El Experimento de la Prisión de Stanford, conducido en 1971 por el psicólogo Philip Zimbardo, arrojó luz sobre las complejas interacciones entre el poder, la autoridad y el comportamiento humano. En este estudio, un grupo de estudiantes universitarios fue dividido aleatoriamente en guardias y prisioneros, simulando una cárcel. Lo que siguió fue una rápida desintegración de la moral y el comportamiento ético, con los guardias abusando verbal y físicamente de los prisioneros, y estos últimos mostrando signos de angustia y desesperación.
Este experimento, aunque llevado a cabo en un contexto completamente diferente al escolar, ofrece lecciones valiosas sobre cómo las dinámicas de poder y autoridad pueden conducir a comportamientos violentos y abusivos. Al igual que los guardias en la prisión simulada, cuando los docentes y el personal administrativo ejercen violencia física, verbal o psicológica sobre los estudiantes, se crea un ambiente tóxico y perjudicial para el aprendizaje y el desarrollo.
Además de los efectos inmediatos en su bienestar emocional y físico, como el estrés, la ansiedad y el bajo rendimiento académico, esta forma de violencia también puede tener consecuencias a largo plazo en su autoestima, desarrollo socioemocional y trayectoria educativa. Los estudiantes que son víctimas de violencia escolar corren un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, trastornos de conducta y abandono escolar.
Analizando cifras y medidas recientes
El análisis de las cifras del SISEVE (Sistema de Registro de Casos de Violencia Escolar) revela una tendencia alarmante en la violencia escolar en el Perú, con la cual parece haber indiferencia social y en el ámbito legal.
Durante el año 2020, con las escuelas cerradas debido a la pandemia, se registraron solo 477 casos. Sin embargo, con la reapertura de las escuelas en 2021 y 2022, los casos reportados aumentaron significativamente, alcanzando los 458 en 2021 y los 4,503 en 2022. Estos números sugieren que la violencia escolar no solo persiste, sino que se intensifica. El año 2023 no hizo más que confirmar esta preocupación, con un aumento alarmante a 7,254 casos reportados, mayor que las cifras del 2019. Además, en el primer trimestre del 2024, se ha observado un preocupante incremento en las cifras, lo que indica un retroceso en los esfuerzos por garantizar entornos escolares seguros y saludables.
En lugar de implementar medidas a largo plazo y estratégicas, a menudo las respuestas son reactivas frente a casos específicos que ganan atención mediática, como el Proyecto de Ley N°06511/2023-PE, aprobado hace unos dias por la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso y que modifica el artículo 49 de la ley 29944 Ley de Carrera Pública Magisterial, y que posibilita la destitución de los docentes que induzcan bajo cualquier forma a los estudiantes a participar en actividades de proselitismo político1 o inciten a la violencia que altere el orden constitucional, durante el ejercicio de su función, a raíz de un video viralizado en redes sociales en noviembre del año pasado.
Sin embargo, en casos de violencia sexual por parte de los docentes2, la situación es más compleja, con impunidad exacerbada por falta de seguimiento efectivo a las denuncias, demoras en los procesos de investigación3, prescripción de hechos y la posibilidad de reducir sanciones a través de SERVIR. Además, la falta de acceso a datos precisos sobre docentes condenados refleja un vacío en la protección de los derechos estudiantiles y en la efectividad de los mecanismos de control y sanción. La situación se agrava en zonas rurales, donde la presión social y la falta de recursos educativos llevan a minimizar los casos, prefiriendo no perder al docente agresor debido a las dificultades para asignar uno nuevo. Igualmente el año pasado, en respuesta a una serie de graves denuncias sobre el manejo de casos de violencia sexual en algunas escuelas del interior del país, el Ejecutivo anunció medidas más estrictas, aunque aún está pendiente la aprobación del Proyecto de Ley N°06511/2023-PE por parte de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República para seguir su curso hasta su publicación.
