La reconciliación no se decreta ni puede construirse sobre el olvido. Solo es posible cuando el país reconoce críticamente su historia, garantiza verdad, justicia y reparación para las víctimas, fortalece el Estado de derecho y asume el compromiso de que la violencia, la exclusión y las graves violaciones de los derechos humanos no vuelvan a repetirse. En un país marcado por profundas fracturas sociales, territoriales y políticas, reconstruir la confianza exige un proyecto nacional que reconozca la dignidad de todas las personas, pueblos y territorios, reafirme el valor de la dignidad humana y la democracia como horizonte compartido. En esa tarea, la educación constituye una política de Estado irrenunciable.
Si bien el mensaje presidencial incluyó compromisos para enfrentar la anemia y la desnutrición en la primera infancia, así como para reducir el embarazo adolescente, estos anuncios deberán traducirse en políticas sostenidas y articuladas, con financiamiento financiamiento suficiente, metas verificables, plazos definidos y mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer sus avances y exigir el cumplimiento efectivo de estos compromisos.
No obstante, preocupa la ausencia de una reflexión sobre las causas estructurales que han convertido al sistema educativo peruano en uno de los más desiguales de la región. Esta situación no es producto del azar, sino de decisiones de política que, durante décadas, debilitaron deliberadamente la educación pública e incentivaron la expansión desregulada de una oferta privada con fines de lucro y, en muchos casos, de baja calidad, profundizando las brechas sociales y territoriales.
La crisis educativa no se resolverá con programas aislados ni con metas administrativas de corto plazo, sino mediante una verdadera política de Estado que recupere y fortalezca la educación pública como pilar del desarrollo nacional, la igualdad de oportunidades y la democracia.
Ello exige garantizar una educación de calidad a lo largo de la vida, como lo expresa el Proyecto Educativo Nacional; revalorar la profesión docente; asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes; fortalecer una gestión educativa descentralizada; y formar ciudadanos comprometidos con la democracia, los derechos humanos, la equidad y el desarrollo sostenible del país.
La magnitud de los desafíos que enfrenta el país exige decisiones de Estado que trasciendan los ciclos gubernamentales y los intereses de corto plazo. Foro Educativo reafirma que la educación es un derecho fundamental y un pilar indispensable para construir memoria histórica, justicia, democracia y desarrollo sostenible. Sin memoria ni justicia no habrá reconciliación, y sin una educación pública fortalecida, equitativa y de calidad, asumida como una prioridad nacional y sostenida por una visión de largo plazo, el Perú seguirá postergando la construcción de un futuro común con igualdad, inclusión y oportunidades para todas y todos.
Lima, 30 de julio del 2026
