La competitividad, la inteligencia artificial y la modernización del Estado ocupan un lugar central en la agenda del nuevo gobierno. Sin embargo, el discurso continúa entendiendo la educación principalmente como una política para cerrar brechas sociales, dejando pendiente una estrategia para desarrollar el talento y el capital humano que el Perú necesita.
Los mensajes presidenciales no solo anuncian medidas de gobierno; también revelan una manera de comprender el desarrollo. En ellos se expresan las prioridades políticas, pero también las ideas que orientarán la acción del Estado durante los siguientes años. Desde esa perspectiva, el mensaje de toma de mando de la presidenta Keiko Fujimori representa un punto de partida interesante para reflexionar sobre la política educativa que podría construirse en este nuevo periodo. Más allá de sus anuncios específicos, el discurso deja entrever una concepción de la educación que continúa privilegiando su función compensatoria —cerrar brechas y reducir desigualdades—, mientras mantiene prácticamente ausente otra dimensión igualmente estratégica: el desarrollo deliberado del talento y del capital humano.
El discurso presenta aspectos que conviene reconocer. A diferencia de otros mensajes presidenciales recientes, existe un esfuerzo por estructurar la acción gubernamental alrededor de objetivos nacionales, metas verificables y mecanismos de rendición de cuentas. La seguridad ciudadana, la prevención frente al fenómeno El Niño, la recuperación de la capacidad del Estado, la infraestructura y la protección social aparecen organizadas dentro de una narrativa relativamente coherente. También resulta positivo que la educación vuelva a ocupar un espacio importante mediante compromisos relacionados con la primera infancia, la reducción de la anemia, la mejora de los aprendizajes y la ampliación de Beca 18.
Sin embargo, precisamente porque el mensaje intenta proyectar una visión de país, sorprende aquello que no aparece. La educación es presentada casi exclusivamente como un instrumento para corregir déficits sociales. Se propone mejorar los aprendizajes mínimos, fortalecer la formación docente, reducir la pobreza infantil y ampliar el acceso a la educación superior. Todos estos objetivos son indispensables y responden a deudas históricas del Estado peruano. El problema no radica en lo que el discurso propone, sino en aquello que deja fuera. No existe una reflexión sobre cómo el sistema educativo contribuirá a formar científicos, investigadores, emprendedores, innovadores, artistas o líderes capaces de sostener la competitividad que el propio gobierno plantea como horizonte nacional.
Durante décadas, América Latina ha construido sus políticas educativas bajo una lógica predominantemente compensatoria. El objetivo ha sido garantizar el acceso, la permanencia y los aprendizajes mínimos para todos los estudiantes. Ese esfuerzo era imprescindible y produjo avances importantes. Sin embargo, el contexto internacional ha cambiado. Las economías que hoy lideran la innovación ya no conciben la educación únicamente como un mecanismo para reducir desigualdades; la entienden también como la principal política de desarrollo económico y de construcción de capital humano. Inclusión y excelencia dejaron de ser agendas separadas para convertirse en componentes de una misma estrategia.
El Perú todavía parece debatirse entre esas dos miradas. El mensaje presidencial reafirma con claridad la primera, pero prácticamente omite la segunda. No existe una sola referencia al desarrollo del talento, a las altas capacidades, a la doble excepcionalidad, al enriquecimiento curricular, a la aceleración del aprendizaje o a la investigación escolar. Tampoco aparecen políticas orientadas a fortalecer trayectorias diferenciadas para estudiantes con desempeños excepcionales ni estrategias para articular tempranamente la escuela con la universidad, la ciencia y la innovación. La igualdad educativa continúa asociándose principalmente con garantizar un piso común, sin discutir cómo construir también un techo suficientemente alto para quienes pueden contribuir de manera extraordinaria al desarrollo del país.
Esta ausencia resulta especialmente llamativa porque el propio discurso plantea como objetivos estratégicos la competitividad, la productividad, la transformación digital y el uso de inteligencia artificial para fortalecer la gestión pública. Ninguna de estas metas depende únicamente de infraestructura o inversión económica. Todas requieren personas capaces de producir conocimiento, generar innovación y liderar procesos de cambio. El principal recurso estratégico de una economía basada en el conocimiento no son sus carreteras, sus puertos o sus edificios; es la capacidad de su población para aprender, crear y resolver problemas complejos.
Paradójicamente, la inteligencia artificial aparece en el mensaje como una herramienta para optimizar la seguridad ciudadana y modernizar el Estado, pero no como una oportunidad para transformar la educación. Hoy estas tecnologías permiten personalizar procesos de aprendizaje, identificar tempranamente perfiles de altas capacidades, adaptar contenidos al ritmo de cada estudiante, fortalecer la evaluación formativa y ampliar significativamente las posibilidades de enriquecimiento curricular. Limitar la conversación sobre inteligencia artificial al funcionamiento de la administración pública significa desaprovechar una de las mayores oportunidades de innovación educativa de nuestra generación.
