Patricia Salas O’Brien / Para EDUCACCIÓN
El pasado viernes 7 de octubre, se realizó en Arequipa una reunión entre universidades y empresarios, convocada por el Congresista Horacio Zevallos, Vicepresidente de la Comisión de Ciencia, innovación y Tecnología del Congreso.
Uno de los problemas, sobre el que se hizo énfasis fue que muchos investigadores, en particular, los asociados a la empresa, son tremendamente “celosos” de sus hallazgos y se señalaba que era imprescindible establecer redes de cooperación e intercambio si se quería avanzar en la materia.
No cabe duda que producir conocimiento requiere de mucha colaboración, pero no seamos ingenuos. Cuando el conocimiento está ligado a la producción y al registro de patentes, lo que está en juego es el posterior aprovechamiento económico de los resultados de la investigación.
La tensión entre el ejercicio de la propiedad intelectual y el planteamiento de que el conocimiento es un bien público, es permanente y por todos conocida.
Detrás de la protección de la propiedad intelectual de los productos de la investigación hay argumentos, como la recuperación de la inversión realizada y la necesidad de disponer de recursos para nuevas investigaciones.
Las patentes sobre los fármacos y su impacto en los costos de la salud, son apenas un ejemplo de todo lo que esta problemática lleva implícita en la vida cotidiana de las personas en todo el mundo.
Se plantea entonces la necesidad de que el Estado y la Academia –a través de universidades o Institutos- puedan asumir el rol de producir conocimiento para ponerlo al servicio de la sociedad. Entonces, nos enfrentamos al “celo” de los investigadores por quién o quiénes se llevarán los créditos de los descubrimientos realizados.
O sea, ¿atrapados sin salida? He aquí una tarea para Congreso de la República: producir la legislación que pueda regular las relaciones entre la legítima aspiración al reconocimiento de los investigadores, el estímulo a la participación de la empresa privada en la investigación científica y tecnológica, el rol del Estado y el derecho de la ciudadanía a acceder de manera oportuna y equitativa a los beneficios del nuevo conocimiento producido.
Ello implica, por supuesto, investigar con el fin de comprender la dinámica existente en el país sobre el tema, de conocer las experiencias de otros países y así transparentar y sopesar los intereses en juego sin perder de vista a la ciudadanía.
Los derechos de propiedad intelectual y patentes, deben claramente normados, buscando el estímulo a la realización de más y mejores investigaciones y, a la vez, poniendo los límites que impidan conductas especulativas e injustas en torno al conocimiento.
Pensando siempre en la necesidad planteada, de construir y fortalecer redes de cooperación en torno a la investigación y de una visión del conocimiento como bien público, podemos identificar, por lo menos tres líneas de producción legislativa, adicionales a la propuesta.
- El diseño de una arquitectura institucional, en donde se reconozca y ayude a establecer los roles y las relaciones entre las diversas instancias y actores involucrados en la investigación, así como generar las interfaces necesarias que ahorren costos y favorezcan la acumulación de conocimiento.
- La otra, fortalecer las capacidades del Estado y el país, para captar y destinar fondos para la investigación científica y tecnológica, teniendo en cuenta que necesitamos mucho más dinero, tiempo y parámetros claros para priorizar investigaciones. Generar conocimiento requiere tiempo, hay que financiar investigaciones por períodos largos.
- Finalmente, generar y fortalecer las capacidades de gestión de la investigación. Ello implica mejorar las capacidades de investigación de universidades e institutos de investigación, facilitando por lo menos, mejores condiciones de trabajo y capacitación de los investigadores y mejores condiciones de gestión, que permitan realizar la compra de equipos e insumos de manera oportuna. Es decir, una normatividad específica para compras del Estado destinadas a actividades de investigación y para el pago y contratación de investigadores.
La normatividad vigente y la nueva que se genere, requiere que el Congreso en su función de fiscalización haga seguimiento de su cumplimiento. No es suficiente promulgar una Ley, hay que pedir planes de gestión, rendición de cuentas de procesos y resultados y, por supuesto asegurar su financiamiento.
Arequipa, 10 de octubre de 2016