Todo esto no hace más que evidenciar los desafíos y las barreras burocráticas que a menudo dificultan la implementación de soluciones integrales y efectivas en la lucha contra la violencia escolar.
Factores Subyacentes
La urgencia de abordar este problema de manera efectiva y sostenida es más evidente que nunca. ¿A qué se debe este repunte en los casos de violencia por parte del personal educativo hacia los estudiantes? ¿Estamos presenciando una vuelta a cifras similares a las del 2019, o estamos enfrentando un fenómeno nuevo y más preocupante?
La gestión del conocimiento podría proporcionar insights valiosos para entender las causas subyacentes y desarrollar soluciones efectivas. Sin embargo, la escasez de investigaciones nacionales en este campo limita la capacidad para abordar adecuadamente el problema.
Se sabe por ejemplo que la salud mental de los docentes se vió afectada durante la pandemia, como revelan los estudios de MINEDU. Entre el 36% y el 44% de los docentes y directivos reportaron síntomas de malestar psicológico y burnout. Asimismo, solo un tercio de docentes consideró “fácil” o “muy fácil” establecer ambientes de aprendizaje seguros y acogedores para los estudiantes. De igual modo, los resultados de Salud Mental en docentes de Educación Básica Regular en el marco del COVID-19 realizado en el año 2021 evidenció que la proporción de docentes que experimentó estrés se duplicó en un periodo de seis años, pasando de 32.3% durante el 2014 a 60.4% para el año 2020.
El incremento en las cifras, además, podría responder a un problema estructural arraigado en la cultura escolar, que normalice la violencia. En este sentido, el último informe de resultados del Monitoreo de Prácticas Escolares son reveladores. Se observó que, en la mayoría de las escuelas evaluadas, «no se tiene un reglamento interno con normas de convivencia y medidas actualizadas. Se aplica métodos violentos para corregir a estudiantes y/o se ignoran las situaciones que afectan la convivencia» (Minedu 2023: 25). El 77.1% de docentes monitoreados no cuenta con normas de convivencia actualizadas y carecen de medidas para conciliar y resolver los conflictos de manera reflexiva. Este hallazgo resalta el pésimo manejo que se hace de los conflictos en las aulas, generando un ambiente propicio para minimizar, encubrir o reforzar situaciones de violencia que afectan la integridad de los estudiantes.
Además, al sobrepasar las cifras pre-pandemia, surge la necesidad de cuestionar la efectividad de los programas y políticas existentes. Es crucial reconocer que el marcado aumento en los registros de casos de violencia escolar en el SISEVE no se debe únicamente a una mayor conciencia y cultura de denuncia por parte de las familias o la comunidad, como comunmente se argumenta. También sugiere que las estrategias actuales para prevenir y abordar la violencia del personal administrativo y docentes hacia los estudiantes no están funcionando como deberían. Esto es aún más preocupante si consideramos que existe un sub-registro de casos, lo que podría indicar una subestimación aún mayor de la magnitud del problema.
Abordaje de la problemática
Para abordar la problemática de la violencia escolar de manera efectiva, es necesario realizar una evaluación exhaustiva de los resultados y identificar los aspectos que requieren ajustes en las políticas existentes. Es crucial basar esta evaluación en datos concretos y evidencia sólida, además de investigar si las medidas implementadas son realmente integrales e intersectoriales o si se trata de acciones aisladas que carecen de coordinación, ya que ello puede estar generando vacíos.
Por citar solo algunos, así como el Sistema de Vigilancia Escolar (SISEVE) proporciona datos valiosos sobre incidentes de violencia escolar, es fundamental utilizar esta información para identificar los nudos críticos en el proceso de atención y hacerles seguimiento, optimizando así los recursos y garantizando que los casos pendientes reciban la atención necesaria de manera oportuna. En el caso de la estrategia “Te Escucho Docente”, es esencial evaluar los resultados y el impacto de las intervenciones, asi como considerar cómo la promoción del cuidado y autocuidado de la salud física y socioemocional entre los docentes contribuye a la creación de un ambiente escolar más saludable y seguro. Esto implica, dar un paso más allá del recuento del número de visitas a la web, los recursos disponibles y las atenciones realizadas por el servicio de acompañamiento individual.