La política dirigida a la juventud evidencia una tensión similar. La propuesta «Jóvenes con Futuro» plantea fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y ampliar Beca 18. Son objetivos consistentes con una agenda de movilidad social. Sin embargo, la consistencia de una política pública no depende únicamente de los programas que anuncia, sino también de las decisiones que acompañan su implementación. Resulta llamativo que el discurso no haga referencia a la situación que vienen afrontando numerosos beneficiarios de Beca 18 y de la Beca Presidente de la República, quienes han reportado dificultades relacionadas con la continuidad de servicios esenciales para sostener sus estudios. Antes de ampliar la cobertura de un programa resulta igualmente importante garantizar condiciones adecuadas para quienes ya forman parte de él.
A ello se suman señales posteriores al propio mensaje que merecen una reflexión. Por un lado, se ha presentado un proyecto de ley que diversos sectores han comparado con la antigua «Ley Pulpín», al considerar que incorpora mecanismos de flexibilización laboral dirigidos a la población joven. Por otro, ha trascendido la posibilidad de retirar las becas a estudiantes que desaprueben un curso o un semestre. Más allá de que estas propuestas lleguen o no a convertirse en política pública, ambas permiten discutir la concepción de juventud y de talento que parece emerger en el debate. En ambos casos subyace la idea de que el estudiante debe demostrar permanentemente que merece la inversión pública, y que un tropiezo constituye razón suficiente para reducir derechos o retirar apoyos.
Esta lógica responde a una meritocracia esencialmente punitiva. Asume que las trayectorias académicas son lineales y que el fracaso constituye evidencia de falta de mérito. Sin embargo, la evidencia sobre permanencia universitaria muestra una realidad distinta. La adaptación a la educación superior, las dificultades económicas, la salud mental, las exigencias propias de carreras altamente complejas o las condiciones familiares forman parte de los desafíos habituales de miles de estudiantes. Las mejores políticas de becas del mundo no responden retirando el apoyo al primer fracaso; fortalecen sistemas de tutoría, acompañamiento académico y apoyo psicosocial para evitar que una dificultad temporal termine convirtiéndose en abandono definitivo.
Existe una diferencia profunda entre administrar becas y desarrollar talento. La primera lógica administra recursos y controla beneficiarios. La segunda acompaña personas y comprende que el aprendizaje es un proceso, no una línea recta. Invertir en talento significa exigir excelencia, pero también crear condiciones para que esa excelencia pueda construirse. Significa reconocer que incluso quienes poseen un enorme potencial pueden fracasar temporalmente sin que ello disminuya sus posibilidades de contribuir al país en el futuro.
El Perú cuenta hoy con bases normativas que reconocen el derecho de los estudiantes con altas capacidades a recibir una atención pertinente. Sin embargo, la distancia entre el reconocimiento legal y la implementación efectiva sigue siendo considerable. Esa brecha no responde únicamente a limitaciones técnicas o presupuestales; refleja, sobre todo, una comprensión todavía insuficiente del papel que desempeña el talento dentro de una estrategia nacional de desarrollo. Mientras la política educativa continúe centrándose exclusivamente en cerrar brechas, el país seguirá desaprovechando una parte importante de su capital humano.
El verdadero desafío no consiste en escoger entre inclusión o excelencia, entre equidad o desarrollo del talento. Ese es un falso dilema. Una política educativa moderna debe garantizar que ningún estudiante quede rezagado, pero también que ninguno vea limitado su potencial por ausencia de oportunidades. Reducir brechas seguirá siendo una obligación ética del Estado. Desarrollar el talento constituye, además, una decisión estratégica para el futuro del país.
Si el objetivo del nuevo gobierno es construir un Perú más competitivo, innovador y preparado para los desafíos del siglo XXI, la conversación educativa deberá ampliarse. Ya no bastará con discutir cómo mejorar los aprendizajes mínimos. También será necesario preguntarnos cómo identificar, acompañar y potenciar a quienes pueden convertirse en los científicos, docentes, emprendedores, investigadores, artistas y líderes que harán posible ese desarrollo. Porque el verdadero capital estratégico del Perú no está únicamente en sus recursos naturales ni en sus grandes proyectos de infraestructura. Está, sobre todo, en el talento de su gente. Y la diferencia entre administrarlo y desarrollarlo puede definir el rumbo del país durante las próximas décadas.
Lima, julio de 2026
