Durante las últimas décadas, la expansión masiva del acceso a la educación superior ha sido una prioridad en las políticas públicas a nivel global. Esta agenda es impulsada por tres grandes motivos: brindar formación integral, fortalecer el capital humano y promover el desarrollo socioeconómico.
Sin embargo, los efectos esperados del acceso requieren ir más allá de la matrícula de los estudiantes (Amaral, 2022). Para que el sistema funcione de manera efectiva como un motor de movilidad social y no se repliquen inequidades heredadas estructuralmente, las políticas educativas no solo deben garantizar el ingreso a las instituciones, sino también enfocarse en el aseguramiento de la progresión y la culminación oportuna de los programas académicos (UNESCO IESALC, 2024). Este enfoque se sustenta en la brecha existente entre el ingreso al sistema y la graduación oportuna, especialmente de grupos históricamente excluidos.
Una brecha subyacente
En América Latina y el Caribe, mientras la tasa bruta de matrícula ha crecido hasta alcanzar el 53 % en 2023, el nivel de graduación apenas llega a un 24 % (UNESCO IESALC, 2024). Esta disparidad muestra que las políticas de acceso corren el peligro de diluirse o desaparecer tras la admisión inicial, dejando a una gran proporción de estudiantes sin el respaldo necesario para transitar su etapa académica con éxito, lo que puede llevar a que interrumpan o abandonen los estudios.
Existen al menos tres ámbitos que resultan afectados si las políticas se limitan al acceso y descuidan la permanencia y culminación académica:
- En los estudiantes: Quienes logran ingresar al sistema no solo truncan la obtención del grado o título —lo que limita drásticamente su futura inserción laboral—, sino que pierden un tiempo irrecuperable.
- Recursos: La inversión financiera realizada por el Estado se pierde. Esto afecta tanto al financiamiento a la oferta (presupuesto destinado a universidades públicas) como al financiamiento a la demanda (subvenciones, becas y créditos educativos).
- En el País: Al no concretarse la inserción de profesionales calificados en el mercado laboral, no se logran cerrar las brechas de capital humano.
Barreras estructurales
En el caso peruano, el 13.35 % de los matriculados interrumpen sus estudios universitarios y la cifra ha venido creciendo en los últimos años (2021-2023). Los niveles de interrupción son mayores en universidades privadas societarias, llegando a casi el 18%. Además, los niveles de deserción en educación superior universitaria alcanzan el 16.2% en el 2024 y también vienen creciendo desde el 2021 (MINEDU, 2024):
Tasa de interrupción por gestión y tipo de constitución (%)
ESCALE – Unidad de Estadística Educativa – Ministerio de Educación. Corte al 22 de diciembre de 2024
Detrás de estas cifras subyacen barreras estructurales que afectan especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad económica. Estos grupos enfrentan múltiples obstáculos tanto para ingresar como para mantenerse en el sistema, tales como una formación preuniversitaria deficiente, precariedad laboral o responsabilidades familiares que podrían influir en su desempeño académico.
Es en consideración de estas condiciones que la evidencia internacional sugiere implementar estrategias para articular mecanismos que aseguren no solo el acceso, sino la continuidad de los estudios (Salmi & D’Addio, 2021). Atender a estas poblaciones específicas, mediante estrategias focalizadas, requiere comprender que la vulnerabilidad se compone de desventajas acumulativas y barreras no siempre visibles que no desaparecen al ganar una vacante en la universidad.
Focalizar para extender
Frente a este complejo escenario, el diseño técnico de los mecanismos de financiamiento —tanto a la oferta institucional como a la demanda estudiantil— es determinante para asegurar el acceso y la permanencia. Por ejemplo, si bien el 62 % de los países cuenta con programas de becas, gran parte de estos instrumentos presenta limitaciones de equidad desde su concepción (UNESCO IESALC, 2024). En general, los instrumentos deberían contemplar el mérito en conjunto con la necesidad socioeconómica (UNESCO, 2022).
En el mismo sentido, para garantizar una retención efectiva, el financiamiento y los servicios complementarios de las instituciones de educación superior (IES) deben extenderse más allá de la cobertura de la matrícula. Invertir únicamente en los gastos académicos ignora las distintas barreras que enfrentan los estudiantes en situación de pobreza. No obstante, los beneficios no académicos deben otorgarse de manera focalizada (Teferra et al., 2022), optimizando así la cobertura potencial de las estrategias de acceso. Por otro lado, las políticas de financiamiento dirigidas a las IES podrían condicionar su elegibilidad a los indicadores de interrupción y deserción académica que estas reporten.
Acompañamiento y corresponsabilidad de las instituciones educativas
Sumado a lo dicho, el acceso debe ir obligatoriamente acompañado de un ecosistema de apoyo brindado por las IES. En este punto cobra relevancia la supervisión a las universidades respecto a la implementación de estrategias de acompañamiento y bienestar, tales como programas de nivelación académica, sistemas de alerta temprana, tutorías o servicios psicológicos (UNESCO IESALC, 2024; Salmi & D’Addio, 2021), generando una cultura institucional que asuma la permanencia de los estudiantes como una responsabilidad compartida y no únicamente como indicador estadístico.
De este modo, el derecho a la educación superior debe concebirse como un proceso integral y continuo que abarca desde la admisión hasta la culminación oportuna. Flexibilizar los requisitos de ingreso y ampliar las vacantes sin estructurar una red sólida de soporte que asegure la permanencia es una medida incompleta que corre el riesgo de reproducir la exclusión en etapas posteriores. El desafío consiste entonces en articular un financiamiento equitativo y sostenible a largo plazo, un acompañamiento institucional oportuno y políticas de bienestar que permitan que la promesa del acceso llegue a buen puerto.
Bibliografía
- Amaral, A. (2022). Equity in higher education: Evidences, policies and practices. Setting the scene. En O. Tavares, C. Sá, C. Sin, & A. Amaral (Eds.), Equity policies in global higher education: Reducing inequality and increasing participation and attainment (pp. 23–46). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69691-7_2
- MINEDU (2024). Reporte de seguimiento de la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva 2024
- Salmi, J., & D’Addio, A. (2021). Policies for achieving inclusion in higher education. Policy Reviews in Higher Education, 5(1), 47-72. https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1835529
- Teferra, D., Chacón, E., Escribens, M., Johnstone, B., Malee Bassett, R., Pedró, F., Roser, J., & Varghese, N. V. (2022). Financing higher education (WHEC2022 background document). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389891
- (2022). Beyond limits: New ways to reinvent higher education. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389912
- UNESCO IESALC. (2024). Informe mundial sobre tendencias de la educación superior: hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad en un panorama de movilidad internacional.
Lima, junio de 2026
