“No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y humana; todos los grados de calor y color, de amor y odio, de urdimbres y sutilezas, de símbolos utilizados e inspiradores”
José María Arguedas, “No soy un aculturado” (1968)
Aún no tenemos resultados oficiales, aunque ya se perfilan, y la polarización, la descalificación del voto ajeno y el clima de hostilidad del país no hacen sino crecer. Esta situación, lo sabemos, revela algo más profundo que una simple disputa entre candidaturas y preferencias electorales. Si un principio de la democracia es la condición de iguales, lo que esta elección pone en evidencia no es solo la constatación de un país dividido, sino algo más grave: una ciudadanía que, pese a doscientos años de vida republicana, aún no logra reconocerse a sí misma como una comunidad de iguales.
Las escenas de estos días son elocuentes. Están, de un lado, los comentarios denigrantes contra el llamado voto rural. Está también el episodio del local de votación en el que fue insultado, con un claro tono racista y clasista, el candidato identificado con el llamado voto del sur. Y está, además, la frase de una periodista que intentó explicar el comportamiento electoral de los sectores populares afirmando que “la gente pobre no tiene nada que perder”. Incluso en su rectificación persistía el problema: no había un esfuerzo por comprender una racionalidad política distinta, sino una forma de reducirla a carencia, desesperanza o déficit. Y allí radica la gravedad de lo que estamos viendo: no se descalifica solo una opción electoral, sino el origen social, cultural o territorial de quienes la respaldan. Se desprecia, en el fondo, una manera de ser, de vivir y de pertenecer al país.
Eso es, quizá, lo más preocupante de esta coyuntura: que, en lugar de leer los votos, buscamos medirlos con una vara moral que separa los votos que creemos aceptables de los que no lo serían. Y esa separación no suele descansar en razones programáticas o ideológicas, sino en prejuicios de clase y de raza. Se asume que ciertas motivaciones serían más racionales o legítimas que otras; en lugar de reconocer que lo que está en juego es una lectura del país que sigue siendo desigual, un país mestizo y plural que seguimos sin terminar de reconocer; un país de muchas memorias, muchas heridas y muchas voces. Porque detrás de cada voto hay una experiencia del país, una memoria, un cálculo, una herida, una expectativa, entonces no hay votos vacíos; ni siquiera los nulos o viciados lo son. Todos dicen algo. Todos merecen ser escuchados. Y todos deberían ser leídos con seriedad, no con desprecio.
Pero tampoco conviene engañarnos: en este país dividido no todas las voces pesan igual ni todas las formas de descalificación operan del mismo modo. Hay una asimetría histórica que no puede perderse de vista. El insulto racista, el “choleo”, el clasismo, la incapacidad de validar a quien piensa distinto no son simples excesos verbales: son expresiones de una estructura social que sigue ordenando jerarquías entre ciudadanos que, en democracia, deberían reconocerse como iguales. Como sostenía Gonzalo Portocarrero, el racismo peruano no es una anomalía marginal, sino una trama persistente que convive con el mestizaje fragmenta los vínculos sociales y reproduce jerarquías en la vida cotidiana. Por eso, cuando en la contienda electoral reaparecen el desprecio al “serrano”, la sospecha sobre el voto andino o la burla del origen popular, no estamos ante exabruptos aislados: estamos viendo la actualización de una gramática social largamente arraigada.
Cuando los derechos se viven como ajenos, también la democracia puede sentirse ajena. Allí donde el acceso a la salud, a la educación, al trabajo digno o a la justicia no está garantizado, la democracia no aparece necesariamente como una experiencia concreta de protección, sino como una promesa incumplida. Y cuando eso ocurre, el voto deja de ser leído solo en clave de convicción programática: expresa también desconfianza, defensa, memoria, rechazo o hartazgo. Alberto Vergara ha descrito con agudeza esta fractura al hablar de “ciudadanos sin república”: una sociedad en la que existen ciudadanos formalmente iguales, pero donde la precariedad institucional y la débil representación impiden que muchos se sientan efectivamente parte de un proyecto político compartido. No sorprende entonces que el vínculo con la democracia se vuelva frágil cuando el Estado no logra encarnarse en protección, reconocimiento y futuro.
Por eso resulta tan equivocado despreciar el llamado “voto del sur” o asumir que los sectores populares votan “mal” porque no entienden. Esa mirada no solo es intelectualmente pobre; también revela racismo, clasismo y una profunda incomprensión del país. El problema no es que haya votos inexplicables. El problema es que hay sectores que siguen creyendo que solo ciertos votos merecen legitimidad y que solo ciertas racionalidades políticas son aceptables. Lo que se juzga no es solo una decisión política, sino la capacidad misma de algunos ciudadanos para decidir.
Un elemento adicional que esta coyuntura deja ver es la facilidad con que dejamos pasar expresiones de violencia que deberían alarmarnos. La agresividad verbal, la humillación, el insulto, la amenaza y el desprecio circulan con una normalidad inquietante. No es que antes no existieran. Es que hoy parecen generar menos contención, menos límite, menos escándalo. Y eso también es un signo de deterioro democrático. Cuando la violencia pierde capacidad de indignar y se vuelve parte del paisaje, la política deja de ser un espacio de deliberación para convertirse en un terreno de hostilidad permanente.
Y aquí aparece una pregunta que ya no es solo electoral, sino también educativa. Hannah Arendt recordaba que la política democrática solo existe allí donde los distintos comparten un mundo común y se reconocen como iguales sin dejar de ser diferentes. La pluralidad no es una amenaza que deba suprimirse, sino la condición misma de la vida política. Si eso es así, entonces el problema que tenemos no se resuelve solo con mejores normas ni con exhortaciones abstractas a la tolerancia. Se trata de preguntarnos qué hemos hecho —o dejado de hacer— para formar ciudadanos capaces de reconocerse en el otro, de sostener desacuerdos sin degradarse, de deliberar, de construir un nosotros y de pensar en el bien común.
No se trata, por tanto, de repetir que faltan más cursos de historia o de cívica, aunque esos contenidos importen. Se trata de desarrollar un conjunto de capacidades mucho más profundas: reconocimiento recíproco, empatía cívica, deliberación, juicio crítico, disposición al acuerdo y, muy especialmente, comprensión de la desigualdad y sentido de comunidad. La coyuntura ha mostrado, además, que ni la información ni la alta escolaridad garantizan por sí mismas esas capacidades. Si no formamos para eso, seguiremos atrapados en un país que no discute: acusa; que no interpreta: desprecia; que no delibera: agrede. Y entonces la democracia seguirá siendo, para demasiados, una palabra ajena en un país que aún no aprende a mirarse como un nosotros.
Referencias bibliográficas
Arguedas, José María. “No soy un aculturado”, discurso de 1968.
Arendt, Hannah. The Human Condition. 2nd ed. University of Chicago Press, 1998 [1958].
Portocarrero, Gonzalo. Racismo y mestizaje y otros ensayos. Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007.
Vergara, Alberto. Ciudadanos sin República: De la precariedad institucional al descalabro político. 2.ª ed. Planeta, 2018.