En un entorno educativo desafiante, la tradicional mentalidad de control y sanción ya no es efectiva, lo que demanda un cambio hacia una enseñanza más formativa. Es crucial evaluar cómo el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio contribuye a esta transformación. Asimismo, en el Plan de Trabajo para la Gestión de la Convivencia Escolar y la Prevención de la Violencia, que se actualiza anualmente con la implementación de cursos virtuales, webinars, talleres y la elaboración de cartillas, es esencial no solo alcanzar metas, sino evaluar su impacto para ajustar estrategias según sea necesario.
Conclusión
En un contexto de creciente preocupación por la violencia escolar en el Perú, es evidente la necesidad urgente de acción. A medida que los casos de violencia aumentan y se revelan problemas estructurales arraigados en la cultura escolar, es imperativo que se implementen soluciones integrales y efectivas. Solo mediante un enfoque integral, respaldado por datos y evidencia, y una alta sensibilidad que priorice el derecho a la educación de los estudiantes y el propósito fundamental de las escuelas, será posible construir entornos escolares seguros, inclusivos y propicios para el aprendizaje y el desarrollo integral de todos los alumnos.
Lima, marzo de 2024
NOTAS
1 El proselitismo político y la instigación a la violencia socavan los principios de seguridad, respeto y equidad que deben prevalecer en el entorno educativo, al doblegar la voluntad y la autonomía de los estudiantes, utilizando su posición de autoridad para imponer sus propias agendas políticas o ideológicas.
2 La violencia sexual incluye hostigamiento sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos, violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos o violación sexual.
3 Varios de los casos registrados en la plataforma SISEVE, no son registradas en el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes – SIMEX, lo que impide que se investiguen debidamente
REFERENCIAS
ANDINA, Agencia Peruana de Noticias (2 abril 2024). Congreso: Constitución aprueba destitución de maestros que realicen proselitismos político.
https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-constitucion-aprueba-destitucion-maestros-realicen-proselitismos-politico-980360.aspx
BBC News Mundo (2 diciembre 2018). Cómo fue el famoso “experimento de la cárcel de Stanford” que tuvo que suspenderse por perversidad.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46352635
INFOBAE (22 agosto 2023). Ministra de Educación señala que desconoce cifras de profesores condenados por violación sexual.
https://www.infobae.com/peru/2023/08/23/ministra-de-educacion-senala-que-desconoce-cifras-de-profesores-condenados-por-violacion-sexual/
MINEDU (2023), Reporte de Resultados del Monitoreo de Prácticas Escolares 2022. Unidad de Seguimiento y Evaluación / Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica 2023: https://bit.ly/4cMLoO4
La República (06 abril 2023) Violencia sexual: 1.498 docentes abusadores y solo hay 84 sancionados.
https://larepublica.pe/sociedad/2023/04/02/violencia-sexual-1498-docentes-abusadores-y-solo-hay-84-sancionados-servir-ugel-defensoria-del-pueblo-169312
Resolución Ministerial N°213-2023-MINEDU. Actualización del Plan de Trabajo para la Implementación de los “Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, La Prevención y la Atención de la violencia escolar contra niñas, niñoas y adolescentes – Período 2022-2023” (19 abril 2023).
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/4149373-213-2023-minedu
Resolución Viceministerial N.° 241-2021-MINEDU. Disposiciones que regulan la Estrategia de Bienestar Docente “Te Escucho Docente – TED” (27 de Julio de 2021).
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/2044498-241-2021-minedu
Resolución Viceministerial N.° 089-2023-MINEDU. Norma Técnica Programa Nacional de Formación Docente en Servicio 2023. (4 abril 2023).
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/4391512-089-2023-minedu
