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU y la designación del Superintendente por el MINEDU.
Las opiniones técnicas del Consejo Nacional de Educación – CNE y las de muchas otras instituciones del país contrarias a los cambios propuestos en la conformación del Consejo Directivo de la SUNEDU y en el modo de designar al Superintendente, así como las movilizaciones y pronunciamientos de sectores poblacionales que ven los perjuicios de tales decisiones, han sido desestimadas por una mayoría congresal. Esta votó en días pasados anteponiendo intereses particulares al interés común que debe primar en estas decisiones, dada la naturaleza de bien público de la educación.
Esta primacía del interés particular sobre el interés público es, en opinión del CNE, una de las causas de la profunda crisis política que atraviesa nuestro país. Urge evitar que, aprovechando la turbulencia y necesidades de corto plazo, se descontinúen políticas de cuyos beneficios se tiene ya evidencia: 95 universidades y programas de postgrado mejoraron las condiciones en que prestan servicios a sus estudiantes y fueron licenciadas, en tanto que se denegó el licenciamiento a otras 50 instituciones que no alcanzaron los estándares mínimos de operatividad.
El Proyecto también recorta el ámbito de la rectoría del Ministerio de Educación, lo que le impediría continuar con las acciones de fomento e instrumentos de política pública que ha venido desarrollando de la mano de las universidades, que han permitido la mejora de la calidad académica y gestión de las mismas, y también la continuidad de trayectorias educativas de muchos estudiantes durante la pandemia de la Covid-19. Este esfuerzo ha sido reconocido y destacado por organismos internacionales.
Es con estas consideraciones que el CNE invoca al Congreso a reflexionar sobre las implicancias de la aprobación en segunda votación de esta Ley y el retroceso que ello generaría. Invoca asimismo al MINEDU a liderar esfuerzos concertadores que aumenten la posibilidad de tener una educación universitaria de calidad, consistente con los objetivos de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva, que forme ciudadanos, profesionales y personas orientadas por una visión compartida y por los propósitos del Proyecto Educativo Nacional.
Lima, 7 de febrero de 2022
