Lo que se vive en Condorcanqui e Imaza, territorio del pueblo awajún y wampis, se ha convertido en el claro ejemplo del valor que le da el Estado y la sociedad peruana a la vida y la salud de las y los ciudadanas de esta parte de la Amazonía peruana. Es cierto que existe múltiples barreras que impiden el acceso, pero es más cierto que la discriminación y la indolencia en los diferentes niveles de gobierno no permite actuar en equidad y justicia de manera oportuna.
Conocí Condorcanqui en el 2012, a través de una agencia de las Naciones Unidas. Desde esa fecha se alertó a las autoridades educativas locales, regionales y nacionales de lo que estaba pasando. En el 2020, cuando estuve en el Ministerio de Educación, los casos seguían, y apareció la oportunidad de incorporar a la población indígena en el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Reducción de la Violencia contra la Mujer, desde las competencias del MINEDU. Aún recuerdo que esto no fue fácil, luego de varios sustentos ante el Ministerio de la Mujer, se logra asignar un presupuesto mínimo, para iniciar acciones, tal cual pedía el Ministerio de Cultura cuando se trata de intervenciones en territorio indígena.
En el 2024, la vida me volvió a colocar en Condorcanqui y ahí conocí a Rosemary Ivette Pioc Tenazoa, lideresa awajún. Ella acababa de hacer la denuncia pública en una emisora importante del país sobre los más de 500 casos de violencia sexual que se habían acumulado desde el 2010. Era la primera vez que una mujer indígena awajún se atrevía hacer una denuncia de ese tipo. A través de ella conocí a otras mujeres líderes que, de una u otra manera, formaban parte de esas historias desgarradoras y que ninguna había recibido justicia o reparación.
Estamos 2026 y en días previos, junto a mi compañera Lucía Núñez, en representación del Consejo de Mujeres Awajun Wampis, asistimos a la presentación del comité de expertas de la OEA en el marco del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará (MESECVI), pues sin presupuesto las lideresas no pudieron llegar a Lima.
Luego de casi 15 años, la misión gestada por gente comprometida con la justicia y la equidad para las mujeres del país me despierta esperanza, pues su tarea será identificar avances y desafíos institucionales, recopilar evidencia empírica que contribuirá en las recomendaciones generales y específicas sobre violencia contra mujeres adolescentes y niñas indígenas al Estado peruano.
Los aportes recibidos permitirán entre otros aspectos, las consideraciones culturales y geográficas que se debe tener en cuenta. Para ello irán a Condorcanqui. Las mujeres del Comuawuy Awajun Wampis compartirán sus historias con la finalidad de identificar donde están las barreras que enfrentas las niñas y adolescentes para acceder a la justicia.
Podría parecer esto una visita más, sin embargo, hace falta profundizar la prevención y las respuestas integrales, coordinadas y culturalmente pertinente, pues no se trata de recomendar más de los mismo sino entender y asumir la complejidad de la situación y por el perfil de las expertas estoy segura que así será.
La senadora Ruth Luque ha dado la noticia de que cinco bancadas del Senado del Congreso han propuesto la creación de un comité especial de seguimiento al Estado en torno a la situación de las mujeres, la niñez y la adolescencia indígena de Amazonas. Solo quiero recordar que Condorcanqui e Imaza es la «punta del iceberg» de toda la Amazonía peruana, no solo es violencia sexual, es trata, es prostitución etc. que las actuales economías ilegales han traído al territorio amazónico minando sus apuestas por un buen vivir.
Si bien no hay nada que celebrar, no pierdo las esperanzas ni tampoco las fuerzas por seguir alentando, acompañando y actuando junto a mujeres que al igual que nosotras aspiramos un mejor mundo donde vivir.
Lima, setiembre de 2026
